Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

Jurisprudencia

  • CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SENTENCIA TARIFAS

    Amigos, luego de una extensa inactividad... (a medias pues twitter también me absorbe) pongo a disposición de uds. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas al aumento de tarifas...

     

    Vistos los autos: "Centro de Estudios para la Promoción de
    la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energia y
    Mineria s/ amparo colectivo".
    Considerando:
    1~) Que el Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo
    colectivo (articulo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986)
    contra el Ministerio de Energia y Mineria de la Nación (MINEM)
    ~on el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a
    la participación de los usuarios, previsto en el articulo 42 de
    la Constitución Nacional, y de que, en forma cautelar, se suspendiese
    la aplicación del nuevo "cuadro tarifario" previsto por
    la resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación
    a la ciudadania (fs. 29/44).
    Con arreglo a esta pretensión la clase afectada estaria
    conformada por "todo aquel usuario del servicio de gas,
    quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados
    con carácter previo al aumento tarifario".
    Con posterioridad, el señor Carlos Mario Aloisi adhirió
    a la demanda y solicitó su incorporación corno legitimado
    activo (fs. 55/56).
    2o) Que el magistrado de primera instancia tuvo al
    CEPIS y al señor Aloisi por parte y definió el colectivo afecta-
    -1-
    do en los términos planteados en la demanda. Asimismo, dispuso
    dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro
    de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso
    en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Supre-.
    ma de Justicia de la Nación (fs. 58/62).
    30) Que Consumidores Argentinos Asociación para la
    Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores
    Argentinos) se presentó como litisconsorte de la parte actora,
    cuestionando no solo la resolución MINEM 28/2016, sino también
    la resolución MINEM 31/2016 (fs. 113/126 vta.), entidad que
    fue tenida por parte (fs. 127/128). Asimismo, acudieron varias
    cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores
    e intendentes, cuyas comparecencias se tuvieron presentes.
    Por su parte, el Estado Nacional presentó el informe
    previsto en el artículo 8° de la ley 16.986 (fs. 149/184 vta.).
    40) Que el juez de primera instancia rechazó la acción
    interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las resoluciones
    MINEM 28/2016 y 31/2016 y ordenó al Estado Nacional
    que, frente al nueVo esquema tarifario de los servicios públicos
    de transporte y distribución de gas natural, convocase -con amplia
    difusión en los medios nacionales y en .el boletín oficiala
    una audiencia pública para todos los usuarios, consumidores y
    asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación
    (fs. 291/322 vta.)
    5°) Que contra la sentencia de primera instancia interpusieron
    recursos de apelación CEPIS, el Estado Nacional y
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    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    Consumidores Argentinos (fs. 328/332; 334/345 vta. y 346/350,
    respectivamente) .
    60) Que la Sala 11 de la Cámara Federal de Apelaciones
    de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente
    todas las acciones colectivas que correspondiesen conforme a lo
    dispuesto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema
    de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión
    planteada, el tribunal a quo modificó la sentencia recurrida,
    declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas
    y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente
    con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez
    (fs. 416/445).
    Para así resolver, la cámara entendió que la presente
    causa fue la primera en el tiempo en promoverse con relación a
    la casi totalidad de los expedientes de similares características
    y que fue la primera registrada. Decidió que las resoluciones
    cuestionadas eran nulas, por no haberse llevado a cabo la
    audiencia pública previa a su dictado.
    Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional
    (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) interpuso recurso
    extraordinario (fs. 467/488 vta.), que tras cumplirse con la
    sustanciación correspondiente fue concedido por la cámara con
    efecto devolutivo (fs. 604/609 vta.).
    7°) Que en su recurso extraordinario el Estado Nacional
    se agravia porque la sentencia de cámara no atendió al con~
    -3-
    flicto de competencia originado a raí z de la solicitud de inhibitoria
    formulada por la titular del Juzgado en lo Contencioso
    Administrativo Federal N° 5.
    En cuanto a la exigencia de audiencia pública previa,
    sostiene que el tribunal a qua no hizo mérito de que en el caso
    se estaba en presencia de una revisión transitoria de tarifas, y
    no distinguió entre las resoluciones que aprueban el "precio"
    del gas de aquellas que aprueban los aumentos en las "tarifas"
    de los servicios públicos de su transporte y distribución. Argumenta
    que la cámara no consideró el dictado de la ley 25.790, en
    cuanto dispuso "que las decisiones que adoptase el Poder Ejecutivo
    Nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no
    se hallarían condicionadas por las normas contenidas en los marcos
    regula torios .."..
    Sostiene que, al resolver como lo hizo, la alzada
    omitió considerar el interés público comprometido, profundizando
    así las gravísimas consecuencias económicas y. sociales que acarrea
    la crisis del sector energético. Asimismo, considera que el
    decisorio tampoco explica cómo se protegen los derechos de los
    usuarios en razón de la diversidad de las situaciones alcanzadas
    y, en particular, que lo decidido afectó a los más vulnerables
    al anular también los beneficios de la tarifa social.
    8o) Que el recurso extraordinario es admisible pues
    el examen y la decisión del caso remiten directamente a la interpretación
    de diversas cláusulas de la Constitución Nacional,
    como son, por un lado, las que estructuran las bases mismas del
    sistema de división de poderes con respecto a las atribuciones
    -4-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios, para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
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    Q%uie¡wndencia GlVaoúMl/al
    de cada uno de los Departamentos del Gobierno Federal en materia
    de tarifas de los servicios públicos; y, por el otro, las disposiciones
    que reconocen el de~echo de participación de los usuarios
    en dicha materia y las instancias judiciales contempladas
    para la tutela de sus intereses (artículo 14, inc. 3°, de la ley
    48). Además, desde un plano infraconstitucional también se observa
    esta misma cuestión federal típica, pues se han puesto en
    cuestión actos de naturaleza federal cumplidos por una autoridad
    nacional (resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016), y la decisión
    ha sido en contra de su validez.
    La apertura de esta instancia extraordinaria y federal
    hace pie, por último, en la trascendencia institucional que
    exhibe el conflicto a que han dado lugar las resoluciones mencionadas,
    generando una litigación de caiacterísticas excepcionales
    que compromete principios básicos del debido proceso constitucional
    en la tutela de los derechos de los usuarios y del
    Estado Nacional. Estas circunstancias exigen del Tribunal una
    rápida decisión que dej e en claro -ante la sociedad, ante las
    diversas autoridades de la Nación y ante el resto de los tribunales-
    las reglas constitucionales que constituyen las vigas maestras
    para la resolución de esta clase de procesos, poniendo
    nuevamente en ejercicio la jurisdicción que, desde Fallos:
    248: 189, ha calificado como la más alta y eminente, connatural
    con la responsabilidad institucional que le corresponde como titular
    del Departamento Judicial del Gobierno Federal (artículo
    108 de la Constitución Nacional) .
    -5-
    9O) Que el agravio del Estado Nacional con relación
    al conflicto de competencia que se habría trabado con el fuero
    nacional en lo contencioso administrativo federal, corresponde
    que sea rechazado. En efecto, el recurrente no rebatió adecuadamente
    el fundamento del tribunal a quo relativo a que las cuestiones
    de competencia resultan admisibles solo cuando quedan
    trabadas con anterioridad al dictado de la sentencia en la causa
    que las motivan, lo cual no ocurrió en el caso en tanto la solicitud
    de estos autos por parte de la titular del juzgado de
    aquel fuero fue recibida con posterioridad al dictado de la sentencia
    definitiva por parte del juez federal de La Plata.
    la) Que en primer lugar, y en uso de las atribuciones
    conferidas por el artículo 16 de la ley 48, corresponde delimitar
    los alcances de la presente sentencia. En tal sentido, el
    Tribunal adelanta su conclusión respecto de que la decisión que
    aquí se adopta se limita -por las razones que se desarrollarán a
    continuación- exclusivamente a los usuarios residenciales del
    servicio.
    Es menester recordar que, en recientes precedentes,
    esta Corte reconoció que, de acuerdo a las disposiciones del
    artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de
    usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar
    acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva
    referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza
    patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia
    de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una
    pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los
    "efectos comunes" para toda la clase involucrada; y que de no
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    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente
    el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo
    cuya representación se pretende asumir (confr. "Padec", Fallos:
    336: 1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 337: 196 y
    "Consumidores Financieros Asociación Civil pi su defensa", Fallos:
    337:753)
    11) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del
    Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos
    precios y tarifas para el servicio de gas. De manera que se cumple
    con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible
    de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
    La pretensión, por su parte, está concentrada en los
    "efectos comunes" para todo el colectivo, es decir, la necesidad
    de audiencia previa, lo que permite tener por configurado el segundo
    requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto
    debe repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a
    todo el colectivo definido en la demanda.
    12) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido
    seriamente el "acceso a la justicia" -cuyo cumplimiento,
    según se expresó en "Halabi" (Fallos: 332: 111), resulta ineludible
    para la viabilidad de una acción colectiva que tenga
    por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos- no
    se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo
    cuya representación se pretende asumir.
    -7-
    En efecto, como se señaló, en este caso la asociación
    actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación
    de la totalidad de los usuarios de gas del país.
    De la reseña efectuada surge que solo respecto de los
    "usuarios residenciales" (conforme decreto 2255/92 -Anexo "B",
    Subanexo 11-, decreto 181/2004 Y resolución ENARGAS 409/2008) es
    posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se
    encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en
    tanto solo en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir
    una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento
    de la garantía constitucional señalada (considerando
    13, 4° párrafo del precedente "Halabi" citado). A este respecto,
    el Tribunal ha resaltado en diversos precedentes la importancia
    del proceso colectivo como una forma de garantizar el acceso a
    I
    la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto
    toda vez que el costo que significaría demandar individualmente
    supera claramente el beneficio que cada uno de dichos
    usuarios podría obtener de la sentencia dictada en la causa respectiva.
    Una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad
    de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría
    lisa y llanamente a negar efectividad a la tutela constitucional
    frente a un acto lesivo.
    13) Que, sin embargo, respecto del resto de los usuarios
    (no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera
    evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual
    de la acción no aparezca plenamente posible en atención a
    la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte
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    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    en la causa FMZ 82203891/2012/1/RH1 "Sociedad Rural Río V c/
    AFIP s/ ordinariou
    , dictada el 4 de agosto de 2016) .
    Esta circunstancia'impide tener por corroborada, con
    una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de
    acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el
    precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
    respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de
    esta sentencia no pueden alcanzarlos.
    14) Que una vez delimitado el alcance que corresponde
    dar al presente pronunciamiento, este Tribunal resol verá ahora
    la cuestión atinente a si resulta obligatoria la celebración de
    audiencia pública como procedimiento previo al dictado de las
    resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016 que fijaron un nuevo esquema
    de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema
    de transporte (PIST) y dispusieron el nuevo cuadro tarifario de
    los servicios de transporte y distribución de gas.
    En este sentido, corresponde recordar que el artículo
    42 de la Constitución Nacional establece:
    "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
    derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud~
    seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
    veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
    y digno. N
    "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
    a la educación para el consumo, a la defensa de la compe-
    -9-
    tencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control
    de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
    eficiencia de los servicios públicos, y a la consti tución de
    asociaciones de consumidores y de usuarios.H
    "La legislación establecer~ procedimientos eficaces para la
    prevención y solución de conflictos, y los marcos regula torios
    de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
    necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
    usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
    control.H
    Esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora
    de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional,
    dentro del capitulo titulado "Nuevos Derechos y Garantias
    u

    La discusión y aprobación de la disposición de que se trata tuvo
    lugar -ante el dictamen de la Comisión de Redacción y la existencia
    de despachos de mayoria y en minoria dentro de la Comisión
    de Nuevos Derechos y Garantias- en el seno de la Convención
    en las reuniones 31 Y 32 -3a Sesión Ordinaria- que se desarrollaron
    los dias 16 y 17 de agosto de 1994 (conf.
    www.hcdn.gov.ar. págs. 4168 y siguientes) .
    15) Que la consulta de los debates llevados a cabo en
    la Convención con motivo del reconocimiento expreso de este nuevo
    derecho, proporcionan dos conclusiones que, en defini tiva,
    serán de relevancia para la decisión que esta Corte adoptará en
    este pronunciamiento.
    En primer lugar, y a partir de los antecedentes referidos,
    corresponde interpretar que el texto constitucional pues-
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    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    to en vigencia reconoce en esta materia la participación ciudadana
    en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio,
    traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse
    de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos
    del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor
    asegure aquella participación en cada caso (conf. especialmente
    págs. 4352, 4355, Y 4357/4360 de la sesión del 17 de agosto citada)
    .
    16) Que el otro aporte significativo que puede extraerse
    de la deliberación realizada en el seno de la Convención
    Constituyente es que este nuevo derecho resulta operativo. En
    efecto, su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación
    reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque
    por cierto se deje en manos de la autoridad legislativa, como
    sucede en el campo de todos los derechos (artículo 28), la determinación
    circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones
    bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado
    expresamente en favor de los usuarios.
    Como concordemente subrayó el Tribunal es bien sabido
    que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que,
    en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten
    efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se
    encuentra en debate un derecho humano. Todo ello. explica "..q.ue
    al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo
    no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél
    toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los
    -11-
    derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación,
    pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.),
    lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas
    en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es
    asunto de legislar, sí, pero para garanti zar 'el pleno goce y
    ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
    por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos''',
    (Fallos: 327: 3677, entre otros) .
    17) Que las conclusiones precedentes se ven corroboradas
    por el cambio cualitativo en la situación de los consumidores
    y usuarios a que dio lugar la reforma de 1994, en tanto
    radica en el reconocimiento por parte del derecho constitucional
    de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo,
    dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude
    al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.
    Estas condiciones fueron advertidas por el Constituyente,
    al consagrar en los artículos 42 y 43 de la Ley Suprema
    herramientas definidas, destinadas a proteger a los consumidores
    y usuarios de las consecuencias del desequilibrio antes explicado,
    incorporando mandatos imperativos de orden sustancial en cabeza
    de aquellos y del Estado (calidad de bienes y servicios,
    preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz;
    libertad de elección; y condiciones de trato equi tati va y
    digno); también de orden participativos, como el derecho reconocido
    en cabeza de los usuarios, con particular referencia al
    control en materia de servicios públicos; y, como otra imprescindible
    cara, la consagración de un derecho a una jurisdicción
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    FLP 8399/2016/CS1
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio
    de Energía y Minería s/ amparo colectivo.
    propia en favor de consumidores y usuarios, con el reconocimiento
    de actores procesales atípicos en defensa de sus derechos como
    son el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales
    de usuarios y consumidores, la disponibilidad de la vía
    del amparo y el otorgamiento a esas instancias de efectos expansivos
    para que sus decisiones alcancen a todos los integrantes
    del mismo colectivo.
    Con particular referencia a la' cláusula constitucional
    cuyo alcance se encuentra discutido en el sub lite, el reconocimiento
    de que deben habilitarse procedimientos y mecanismos
    de participación y de impugnación en cabeza de los usuarios tiene
    el inocultable fin de que sus intereses sean debidamente tutelados.
    18) Que en materia tarifaria la participación de los
    usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación
    de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo
    desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar
    la participación ciudadana en instancias públicas de discusión
    y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad
    de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio.
    Este derecho de participación reconocido a los usuarios
    en el caso del servicio de gas se estructuró, en 1992, en
    su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas.
    Estas audiencias constituyen una de las varias maneras
    de participación ciudadana en la toma de decisiones públi-
    -13-
    caso Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en
    tanto el artículo 42 -como se expresó- no las prevé ni explícita
    ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión
    del mecanismo que mejor asegure aquella participación en
    cada caso. De la redacción del artículo 42 se desprende la clara
    intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y
    usuarios -expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente
    de un modo genérico- participen en la elaboración de ciertas
    disposiciones de alcance general a cargo de la Administración
    cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar
    los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos (conf .
    doctrina de la disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni
    en Fallos: 329:4542).
    La participación de los usuarios con carácter previo
    a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad,
    integrati vo del derecho constitucional a una información
    "adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y
    un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable
    en el caso de garantizar el derecho a la información
    pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno
    (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga
    una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las
    estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se
    adoptan.
    Ello es consistente con la noción de democracia deliberativa,
    porque los términos de la cooperación que propone son
    concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes
    responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de
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    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la'Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    justificación mutua. En este sentido, el debate público mejora
    la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos
    de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado,
    que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente
    permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir,
    vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio
    más realista de justicia. (Rawls, John, Justice as Fairness. A
    restatement, Harvard, Harvard University Press, 2001)
    19) Que esos elevados fines institucionales presuponen
    condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente
    se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos
    por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y no
    acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal
    de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente
    aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden
    legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad.
    Desde una prelación temporal, en primer lugar se encuentra
    un derecho de contenido sustancial que es el derecho de
    todos los usuarios a recibir de parte del Estado información
    adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información
    con estas características es un elemento fundamental
    de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un
    presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír
    a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre
    la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte
    de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías
    -15-
    naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá
    de fijar la tarifa de los servicios públicos.
    La segunda condición está dada por la celebración de
    este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados,
    con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio
    responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en
    todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el
    connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión
    por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias
    del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos
    de la autoridad pública.
    y por último, este derecho compromete, precisamente,
    ese momento decisorio, pues todas las etapas anteriores constituirían
    puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente
    en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones
    y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y
    el modo en que ellas inciden en las medidas que se adoptan.
    20) Que, a partir de lo expuesto, es menester examinar
    el agravio desarrollado por la demandada con sustento en
    que, en tanto en la resolución MINEM 28/2016 se determinó un
    nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de
    gas (PIST), no era exigible la realización de audiencia pública
    por tratarse la producción y comercialización de este recurso de
    una actividad desregulada.
    Sin desconocer que, de acuerdo con lo dispuesto en
    las leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, la producción
    y comercialización de gas es efectivamente una actividad econó-
    -16-
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    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
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    . .cdJw cid ffi~ de la rpj)~ de la
    ~ Q51~"",ª Q/Va-eUm",1
    micamente des regulada y no fue calificada como servicio público,
    debe destacarse que, a partir de lo establecido en el decreto
    181/2004 y las normas dictadas en consecuencia, esa desregulación
    ha sido dejada de lado por el propio Estado. Ello es así,
    pues sobre la base del decreto citado, cuyo objetivo fue elaborar
    un esquema de normalización del precio del gas en el PIST
    hasta que se "reencauzara" la actividad y se llegara, nuevamente,
    a precios que debían resultar de la libre interacción de la
    oferta y la demanda, se facultó a la ex Secretaría de Energía
    del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
    Servicios para acordar con los productores de gas natural un
    ajuste del precio del producto, en el marco del cual además se
    suscribieron varios acuerdos.
    En las condiciones descriptas, parece razonable entender
    que, hasta el momento en que efectivamente el precio del
    gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción
    de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente
    con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como
    ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.
    21) Que, por último, tampoco se sostiene la negación
    de este derecho constitucional con asiento en la construcción
    que intenta el recurrente sobre la base de que se trata de una
    tarifa transitoria y de que ciertos textos normativos -en especial
    la ley 25.790- habrían desplazado, en tal circunstancia, la
    exigencia de audiencia pública.
    -17-
    En efecto, cuando el Estado Nacional pretende justificar
    su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no
    es posible soslayar que si bien la expresión remite semánticamente
    a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento
    para el usuario implica un aumento sustancial de su
    factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado
    del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente
    que se trate o no de un régimen definitivo o integral.
    Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada
    por el poder administrador -que data del año 2005-, no es
    legítimo señalar que sea "adecuadau a los fines informativos de
    los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a
    la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir
    que les haya permitido tomar las debidas precauciones en el
    diseño razonable de sus economías respectivas.
    22) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo hasta
    aquí expuesto, resulta claro que las decisiones adoptadas por el
    Ministerio de Energía y Minería no han respetado el derecho a la
    participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública
    previa.
    Lo dicho no se contradice con lo resuelto por el Tribunal
    en la causa "Soldano, DomingoU (Fallos: 337:877) Ello,
    toda vez que, como bien lo señalara el a qua, el presente caso
    no resulta análogo al supuesto fáctico de dicho antecedente,
    donde se definían los cargos para solventar las obras de ampliación
    de la infraestructura energética. En efecto, como se expresara
    en esa oportunidad, la ley 24.076 requiere la obligatorie-
    -18-
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    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
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    W. os;t;w cid P/J~ ele la PJ)~ de la g1nd~-enaa Q/VacúMzaI
    dad de la convocatoria a la audiencia pública cuando media una
    modificación en la remuneración de los concesionarios de los
    servicios, concepto que no alcanza a los ya referidos cargos específicos
    destinados a obras de infraestructura no contemplados
    en los contratos respectivos.
    23) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado,
    'las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente
    año en relación a la tarifa social y a la protección de
    los sectores más vulnerables tornan necesario que el Tribunal
    ponga de manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente,
    podría ser soslayada como consecuencia de la oscura y complej a
    estructura tarifaria. Esto es, que la demanda de los usuarios
    residenciales ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado
    vencedores en el campo jurídico. En consecuencia, y por aplicación
    del más elemental sentido de justicia, la tarifa final que
    se les aplique como consecuencia del presente pronunciamiento en
    ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que
    dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación
    del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa
    social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
    24) Que más allá de la decisión de este Tribunal en
    la presente causa, y en atención a las consecuencias que han generado
    las resoluciones cuestionadas, cabe efectuar las siguientes
    consideraciones referidas a las pautas básicas que rigen las
    atribuciones de los poderes públicos en esta materia, así como
    las reglas fundamentales a que deben atenerse en su actuación
    -19-
    los órganos jurisdiccionales, particularmente en el ámbito de
    los procesos colectivos.
    25) Que, en los actos aquí cuestionados, el Poder
    Ejecutivo Nacional fijó un nuevo esquema de precios del gas natural
    en el punto de ingreso al sistema de transporte, con vigencia
    a partir del 1° de abril del corriente afio, "para promover
    inversiones en exploración y explotación de gas natural a
    fin de garantizar su abastecimiento Y de emitir sefiales económicas
    claras y razonables" (resolución MINEM 28/2016) .
    Por su parte, y en cuanto aquí interesa, instruyó al
    Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para que efectuara una
    adecuación de las tarifas de los servicios de transporte y distribución
    de gas que les permitiera a sus licenciatarias cumplir
    con la ejecución del ~lan de inversiones, afrontar sus gastos de
    operación y mantenimiento, administración y comercialización, y
    dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas.
    A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que
    dicha adecuación tarifaria debía llevarse a cabo "sobre la base
    de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias"
    (resolución MINEM 31/2016)
    26) Que esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia,
    ha puesto de resalto que "siendo un principio fundamental
    de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres
    departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes
    y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que
    las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
    -20-
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    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la80lidaridad y otros e/ Ministerio
    de Energia y Mineria s/ amparo colectivo.
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    WQ9Í¡w cid Pl3~ de la PlJ~ de la gf~g;fG~¿
    pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente
    desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes
    polí ticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno"
    (Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros).
    De este principio basal de la división de poderes se
    desprende la diferenciación de las potestades propias de los
    tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas
    como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo
    que le incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional
    y, finalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial.
    Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de las
    pautas propias de la política tributaria federal; al segundo, la
    implementación de la política energética, que abarca la fijación
    de las tarifas del servicio público; y, a la rama judicial, el
    control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad
    con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de
    la Nación.
    A su vez, la distribución de competencias entre los
    poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos
    y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes
    se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles
    ("Itzcovich, Mabel cl ANSeSu
    , Fallos: 328:566, voto de los jueces
    Maqueda y Zaffaroni) .
    27) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la
    potestad tarifaria reside en el poder administrador y que ella
    no se ve afectada por la concesión a particulares de un servicio
    -21-
    público (Fallos: 184: 306; 322: 3008 y CSJ 280/2008 (44-E) /CS1
    "Establecimiento Liniers S.A. c/ EN Ley 26.095 Ministerio de
    Planificación Resol. 2008/06", sentencia del 11 de junio del
    2013, dictamen de la Procuración General al que remite la mayoría)
    .
    La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada
    en varios pronunciamientos de esta Corte. Dijo al respecto
    en Fallos: 262:555 que "en todo régimen de prestación indirecta
    de tales servicios -es decir, por intermedio de concesionario-,
    las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder
    público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta
    a la existencia de bases fijadas por ley, o como en el caso de
    autos, bajo forma contractual. Naturalmente que el Estado -lato
    sensu- dispone al respecto de una atribución y no de una mera
    facultad; o dicho en otros términos, a la par que le asiste el
    poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo" conf.
    también Fallos: 322: 3008.
    En este marco, la mencionada atribución tiene en miras
    consideraciones de interés público, tales como asegurar la
    prestación del servicio en condiciones regulares y la protección
    del usuario. Destacó este Tribunal, asimismo, que la autoridad
    del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento
    de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión
    de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo
    largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación,
    ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente
    a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas
    y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Fallos:
    -22-
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    Centro de Estudios ,para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
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    ~ Qf;uIe¡~ Q#acúmd
    ,.
    262: 555; 321: 1784, "Establecimiento Liniers S.A. fI, ya citada,
    voto de los jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni). Dicho contralor
    permanente, tratándose de servicios cuya explotación ha
    sido concesionada, constituye la única defensa del público llamado
    a usar de él (Fallos: 184:306).
    Finalmente, cabe recordar que el ingente papel que en
    la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales
    incumbe a los jueces, no llega" hasta la facultad de
    instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), o de suplir
    en la decisión e implementación de la política energética al Poder
    Ejecuti vo Nacional, siendo entonces la misión más delicada
    de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su
    jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los
    otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732)
    En consecuencia, debe distinguirse entre el ejercicio
    del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad
    de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad
    tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador,
    al que no cabe sustituir en la determinación de políticas
    o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o
    aprobación de tarifas por la prestación del servicio (Fallos:
    321:1252; 322:3008 y 323:1825).
    28) Que la experiencia internacional ha demostrado,
    hasta el presente, que con frecuencia los servicios públicos no
    se financian exclusivamente con los precios y tarifas que se
    perciben de los usuarios y consumidores, sino que reciben sub-
    -23-
    venciones, beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo
    que las tarifas de determinados servicios públicos se han utilizado
    en muchas ocasiones para financiar otras actividades. También
    es habitual que las diferentes tarifas aplicadas a las diversas
    categorías de usuarios encubran "subsidios cruzados" de
    una actividad rentable hacia otra deficitaria. En defini tiva,
    estas prácticas suelen conducir a una opacidad de la tarifa que
    no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación
    de los derechos de los consumidores y usuarios de dichos
    servicios.
    En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó
    librado al libre acuerdo entre los participantes del mercado
    (leyes 17.319 y 24.076, Y decreto 1738/92) hasta que, en el año
    2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del
    ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
    para acordar con los productores el nivel de los precios
    del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte
    (decreto 181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones
    (226/2014, 305/2014). Por otra parte, se creó un Fondo
    Fiduciario destinado a financiar las importaciones de gas natural
    necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado
    interno, el que se integraría por cargos tarifarios a pagar por
    usuarios y consumidores, por recursos que se obtuvieran de programas
    especiales de crédito, y por otros sistemas de aportes
    específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
    En relación con la red de transporte y distribución
    de gas natural, se crearon cargos específicos -como aporte a los
    fondos fiduciarios organizados para el desarrollo de infraes-
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    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
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    QQÍ¡w del P/J~ elela PlJeeIwFa~ elela
    ~ rfnrfp~ GVVo,c«muL'
    tructuras-, destinados a repagar las obras necesarias para su
    ampliación, al tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos
    de su percepción y los obligados a su pago, con exclusión de los
    consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (dec;reto
    1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación
    Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y
    3689/2007 del ENARGAS)
    Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y
    distribución del gas natural, en los últimos catorce años su
    evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias,
    el abastecimiento de gas él. los usuarios de todo el
    país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y
    a la oferta.
    Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de
    Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó
    de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención
    estatal, mientras que su importación, la ampliación
    de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban
    dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente,
    con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales
    de crédito, aportes específicos de determinados sujetos
    del sector y subsidios del Estado Nacional.
    29) Que la Constitución Nacional, en miras a enfrentar
    las exigencias propias de la implementación de una política
    económica en el plano nacional, prevé diversas instituciones
    disponibles para los departamentos del Estado, cuya atribución a
    -25-
    cada rama ha sido distribuida parla Norma Fundamental partiendo
    de la base de la naturaleza de cada herramienta en particular,
    conforme a lo ya reseñado.
    Situado el análisis desde esta perspectiva, la Norma
    Sup~ema pone a disposición del Poder Ejecutivo, a fin de la implementación
    de la política económica y energética, instrumentos
    susceptibles de ser adoptados en el marco de su competencia, tales
    como la política tarifaria. Paralelamente, prevé otras
    herramientas, como reformas impositivas y exenciones, regímenes
    promocionales y subsidios -entre otros-, que son atribuciones
    del Poder Legislativo (artículos 4, 17, 19, 52, 75 incisos 1, 2
    Y 18). La articulación conjunta de las diversas herramientas se
    plasma en el marco del principio de "colaboración sin interferencia"
    que debe guiar la relación entre los distintos poderes
    del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
    30) Que, sentado lo expuesto, este Tribunal estima
    necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad
    de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios
    públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos
    en el futuro para casos similares.
    Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades
    o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la
    titularidad pública mediante la calificación de servicio público,
    son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables
    para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de
    asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esen-
    -26-
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    Igualdad y la' Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
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    ePI/k; cid PlJW&nIAww/J!ú;- elela PlJeeIcwa~ elela
    ~ éff~ffJ'Ida wVacúmd
    ciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen
    el contenido sustancial de los derechos y libertades consti tucionalmente
    protegidos.
    31) Que la política energética implementada en el
    período considerado (a partir del año 2002), según sostiene en
    su informe la demandada, tuvo como consecuencia la pérdida del
    autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones
    por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial,
    consumo de los "stocksU de recursos y capacidad disponibles, escasez
    del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y
    distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.
    Mediante las resoluciones aquí examinadas, como se
    adelantó, se determinaron precios y tarifas de transición
    asegún surge de sus considerandos- a fin de. regularizar el desequilibrio
    fiscal que generaba el mantenimiento del sistema en
    dichas condiciones, con el objetivo de subsanar su deterioro y
    colaborar en el reordenamiento de la economía.
    32) Que las decisiones y objetivos de política económica
    implementadas implican un importante cambio de financiamiento
    del sistema energético nacional, sumados a la situación
    de deterioro que sufre su abastecimiento -conforme a lo informado
    por la demandada- y a la variación de los precios de la economía,
    con una inercia de más de una década en el sentido descripto,
    imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la
    hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a
    -27-
    fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad,
    es decir una relación directa, real y sustancial entre
    los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales
    decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas
    a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad
    jurídica de los ciudadanos.
    De tal modo, todo reaj uste tarifario, con más razón
    frente a un retraso como el que nos ocupa, debe incorporar como
    condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional
    que consagra el derecho de los usuarios a la protección
    de sus "intereses económicosu (art. 42 de la Constitución Nacional)-
    el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio
    de razonabilidad antes referido. En efecto, la aplicación de
    dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado
    y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de
    la programación económica individual o familiar, elemento que ha
    merecido la oportuna ponderación de este Tribunal (conf. arg.
    Fallos: 325:2059).
    33) Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto,
    el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad
    de los servicios públicos, ponderando la realidad
    económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria
    con especial atención a los sectores más vulnerables, y
    evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la
    exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales
    como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera
    calificarse de "confiscatoriau
    , en tanto detraiga de manera
    irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo
    -28-
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    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un
    cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles
    de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento
    y, por via de consecuencia de este circulo vicioso, a la
    calidad y continuidad del servicio.
    En este sentido, el régimen implementado en la ley
    24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para
    asegurar el suministro a largo plazo (articulo 2 0, inciso b.);
    propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre
    acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e
    instalaciones de transporte y distribución de gas natural (articulo
    2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen a
    esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado
    en la ley (articulo 2°, inciso d). Acorde a ello se previó que,
    en la determinación de la tarifa se aseguraria el minimo costo
    para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento
    (articulo 38, inciso d) .
    A estos fines adquiere especial significación el criterio
    que surge de la Observación General 4 del Comité de Derechos
    Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, titulada
    "El derecho a una vivienda adecuada", del 13 de diciembre
    de 1991, en la que se emitió opinión sobre el articulo 11.1 del
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    (articulo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el
    punto 8.b se afirma que una vivienda adecuada debe contener
    ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, l~
    -29-
    comodidad y la nutrición, y que todos "los beneficiarios del derecho
    a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a
    recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
    cocina, la calefacción y el alumbrado (oo.)". En el punto 8.c. se
    expresa que los "gastos personales o del hogar que entraña la
    vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera
    el logro y la satisfacción' de otras necesidades básicas.
    Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que
    el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general,
    conmensurados con los niveles de ingreso (..)".
    En efecto, como ha sostenido este Tribunal, "resulta
    claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino
    señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez
    si tributan a la realización de los derechos de aquél y del
    bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a
    sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
    y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el
    mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan
    la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de
    los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, baj o pena de
    caer en la ilegalidad" (Fallos: 327:3677).
    34) Que es de público conocimiento que el aumento de
    tarifas cuestionado en el sub lite ha generado una gran cantidad
    de procesos colectivos radicados en distintas jurisdicciones federales
    a lo largo del país en los que se ventilan pretensiones
    idénticas o similares, advirtiéndose que, en su mayoría, los magistrados
    actuantes no han cumplido con la acordada 32/2014 en
    -30-
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    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ d7~ de ~ de la wVaoWn
    ~Wcid roicM~ de la PlJec/wr.aoi6n de la
    oY~ Q/VaetMwI
    tanto no surge del Registro Público de Procesos Colectivos que
    dichos procesos hayan sido inscriptos.
    35) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades
    que la proliferación de acciones colectivas con idénticos
    o similares objetos que provienen de diferentes tribunales
    del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo
    cierto -con la consiguiente gravedad institucional- de que se
    dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que
    recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de
    las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación
    de acciones procesales tendientes a ampliar las posibilidades
    de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable
    a los intereses del legitimado activo o de intervenir en
    la decisión dictada en el marco de otro expediente (conf. doctrina
    de la causa "Halabi" citada; "Consumidores Financieros
    Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina
    S.A. s/ ordinario", Fallos: 337:753; "Municipalidad de Berazategui
    c/ Cablevisión", Fallos: 337:1024 y acordada 32/2014, considerando
    10).
    36) Que desde estas premisas y con el declarado
    propósito de favorecer el acceso a la justicia de todas las per~
    sonas, el Tribunal creó un Registro de Acciones Colectivas destinado
    a la publicidad de los procesos colectivos en el que deben
    inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten
    ante los tribunales nacionales y federales del país (acordada
    32/2014, del 10 de octubre de 2014). Asimismo, la Corte
    -31-
    aprobó el "Reglamento de actuación en procesos colectivos" al
    que deberán ajustar su actuación dichos tribunales, que tendrá
    vigencia a partir del primer día hábil de octubre del corriente
    año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule
    la materia (acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
    37) Que este procedimiento destinado a la publicidad
    de los procesos colectivos tiene por objeto preservar un valor
    eminente como la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional
    ha sido señalada por el Tribunal con énfasis y reiteración
    (Fallos: 317:218 y sus citas), en la medida en que propende a
    asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce en esta
    clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de
    cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
    de todas las personas que no han tomado participación en
    el proceso.
    38) Que con particular referencia al tema sub examine,
    y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos
    también iniciados con motivo de un pasado aumento de la tarifa
    de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienés
    tramitaban esas causas que debían proceder a su inscripción en
    el Registro Público de Procesos Colectivos y adoptar las medidas
    necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos
    denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales
    y humanos o en el dictado de sentencias contradictorias.
    También en esa oportunidad la Corte ordenó a los jueces intervinientes
    que debían unificar el trámite de las causas en aquel
    tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de
    conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un
    -32-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios. para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    Y!O/de dt'~ de ~ de la Q/Vaa<m
    Q9t;wdel Pl3ÚXYJ~ de la pj)~drm de la
    ~ cffnd,ejuHuimuia wVa~l
    colectivo obtuviesen el beneficio de ciertas pretensiones y
    otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (CSJ
    4878/2014/CS1 "García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley
    16.986", del 10 de marzo de 2015)
    39) Que cabe remarcar que la multiplicidad de causas
    suscitada con motivo de las resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016
    a la que se hizo referencia con anterioridad se habría evitado,
    precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los
    lineamientos desarrollados por este Tribunal en sus distintos
    pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada
    por la acordada 32/2014. Así, el criterio de preferencia temporal
    que consagró el Tribunal en la causa "Municipalidad de Berazategui"
    (Fallos: 337:1024) y en la citada acordada imponía a
    aquellos magistrados ante quienes se dedujeron demandas colectivas
    con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida
    la información por parte del Registro, remitiesen sus causas al
    magistrado que hubiese prevenido. De este modo, se hubiese evitado
    el escándalo jurídico que surge de la proliferación de procesos
    que se superponen en sus pretensiones con la posibilidad
    del dictado de sentencias contradictorias.
    40) Que si bien es cierto que el proceso colectivo
    resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos
    de los usuarios, su admisibilidad se encuentra condicionada al
    cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando
    10 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio
    de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la ad~
    -33-
    misión formal de toda acción colectiva requiere la verificación
    de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió
    que, de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten
    una resolución que declare formalmente admisible la acción,
    identifique en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en
    el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca
    el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas
    aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado
    del litigio (causa "Halabi" citada y acordada 32/2014, punto
    3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos) .
    41) Que este Tribunal no puede dejar de advertir que
    en buena parte de los procesos colectivos en los que se debatieron
    cuestiones referidas a la razonabilidad del aumento tarifario
    en cuestión, según surge de los pronunciamientos allí dictados,
    no se ha dado cumplimiento a los recaudos especificados en
    el considerando que antecede, en especial en lo atinente a la
    definición precisa del colectivo involucrado y la adecuada notificación
    a los integrantes del grupo.
    Con relación a la definición del colectivo, cabe señalar
    que este incumplimiento por parte de los jueces actuantes
    en dichos procesos ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales
    sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera
    igual situaciones heterogéneas.
    Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada
    determinación del conj unto de perj udicados por una conducta o
    acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de
    la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para
    -34-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ df9~ ck ~ ck k Q/fíaoúm
    '.' QX!Úw dei P/JÚXYJ~ de la pj)~ de la )(J of~ QJf{;,a¡"taI' .
    que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia
    de los requisitos para la procedencia de la acción.
    Solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado
    (y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar,
    por ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos
    comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a
    la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción
    colectiva (conf. doctrina de la causa "Asociación Protección
    Consumidores del Mercado Común del Sur cl Loma Negra Cía. Industrial
    Argentina S.A. y otros", Fallos: 338:40).
    42) Que en cuanto a la adecuada notificación a los
    integrantes del colectivo, su falta de cumplimento en los procesos
    antes mencionados, se traduce en la imposibilidad de que
    eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se
    consideren beneficiados por la reforma, como por ejemplo podría
    ser algún beneficiario de la tarifa social, o porque se encuentren
    conformes con el aumento registrado respecto de ellos.
    4~) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe
    extremarse cuando las decisiones colectivas puedan incidir -por
    sus efectos expansivos- en la prestación de un servicio público.
    Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria
    pueden afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios,
    aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para
    otro que se encuentra en igualdad de condiciones. Asimismo, decisiones
    de esta naturaleza pueden alterar el esquema contrac-
    -35-
    tual y regulatorio del servicio, afectando el interés general
    comprometido en su prestación.
    44) Que corno surge de los considerandos anteriores,
    la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las
    cuestiones de índole constitucional concernientes a los principios
    elementales de. los procesos colectivos, corno lo constituye
    el sub lite. La autoridad institucional de dichos precedentes,
    fundada en la condición de este Tribunal de intérprete supremo
    de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia
    (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227; "Martínez
    Vergara, Jorge Edgardo", Fallos: 331:162; y "Arte Radiotelevisivo",
    Fallos: 337:47), da lugar a que en oportunidad de fallar
    casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente
    consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales
    inferiores.
    45) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse
    que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, institución
    creada por la Constitución Nacional corno órgano específicamente
    legitimado en la tutela de los derecho~ de incidencia colectiva
    en los térm

  • CARACTER ALIMENTARIO DE LA REMUNERACION - LIMITE DE EMBARGO

    Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones en lo Comercial
    Autos: Luis, Valeria E. c/Banco Santander Río SA s/Medida Precautoria
    Fecha: 19-02-2015
    1. Corresponde hacer lugar a la medida de innovar solicitada por la actora a fin de que el banco se abstenga de efectuar débitos en la cuenta donde se depositan los salarios de la peticionante para saldar hipotéticas deudas correspondientes a dos tarjetas de crédito -dadas de baja unilateralmente por el banco-, debiendo además restituir los fondos descontados sin ningún tipo de autorización y en franca colisión con normas de orden público, previa caución juratoria, en tanto la deducción salarial que denuncia la actora -100% de su remuneración- configura un perjuicio, dando lugar a un peligro concreto o inmediato de que se configuren daños irreparables a su persona y familia.
    2. La medida innovativa es una decisión excepcional dentro del género cautelar, porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que se configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, mas no implica prejuzgamiento. 
    3. El salario no es un derecho absoluto e inalienable, pero a ese fin normas de derecho público tanto en el orden nacional, como en el provincial y municipal, han fijado como tope para afectar el pago de deudas el 20% de la remuneración de un empleado o funcionario.
    4. El salario reviste naturaleza alimentaria y no puede ser reducido al límite de poner en riesgo la subsistencia del grupo familiar.
  • EL LAMENTABLE PLENARIO DE LA SUPREMA CORTE MENDOCINA REFERIDO A LA APLICACIÓN DEL RIPTE

    SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA...!
    
    (SALA SEGUNDA)
    
    PODER JUDICIAL MENDOZA
    
    foja: 61
    
    CUIJ: 13-00847437-5/1((012174-10964701))
    
    LA SEGUNDA ART SA EN J° 20018 NAVARRO JUAN ARMANDO C/LA SEGUNDA ART SA
    P/ACCIDENTE (20018) P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN
    
    *102870151*
    
    En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince,
    reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar
    sentencia plenaria en la causa n° 109.647, caratulada: “LA SEGUNDA ART
    S.A. EN J° 20.018 "NAVARRO JUAN ARMANDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/
    ACCIDENTE" S/ INC. CAS”
    
    A fs. 57, esta Suprema Corte convocó a Plenario (art. 149 C.P.C.) a los
    efectos de decidir si: “¿Es aplicable la Ley 26.773 a las contingencias
    cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la
    publicación de la norma en el Boletín Oficial? En su caso, qué supuestos.”
    
    Conforme razones de orden metodológico, y sin perjuicio del sorteo
    dispuesto a fs. 60, los Sres. Ministros expondrán su voto por los
    fundamentos que hacen a la mayoría y a las minorías, respectivamente.
    
    A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, POR LA MAYORÍA, EL DR. MARIO
    DANIEL ADARO, DIJO:
    
    I.- Para una cabal comprensión de la problemática traída a debate
    corresponde, ante todo, precisar el texto de las disposiciones de la ley
    de marras con trascendencia para la resolución del presente:
    
    1.- ARTICULO 3º “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo
    sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el
    damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a
    las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una
    indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro
    daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte
    por ciento (20%) de esa suma.-En caso de muerte o incapacidad total, esta
    indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($
    70.000).”
    
    2.- ARTICULO 4º “Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al
    pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de
    notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o
    determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de
    trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los
    damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde
    percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma
    separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. -
    Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones
    previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran
    corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los
    distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. - El principio
    de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno
    u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos
    sobre el evento dañoso. - Las acciones judiciales con fundamento en otros
    sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la
    notificación fehaciente prevista en este artículo.- La prescripción se
    computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa
    notificación.- En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la
    vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los
    principios correspondientes al derecho civil.”
    
    3.- ARTÍCULO 8°: “Los importes por incapacidad laboral permanente
    previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se
    ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice
    RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables),
    publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
    Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente
    fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.”
    
    4.- ARTÍCULO 17°, inciso 1°, en relación con los pagos en forma de renta
    periódica, prescribe: “…quedan transformadas en prestaciones
    indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las
    prestaciones en ejecución.”
    
    5.- ARTÍCULO 17°, inciso 5°: “Las disposiciones atinentes a las
    prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a
    partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las
    contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya
    primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.”
    
    6.- ARTÍCULO 17°, inciso 6°: “Las prestaciones en dinero por incapacidad
    permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su
    actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de
    entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE
    (Remuneraciones Imponibles promedio de los Trabajadores Estables),
    publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del
    año 2010.
    
    La actualización general prevista en el artículo 8° de esta ley se
    efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado
    Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241,
    modificado por su similar 26.417.”
    
    7.- ARTÍCULO 17°, inciso 7° dispone que: “Las disposiciones atinentes al
    importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez
    entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
    la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa
    condición.”
    
    II.- Estos dispositivos han dado lugar a numerosas sentencias de los
    Tribunales Inferiores, las que han incitado la presente convocatoria.
    
    a.- Con escasos matices, la mayoría de las Cámaras del Trabajo mendocinas
    han seguido la sentencia dictada por el Dr. Sergio Simó en autos N° 4235 –
    “GODOY, D.M. c/MAPFRE ARGENTINA ART S.A. p/ ACCIDENTE” (fecha 12/11/2012),
    pronunciamiento efectuado antes del dictado de la reglamentación por
    Decreto 472/14.
    
    El núcleo del decisorio se asienta en la interpretación de que el inciso
    6° del artículo 17 es la excepción al inciso 5° de la misma cláusula, por
    lo que la aplicación (inmediata o retroactiva de la ley) resultaría por
    expresa disposición del dispositivo.
    
    (i) En tal sentido, el inc. 6° resultaría aplicable a todas las
    contingencias laborales acaecidas con anterioridad a la publicación de la
    ley en el Boletín Oficial, regidas por la ley 24.557, el decreto 1278/00 y
    el decreto 1694/09. Ello así, por imperio de dicho inciso, decidió el
    ajuste, a la fecha de entrada en vigencia de la norma legal conforme el
    índice RIPTE desde el día 1-1-10, por sobre las prestaciones dinerarias de
    la ley por las cuales admitió la demanda
    
    (ii) Las nuevas normas introducidas por la ley 26.773 serían las que se
    aplicarían luego de tal momento, conforme el inciso 5° del artículo 17 del
    mismo cuerpo legal. De este modo, las contingencias laborales cuya
    ‘primera manifestación invalidante’ sea posterior a dicha publicación, se
    encontrarían regidas por el art. 8 de la ley citada, y no por el art. 17
    inc. 6°).
    
    b.- Sin embargo, luego de la aparición de las Resoluciones de la
    Secretaría de Seguridad Social y Decreto reglamentario, la jurisprudencia
    ha modificado su criterio limitando la actualización a los pisos mínimos y
    a los pagos únicos del artículo 11, L.R.T.
    
    En ningún caso, toman en consideración el momento en el cual ocurrió la
    Primera Manifestación Invalidante (véase, entre muchísimas otras, Cámara
    Tercera, sentencia de fecha 10 de octubre del 2014, autos N° 39.216,
    caratulados: “JOFRE NELSON ROLANDO c/ LA SEGUNDA ART S.A. p/ ENFERMEDAD
    ACCIDENTE”; Cámara Cuarta, sentencia de fecha 05d e setiembre del 2014 de
    la Sala Unipersonal del Dr. FERNANDO JAIME NICOLAU, en autos Nº 16.428,
    caratulados "BRAVO, ANGEL BERNARDO C/ RESPONSABILIDAD PATRONAL A.R.T. S.A.
    P/ ACCIDENTE”; sentencia de fecha 17 de octubre del 2014, en autos Nº
    19.955 caratulados "ATENCIO GONZALEZ, PATRICIA  C/ LA SEGUNDA ART S.A. P /
    ACCIDENTE", Cámara Quinta, sentencia de fecha 17 de octubre del 2014, en
    autos Nº 19.955 caratulados "ATENCIO GONZALEZ, PATRICIA C/ LA SEGUNDA ART
    S.A. P / ACCIDENTE", Sexta Cámara, sentencia de fecha 13 de agosto del
    2014, en autos Nº 25.283, caratulados: “SAAVEDRA, JAVIER CALIXTO C/ LA
    CAJA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE”)
    
    III.- Por otra parte, a lo largo de nuestro País se han dictado numerosos
    pronunciamientos sobre esta temática y respecto de normas análogas:
    
    1. Ante todo, cabe revisar los pronunciamientos de la Corte Suprema
    
    a.- En primer término, en el precedente “Escudero” (Fallos 314:481) revocó
    una decisión de esta Suprema Corte mendocina, por entender que proponía
    una: “…exégesis irrazonable de la ley que la desvirtúa, con afectación del
    derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional, en tanto
    implica la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas
    cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser dictada…”
    (considerando 7°, Fallos 314:481, “Escudero”)
    
    Asimismo, sostuvo:
    
    (i) que no existía conflicto intertemporal que justificara la aplicación
    de la norma más favorable al trabajador (contenida en el artículo 9°
    L.C.T.);
    
    (ii) que los hechos que produjeron la incapacidad laborativa del actor,
    acaecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, así como su
    proceso de reagravación.
    
    (iii) Que el fallo judicial es declarativo y no constitutivo.
    
    (iv) Que “…la compensación económica debe determinarse conforme a la ley
    vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que
    se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el
    resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que
    persigue el reconocimiento de esta situación y sus efectos en el ámbito
    jurídico. Los actos procesales que se sucedan desde que el demandante
    adquirió el derecho en la plenitud de su contenido hasta arribar a la
    sentencia, la ejecución de ésta y la satisfacción de la condena,
    constituyen etapas en un procedimiento dirigido a obtener la expresión de
    un derecho existente, y el ulterior cobro de lo que ya era debido…”
    
    (v) Que: “…cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su
    aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la
    ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales
    imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones,
    el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia
    atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de
    los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado
    dispositivo legal (Fallos 299:132), pues de lo contrario podría afectar
    derechos adquiridos bajo el régimen anterior…”
    
    (vi) Es dable destacar que la legislación vigente en este tiempo carecía
    de una norma de derecho transitorio como la del artículo 17, inciso 5°,
    Ley 26.773.
    
    Por su parte, con su nueva integración, la Corte Federal ha convalidado la
    decisión recaída en “Escudero”, no sólo en autos “Lucca de Hoz”, si no
    también, en el caso “Aguilar”.
    
    b.- En efecto, en autos: “Aguilar” (A. 624. XLII. “Aguilar, José Justo c/
    Provincia ART s/accidente ley 9688”, de fecha 12 de Mayo de 2009), con
    voto expreso de todos los integrantes de la Corte Suprema (y disidencia
    exclusiva de la Dra. Carmen Argibay), se sostuvo que:
    
    (i) “…no merece reparo la conclusión del a quo acerca de que el decreto
    1278/00 (B.O. 3/1/2001) no era aplicable al sub examine, pues aquéllos
    acaecieron con anterioridad al año en que entró en vigor aquella norma,
    cuyo art. 19, expresamente previó que las modificaciones introducidas
    entrarían "...en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a
    su publicación en el Boletín Oficial (…) resulta inconducente examinar el
    planteo de inconstitucionalidad del art. 8° del decreto 410/01, que
    reglamentó el mencionado art. 19, en los siguientes términos: "Las
    modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables
    a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se
    produzca a partir del 1° de marzo de 2001" (el resaltado no pertenece al
    texto original). -Efectivamente, aun cuando por hipótesis -en el supuesto
    de prosperar el planteo de inconstitucionalidad-  pudiese ser superado el
    escollo que el apelante señala, en el sentido de que el texto transcripto
    acota indebidamente el ámbito de aplicación del decreto 1278/00 y no
    permite regir este caso por sus disposiciones, de todos modos,
    subsistirían las restantes razones expuestas por los jueces de la causa
    para arribar a la misma conclusión negativa, esto es, que si "...el
    siniestro acaeció el 11 de Julio de 1998,...mal podría aplicarse al mismo
    un diseño [el del decreto n° 1278/00] que se encuentra vigente recién a
    partir del año 2001" (fs. 168)…”
    
    c.- Por su parte, en “Lucca de Hoz” (Fallos 333:1433) la Corte también
    abordó lo relativo a la entrada en vigencia de las normas (v.gr. del
    decreto 1278/00), pronunciándose por la improcedencia del planteo de la
    actora en torno a la aplicación de un régimen dictado con posterioridad al
    siniestro. Textualmente, en dicha oportunidad, se sostuvo: “…el planteo
    referido a la aplicación del decreto 1278/00, en cuanto incrementó el tope
    indemnizatorio y fijó un pago directo a los derechohabientes no es
    aplicable al presente caso ya que no estaba vigente al momento de
    ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo…”
    
    d.- Paradójicamente, en el pronunciamiento recaído en autos “Calderón” (C.
    915. XLVI. “Calderón, Celia Marta el Asociart ART S.A. s/accidente, de
    fecha 29/04/2014) la Corte Federal, con uso contradictorio del precedente
    “Escudero” y una interpretación que soslayó completamente a las cláusulas
    normativas transitorias de los decretos aplicables, el Tribunal sostuvo
    que: “…la recurrente, no plantea una aplicación retroactiva de la ley [con
    referencia al decreto 1278/00], sino que discute la situación jurídica
    dada en autos no tratada por el a quo, a pesar de su oportuna
    argumentación y que tiene por fundamento el reclamo de la reparación por
    incapacidad total definitiva, consolidada por los jueces al momento de
    ocurrir el accidente…”
    
    (i) La Sala I de este Tribunal se vio compelida a emitir pronunciamiento
    análogo, luego del reenvío decretado (S.C.J., S.I, 09/09/2014, autos N°
    93.513, caratulados: “CALDERÓN CELIA MARTA EN J° 18.788 CALDERON CELIA
    MARTA C/ ASOCIART SA P/ AC-CIDENTE S/ CASACION.”), no sin antes admitir
    que la la Corte Federal no ha sido conteste en sus pronunciamientos.
    
    2.- Por otra parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
    Córdoba, alejándose de la postura que mantuvo en torno al Decreto 1694/09,
    se inclinó por la irretroactividad de la ley 26.773 en la causa “Martín”
    (expediente: "MARTIN PABLO DARIO C/ MAPFRE ART SA. - ORDINARIO - ACCIDENTE
    (LEY DE RIESGOS) - RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD", 170607/37,
    20/02/2014).
    
    Este criterio ha sido recientemente ratificado en autos “Carranza, Héctor
    Oscar c/ Mapfre ART S.A. –Ordinario-Accidente (Ley de Riesgos)” Recurso de
    Casación”, sentencia de fecha 18/11/2014 (publicado en El Dial Express,
    06/02/2015)
    
    3.- Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
    Santa Fe (autos S., V. H. c. Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente de
    trabajo/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad •
    22/09/2014, LA LEY 03/11/2014, 12 P.M. • DT 2014 (diciembre), 3434)
    rechazó el recurso extraordinario que dedujo la Aseguradora condenada a
    abonar la reparación sistémica con la actualización del índice RIPTE.
    
    4.- A su turno, las Salas de la C.N.A.T. N° I (18/10/2013, autos "Medina,
    Marcelo Fabián c. MAPFRE Argentina ART"; 24/09/2013, autos "Viceconte,
    Julio César c. Liberty ART" y 15/08/2013, autos "Leoni, Ariel Damián c.
    Liberty ART SA".), III (CNAT, Sala III, 12/07/2013, autos "Blanco,
    Sebastián c. Horizonte s/accidente" y 28/02/2014, autos "Arroyo, Domingo
    Carlos c. MAPFRE ART"), VI (CNAT, Sala VI, 13/11/2013, autos "Zanarini,
    Rubén Osvaldo c. Mixcom SRL" y 23/08/2013, autos "Martínez, Pablo Roberto
    c. Consolidar ART"), VII (CNAT, Sala VII, 28/02/2014, autos "Venialgo
    González, Eber c. MAPFRE Argentina ART" y 30/09/2013, autos "Silva, Jorge
    A. c. Provincia ART"), VIII (CNAT, Sala VIII, 19/02/2014, autos
    "Gregorachuk, Diego Gustavo c. Coplama SA y Otro") y IX (CNAT, Sala IX,
    11/04/2014, autos "Gómez, José Maximiliano c. MAPFRE Argentina ART" y
    30/09/2013, autos "Robelli, Gastón H. c. Asociart ART SA"), entendieron
    que la variación del índice RIPTE debía ser utilizado como mecanismo de
    indexación de las previsiones de los arts. 14.2 y 15.2 de la Ley 24.557,
    incluyendo procesos en trámite.
    
    5.- Por su parte, en una variante de la tendencia anterior, la Sala II
    (CNAT, Sala II, 11/11/2013, en autos "Ronchi, Jorge Hugo c. Consolidar ART
    SA" y "Véliz, Mauricio Alejandro c. SMG ART SA") limitó dicha aplicación a
    los valores mínimos establecidos en el Decreto 1694/2009.
    
    6.- Por el contrario, las Salas IV (CNAT, Sala IV, 29/11/2013, autos
    “Rodríguez, Marcos Ezequiel c/Asistencia y Remolques”) y X (CNAT, Sala X,
    22/10/2013, autos "Silveira, Roberto Carlos c. La Caja ART SA" y
    15/10/2013, autos "Batet, Julio César c. QBE ART SA"), rechazaron la
    aplicación de la Ley 26.773 a las contingencias cuya primera manifestación
    invalidante fuera anterior a la entrada en vigencia de dicho articulado.
    
    7.- Oportunamente, el Dr. Eduardo Álvarez, en lo relativo al Artículo 4°
    de la Ley 26.773, se pronunció por la irretroactividad de la norma
    (Dictamen pronunciado en expediente N° 53.199/2012-Sala V, “Virgilli,
    Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/ Accidente –
    Acción Civil”). Sin embargo, al analizar la aplicación del artículo 8°,
    propugnó su aplicación a supuestos acaecidos con anterioridad a la primera
    manifestación invalidante (autos: “DÍAZ CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA ART
    S.A. S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL”, EXPTE. NRO. 14.923/2012 – SALA I-
    Dictamen N° 58.996 del 18/11/13).
    
    IV.- A continuación, resumiré las posturas doctrinarias:
    
    1.- Por una parte, se encuentran los que postulan la aplicación
    “inmediata” de la nueva ley laboral más beneficiosa, con fundamento en el
    principio de progresividad y la equidad y, en tal entendimiento,
    cuestionan la validez del artículo 17, inciso 5°, ley 26.773; o defienden
    la aplicación “inmediata” en función de las “consecuencias” las que alude
    el artículo 3° C.C., equiparando aquéllas a la falta de pago (conf.
    Cornaglia, Ricardo J., “Aplicación inmediata de la ley laboral más
    beneficiosa”, LA LEY 02/11/2011 , 1 • LA LEY 2011-F , 841, entre muchos
    otros trabajos del mismo autor; SHICK, Horacio, “Aplicación de las mejoras
    indemnizatorias dispuestas por el decreto 1694/09 y la ley 26.773 no
    canceladas a la fecha de su entrada en vigencia”, DT 2013 (agosto) , 2052,
    entre otros ensayos de su propia autoría)
    
    2.- En otro sector se ubican los autores que entienden que la
    actualización del artículo 8° debe ser aplicada en forma inmediata, por
    expresa previsión del inciso 6°, del artículo 17, que resultaría ser una
    excepción al principio general establecido en el inciso 5° (conf.
    BARREIRO, Diego A. - FORMARO, Juan J., "El ajuste por RIPTE establecido
    por la ley 26.773". Publicado en: DT, 2013 (agosto), 2016.; GABET,
    Alejandro, “La ley 26.773 permite ajustar -según el índice RIPTE- las
    prestaciones en dinero por incapacidad laboral permanente acaecidas con
    anterioridad a su entrada en vigencia”, LLGran Cuyo 2013 (diciembre),
    1161, entre otros).
    
    3.- También se han pronunciado quienes argumentan que la ley no puede ser
    aplicada a supuestos anteriores a su entrada en vigencia, puesto que así
    lo ha dispuesto el Legislador en el inciso 5° del artículo 17, la Ley
    26.773 y las leyes no pueden ser aplicadas en forma retroactiva, si ellas
    mismas así no lo han dispuesto; y que la falta de pago no es una
    “consecuencia” de las previstas en el artículo 3 C.C. (conf. RAMÍREZ, Luis
    E., “Riesgos del trabajo: ¿Es aplicable el decreto 1694/09 a contingencias
    anteriores a su entrada en vigencia?, DT 2011-junio, 1534 - LA LEY
    28/07/2011, 3 - LA LEY 2011-D, 376; del mismo autor “Las prestaciones
    dinerarias de la LRT, después de la ley 26.773: un modelo para armar”,
    Rev. De Derecho Laboral 2013-1, ley de riesgos del trabajo IV/ dirigido
    por Mario Eduardo Ackerman – 1ª ed. – Santa Fe- Rubinzal Culzoni, 2013,
    pág. 83 y ss.; ACKERMAN, Mario E., “El RIPTE y su ámbito temporal de
    aplicación”, DT 2014 –julio-, 1927; OJEDA, Raúl Horacio, “La aplicación
    del RIPTE (Ley 26773) no es retroactiva”, Revista de Derecho Laboral
    Actualidad, RC D 960/2014; GARCÍA VIOR, Andrea E., “Reglamentación de la
    Ley de Riesgos del Trabajo. Cuantificación actual de su resarcimiento”, DT
    2014-mayo, 1335; FOGLIA, Ricardo A., “La aplicación del índice RIPTE a
    contingencias ocurridas antes de la vigencia de la ley 26.773”, DT 2013-
    noviembre, 3025, entre otros)
    
    V.- Anticipo que mi respuesta al presente Plenario, será negativa, dejando
    a salvo las retroactividades dispuestas expresamente por el Legislador en
    los incisos 1° (in fine) y 7°, del artículo 17.
    
    En efecto, sostengo que el resto de los dispositivos de la ley 26.773 no
    son aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante
    se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín
    Oficial.
    
    Pasaré a dar los fundamentos que sostienen mi decisión.
    
    1.- Advierto que el artículo 3°, ley 26.773 introdujo una nueva prestación
    dineraria -equivalente al 20% de las indemnizaciones dinerarias-, por lo
    que, en virtud del inciso 5° del artículo 17, corresponde que sea aplicado
    en los casos de primeras manifestaciones invalidantes producidas con
    posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial.
    
    En tal sentido, y porque se trata de una nueva obligación, caben aquí las
    mismas conclusiones a las que arribó el Plenario “Rey, José J. c. Viñedos
    y Bodegas Arizu S.A.” (21/12/1971) de la Cámara Nacional en lo Civil,
    cuando sentó que el daño moral incorporado por la ley 17.711 no podía ser
    aplicado a los daños causados con anterioridad a su vigencia.
    
    Este criterio fue ponderado positivamente por la Corte Suprema de Justicia
    de la Nación en autos “Edelberg” (Fallos: 291:390) y posteriormente
    seguido por los siguientes fallos Plenarios de la Cámara Nacional de
    Apelaciones del Trabajo, “Prestigiácomo” (LA LEY 1981-C); “Villamayor” (LA
    LEY 1991-B, 441 • DT 1991-A, 710 • DJ 1991-1, 862).
    
    Como puede apreciarse, la problemática aquí discutida, y que tiene en el
    centro de la escena a la persona humana que ha sido víctima de un daño,
    tiene larga data y ha sido resuelta, en cada plenario convocado al efecto,
    del modo antedicho: sin aplicación de la nueva ley a los hechos
    generadores de responsabilidad, ya fuera civil o laboral.
    
    Más adelante analizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
    Justicia, la que es conteste con este criterio.
    
    2.- En lo tocante al artículo 4°, resultan trasladables los mismos
    argumentos –lustrosamente expuestos en los Plenarios ya citados-, puesto
    que la cláusula introduce un requisito –antes, inexistente: la obligación
    de optar entre el régimen tarifado o el Civil.
    
    En consecuencia, el “hecho constitutivo” de la nueva obligación (primera
    manifestación invalidante) generará una nueva “situación jurídica” en la
    cual, la opción por uno u otro régimen comportará la renuncia del otro.
    
    En tal sentido, verifico que, de seguirse la tesitura doctrinaria y
    jurisprudencial que entiende que la “falta de pago” es una “consecuencia”
    de las mentadas en el artículo 3° del Código Civil y, en tal
    entendimiento, propugna la aplicación “inmediata” de la Ley 26.773,
    ocasiona un grave perjuicio a todos los trabajadores que percibieran sus
    acreencias luego de la entrada en vigor de la ley 26.773, puesto que la
    aplicación “inmediata” de la norma a sus supuestos les impediría el acceso
    al ámbito de responsabilidad civil (pues se entendería que ya “optaron”).
    
    Sin lugar a dudas, este no ha sido el espíritu de la norma y prueba que de
    lo que se trata es de una aplicación netamente “retroactiva” de la ley, y
    no “inmediata”, como un sector pretende.
    
    A mayor abundamiento, insistir en la aplicación retroactiva de la ley,
    cuando su aplicación es fuertemente resistida por los operadores
    jurídicos, particularmente, por quienes proclaman la vigencia “inmediata”
    del RIPTE (conf. SCHICK, Horacio, “Reforma a la ley de riesgos del
    trabajo. Un viraje regresivo en materia de daños laborales”, Sup. Esp.
    Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012 (noviembre), 22; GIALDINO, Rolando
    E., “Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. La vigencia de
    un instrumento cristalizador de derechos humanos”, DT 2014 (enero), 8, del
    mismo autor “Opción excluyente de la ley 26.773 y principios de
    progresividad y de opción preferencial”, LA LEY LXXVIII- 28, 1  - DT 2014
    (marzo), 729  - IMP 2014-5, 203; entre otros autores) merece un debate más
    intenso.
    
    De tal forma, esta “opción excluyente” correrá idéntica suerte que los
    incisos anteriormente analizados, puesto que en todos ellos es de plena
    aplicación lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 17.
    
    3.- Ahora bien, en el inciso 5° del artículo 17, Ley 26.773 radica la
    principal temática en torno al presente Plenario.
    
    Abordaré su análisis con distintos métodos de interpretación, a fin de
    aproximarme a su verdadero sentido y alcance, intentando develarlo  de
    forma coherente con todo el ordenamiento y la legislación constitucional e
    internacional.
    
    a.- En primer lugar, incumbe el análisis gramatical del texto en cuestión,
    pues: “Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se
    fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los
    principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y
    en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en
    consideración las circunstancias del caso.” (conf. Art. 149º C. Mendoza)
    
    Las bondades de la interpretación gramatical también han sido destacadas
    por la Sala I de este Tribunal, quien ha manifestado que: “…No debemos
    olvidar que el régimen de interpretación de la Convención de Viena sobre
    el Derecho de los Tratados (1969, C. Viena DT) se atiene al "principio de
    la primacía del texto…” (L.S 443-163)
    
    Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994)
    se inscribe en esta misma postura (arg. art. 2°), rezando que: “La ley
    debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades,
    las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
    derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
    coherente con todo el ordenamiento”.
    
    Así las cosas, resulta del texto normativo que: - las disposiciones
    “atinentes” a las prestaciones en dinero y en especie de la ley 26.773,
    tendrán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
    
    En consecuencia, sólo una vez publicada en el Boletín Oficial (26 de
    octubre del 2012) las disposiciones “atinentes” a las prestaciones en
    dinero y en especie de la ley 26.773 pueden ser aplicables a los supuestos
    allí detallados, según el texto legal.
    
    En su oportunidad, la norma no clarificó qué debía entenderse por
    “disposiciones atinentes a las prestaciones (…) de esta ley”. Fue recién
    el decreto reglamentario 472/14 (B.O. 11/04/2014), el que en su artículo
    8° especificó a qué institutos cabía la referencia. Ello así, la
    actualización conforme el índice RIPTE sólo correspondería para los
    supuestos del artículo 11.4 (“adicionales de pago único”) y para los pisos
    mínimos de las indemnizaciones tarifadas, según dicha reglamentación.
    
    En tal cometido, tanto las resoluciones 34/13, 3/12 y 22/14, como el
    Decreto Reglamentario 472/14 han sido contestes en regular sólo los pisos
    mínimos establecidos por el decreto 1694/09 y los montos de las
    prestaciones dinerarias de pago fijo (art. 11), así como la reparación
    adicional del artículo 3° y las disposiciones atinentes al artículo 4°.
    
    - El artículo hace expresa alusión a la “primera manifestación
    invalidante” –en adelante, 1ª MF- como hito para delimitar la aplicación
    de la nueva ley.
    
    Así, de la dura letra resulta que: luego de su publicación en el Boletín
    Oficial, se aplicará a las nuevas contingencias que resulten de nuevas
    primeras manifestaciones invalidantes.
    
    Conforme o no con el articulado, así se encuentra redactado y la cláusula
    no efectúa ningún distingo ni ninguna referencia ni al accidente, ni a la
    definitividad, ni a la falta de pago.
    
    En tal sentido, el Legislador ha efectuado una elección clara que no puede
    soslayarse al tiempo de realizar la interpretación del inciso en cuestión,
    salvo el supuesto en el que se considere que dicha legislación ha sido
    violatoria de cualquier derecho constitucional, y por tanto, merecedora de
    la tacha de inconstitucionalidad en el caso concreto.
    
    - De consuno con lo expuesto, del texto de la norma surge su
    irretroactividad.
    
    b.- Por otra parte, del análisis finalista resulta:
    
    (i) Que el Legislador ha buscado mejorar la condición económica de los
    créditos por riesgos de trabajo, pero no ha elegido la fórmula utilizada
    por el dictamen de minoría, que transcribía la letra del artículo 3° del
    Código Civil.
    
    Esto se desprende del mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, de fecha 19
    de septiembre de 2012 (Orden del día 1041, impreso el 25 de septiembre de
    2012, Dirección General de Publicaciones, Sesiones Ordinarias, Congreso
    Nacional, Cámara de Senadores).
    
    En tal sentido, verifico que no fue intención legislativa la de aplicar la
    ley a los supuestos ya producidos, aunque impagos.
    
    - Por el contrario, cuando el legislador ha querido disponer en el sentido
    apuntado, así lo ha hecho expresamente, de forma tal de despejar toda
    duda.
    
    Así acaeció con la ley N° 20.695 (B.O.: 13/08/74), que motivó el
    pronunciamiento de la Corte Federal en el precedente “Camusso” (Fallos
    294:434), ya que, mediante dicha normativa, se autorizó expresamente
    –léase: por imperio Legislativo- la actualización monetaria a los procesos
    en trámite.
    
    En efecto, dicha norma dispuso, en su art. 1°, que los créditos
    provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados
    judicialmente, serían actualizados teniendo en cuenta la depreciación
    monetaria que operase desde que cada suma fuera debida, y hasta el momento
    de su efectivo pago.
    
    Asimismo, de conformidad con la parte final de la citada norma, la
    actualización debía ser efectuada por los jueces (de oficio o a petición
    de parte), sobre la base de los índices Oficiales de incremento del costo
    de la vida.
    
    Finalmente, por manda del art. 2°, sus previsiones serían aplicables
    incluso a los juicios en trámite al momento de entrar aquélla en vigencia,
    comprendiendo el proceso de ejecución de sentencia y cualquiera fuera la
    etapa en que esos juicios se encontrasen.
    
    En consecuencia, tres son -por lo menos- las diferencias entre las leyes
    20.695 y 26.773:
    
    · En la ley 20.695 la retroactividad fue dispuesta por la ley (arg. art.
    3° C.C.); mientras que en la ley 26.773 la irretroactividad es la regla.
    Lo que es más, en la ley 26.773 no existe mención alguna de su aplicación
    retroactiva a los juicios en trámite, a diferencia de la N° 20.695.
    
    · En la primera de las mencionadas, la actualización debía ser efectuada
    por los jueces; mientras que en la actual, ello debe ocurrir de la mano de
    la Secretaría de Seguridad Social.
    
    · En el régimen instaurado por la ley 20.695, quien debía probar la
    afectación a sus derechos constitucionales era el obligado al pago. A él
    incumbía la demostración de la irrazonabilidad de la medida. En el régimen
    actual, dicha carga recae sobre el trabajador.
    
    -Ello así, no existiendo expresa disposición normativa tendiente a dar
    aplicación retroactiva a la normativa –por el contrario, se impone la
    conclusión inversa- no cuadra realizar una interpretación finalista
    diferente a la aquí expuesta, y menos aún, trasladar los fundamentos del
    precedente “Camusso” a la normativa vigente.
    
    (ii) En segundo término no considero que el principio de progresividad
    justifique la aplicación retroactiva de la ley. Antes bien, importará que
    el Estado Argentino no podrá emitir leyes regresivas a la 26.773 y, en su
    caso, servirá de parámetro para analizar la validez constitucional de esta
    última, pero quienes argumentan que es el fundamento de la aplicación de
    la nueva ley a todos los casos hoy en trámite o impagos, comenten los
    siguientes yerros.
    
    - En primer término, inconsistencias lógico -jurídicas y económicas que se
    derivan en la afectación de otros derechos de igual rango y en la
    anulación de la seguridad jurídica.
    
    · En efecto, ante todo, encierra una grave contradicción lógica, pues no
    da explicación plausible de por qué se considera que el artículo 8° debe
    ser aplicado en virtud del principio de progresividad a los siniestros
    acontecidos con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín
    Oficial, pero a renglón seguido se niega la aplicación inmediata del
    artículo 4° y su complementario Artículo 17.2, de la misma Ley, aduciendo
    su carácter regresivo.
    
    Es decir, según sus defensores, la ley 26.773 resultaría progresiva y
    regresiva al mismo tiempo, contradicción lógica insuperable (no puede
    predicarse de A que es B y, simultáneamente, de A que no es B).
    
    · Para salvar este escollo, se comete un nuevo yerro de gravedad
    institucional: sostener la inconstitucionalidad en abstracto de la
    cláusula que les resulta inconveniente (vgr. artículo 17, inc. 5, norma
    transitoria), atribución que no es propia de los poderes judiciales de
    sistema difuso, como el argentino.
    
    · Lo que es más, en tal cometido, se disgrega el sistema según la
    particular conveniencia de cada uno, proponiendo el criterio de
    atomización para evaluar la benevolencia de la normativa, armando un
    régimen “a la carta”.
    
    En efecto, se afirma sin hesitación que el artículo 8° debe ser aplicado
    de forma “inmediata” –en su particular concepción de lo que entienden del
    artículo 3° del C.C.- pero a renglón seguido se niega la misma aplicación
    “inmediata” del artículo 4° (opción excluyente).
    
    Cabe recordar que dicho criterio (ATOMIZACIÓN) ha sido descartado por la
    doctrina y jurisprudencia mayoritarias, desde antaño (conf. DEVEALI, Mario
    L., “La pluralidad de las fuentes y el principio del régimen más
    favorable”, DT 1962-65, citado por MAZA, Miguel Ángel, “Ley de Contrato de
    trabajo comentada y concordada” – Coordinada por Ojeda, Raúl Horacio- 2ª
    ed.- Santa Fe: Rubinzal- Culzoni, 2011, p. 59/60), y por tal motivo, el
    artículo 9° de la L.C.T. adoptó el sistema de conglobamiento por
    instituciones, dado que aquél  transgrede totalmente la regla de la
    aplicación integral de la ley vigente, que impide a los jueces construir
    un ordenamiento con los aspectos que se estimen más convenientes de
    diversas leyes (C.S.J.N. Fallos 319:1514).
    
    · En contra de esta tendencia, resultan señeras las enseñanzas del Dr.
    Ricardo Luis Lorenzetti, expuestas en la causa “Soria” (330:1550), en
    torno a que: “…El juicio de calificación no puede afectar los derechos del
    debido proceso, cambiando por vía pretoriana la pretensión que ya ha
    contestado la demandada, ni tampoco utilizar reglas pertenecientes a
    distintos ámbitos desarticulando la lógica de la ley (…) Finalmente, que:
    “…no es admisible la acumulación (…) en distintos aspectos y según
    convenga en el caso. El derecho vigente no permite esa vía y la misma
    tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad…”
    
    · Lo que es más, la pretendida aplicación inmediata de la ley 26.773,
    puede generar mayores perjuicios a los trabajadores con procesos en
    trámite, dado que se ha comprobado que la aplicación del régimen anterior,
    aunada al cómputo de intereses moratorios desde que la prestación “es
    debida” (conf. Resolución 414/99), puede generar montos indemnizatorios
    más beneficiosos para los trabajadores que los que se obtienen con la
    aplicación del índice RIPTE del período correspondiente.
    
    · Es decir, en abstracto, no puede predicarse que la aplicación a
    contingencias anteriores de ley 26.773 conduzca a una situación más
    beneficiosa para el trabajador.
    
    · En tal sentido, y al sólo efecto informativo, puede citarse el muy
    reciente (08/04/15) pronunciamiento de la Sala Unipersonal de la Primera
    Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de esta
    Provincia (conformada por la Dra. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI), en autos
    Nº 49.541, caratulados: "JOFRE RAUL DARIO C/ PREVENCION ART S.A. P/ ENF.
    ACCIDENTE”, donde se concluyó que la aplicación del índice RIPTE en el
    supuesto llevado a análisis arrojaba la suma de $  $192.638,52 al mes de
    Abril/15 (conf. Resolución SSTN N° 6/15); mientras que con el monto
    establecido conforme la normativa anterior y los intereses moratorios
    devengados (65,05%) se arribaba a la suma de $289.948,03.
    
    - Por otra parte, y aun cuando se hiciera caso omiso de estos importantes
    escollos lógico jurídicos que disgregan el sistema y violan la seguridad
    jurídica de todos los argentinos, olvidan que de esta forma también
    lesionan el principio de legalidad, íntimamente vinculado con el debido
    proceso adjetivo (arts. 18 y 19 C.N.) y el debido proceso legal (art. 18
    C.N.), garantías constitucionales que exigen que toda condena sobre
    derechos de igual raigambre se funde en la previa existencia de ley
    emanada del Congreso (conf. GELLI, María Angélica, “Constitución de la
    Nación Argentina: comentada y concordada/ María Angélica Gelli – 3ra ed. –
    Buenos Aires – La Ley – 2005, pág. 248 y ss.).
    
    Dicho principio de legalidad, así como el de irretroactividad de la ley,
    se encuentra previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
    en el artículo 9°, que reza: “Nadie puede ser condenado por acciones u
    omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el
    derecho aplicable…”
    
    A garantizar estos principios se ha comprometido expresamente el Estado
    Argentino.
    
    · La propia Corte Interamericana ha insistido en que estos dos principios
    son fundantes de un Estado de Derecho y que deben presidir la actuación de
    todos los órganos del Estado, en sus  respectivas competencias. (Cfr. Caso
    “Fermín Ramírez”, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C No. 126, párr.
    90; Caso “Lori Berenson Mejía”, Sentencia de 25 de noviembre de 2004.
    Serie C No. 119; Caso “De la Cruz Flores”, Sentencia de 18 de noviembre de
    2004, Serie C No. 115, párr. 80; Caso “García Asto y Ramírez Rojas”,
    Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párr. 187, entre
    muchos otros)
    
    A su vez, afirmó que: “…es indispensable que la norma punitiva, sea penal
    o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que
    ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende
    sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus
    efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que
    se considera infractor…”
    
    De lo contrario, vaticinó: “…los particulares no podrían orientar su
    comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se
    expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los
    fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad
    desfavorable de una norma punitiva…” (C.I.D.H., Caso “Baena Ricardo y
    otros Vs. Panamá”, Sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, Serie C 72,
    párr. 106)
    
    · En virtud de la mentada irretroactividad, dicha Corte se consideró
    incompetente para entender en el Caso “Curtis Francis Doebbler” (Sent. de
    fecha 27 de noviembre de 2013, Serie C, N° 275, párr. 19), toda vez que
    los hechos denunciados acaecieron con anterioridad a que el Estado
    involucrado (Perú) depositara el documento de ratificación de la
    Convención aplicable en el conflicto.
    
    · Añado que, el propio Tratado de Viena sobre aplicación de los contratos
    ha previsto expresamente la irretroactividad de los mismos (arg. art. 28),
    siendo contestes con este principio todos los Tratados internacionales
    incorporados a nuestra Carta Magna, los que parten de la ratificación como
    hito para la ulterior aplicación de su normativa (a modo ejemplificativo,
    véase arg. art. 74, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts.
    26.2 y 27, Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y
    Culturales; arts. 48.2 y 49, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos; arts. 8.2 y 9 del Protocolo Facultativo del pacto Internacional
    de Derechos Civiles y Políticos; art. XIII de la Convención para la
    Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, entre muchas otras).
    
    · No se me escapa que los propios tratados de la O.I.T. también contienen
    el principio de la irretroactividad, postulando su aplicación sólo para lo
    futuro, a partir de la ratificación (entre muchísimos otros, véase
    artículos 14 y 15, C87; arts. 7 y 8 C 98; arts. 10 y 11 C 151).
    
    · A mayor abundamiento, no puede perderse de vista que una limitación
    (garantista) que tiene el Estado, a la hora de reglar los derechos de las
    personas bajo su égida, es que al limitar la libertad imponiéndoles “un
    hacer” o un “no hacer”, lo debe instrumentar mediante ley.
    
    En nuestro Derecho, importa que dicha norma debe ser elaborada por el
    Congreso de la Nación antes del acaecimiento del hecho (arg. arts. 1, 18,
    19 y 75.12 C.N.), puesto que es un principio arquitectónico de la
    República la división de poderes, la que comporta la exclusividad de
    competencias en determinadas áreas. El Poder Judicial, por su parte, sólo
    posee el control de constitucionalidad, pero no puede arrogarse
    atribuciones legislativas (conf. MODON, Mario A. R., “Constitución de la
    Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y
    jurisprudencial. Dirigido por Daniel A. Sabsay y coordinado por Pablo L.
    Manili, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2009).
    
    - Desde otro costal, tampoco explica la doctrina criticada cómo
    funcionaría el principio de progresividad en contra de otros derechos
    constitucionales que gozan de idéntica jerarquía, tales como el de
    propiedad (art. 17 C.N.) y el de defensa en juicio de la contraria (art.
    18 C.N.), siendo que estos últimos también se ubican en la Carta Magna.
    
    · En efecto, quienes sostienen el principio de progresividad en la
    aplicación de las nuevas leyes, sin límite alguno -aún en contra de los
    propios términos legales-, no hacen más que negar el derecho de propiedad
    y de defensa en juicio de la contraparte, lo que no es otra cosa que negar
    a la propia Constitución.
    
    Por el contrario, una adecuada hermenéutica, requiere que se parta de la
    base de la unidad del derecho, especialmente del Constitucional,  de forma
    tal de “no dejar nada fuera, y de maximizar la potencialidad de todas las
    normas que consagran derechos” (TOLLER, Fernando M., “Interpretación
    Constitucional” / Coordinador Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Tomo II, Ed.
    Porrúa, México, 2005).
    
    En sentido concordante, la Sala I de este Tribunal –por mayoría- ha
    sostenido que: “…En la Constitución Nacional no existen derechos absolutos
    (Fallos 304:319 y 1293; 312:318), todo derecho debe ser compatibilizado
    con los demás derechos enunciados en la Constitución (Fallos 311:1439;
    254:58), con los derechos de la comunidad (Fallos 253:134) y con los
    derechos que aquélla establece (Fallos 304:1525). -La Declaración
    Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de jerarquía
    constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.), establece en su artículo
    XXVIII, que “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos
    de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del
    bienestar general y del desenvolvimiento democrático…” (L.S 443-163 y en
    los autos N° 107.685, caratulados: “Gobierno de la Provincia de Mendoza en
    J.86.744/34.379 Escobar Ana Ruth y ots. C/Dirección del Servicio
    Penitenciario y Gobierno de Mendoza p/Acción de Amparo s/Inc. Cas.”
    sentencia del 22/11/2013.)
    
    · Dicha finalidad bien puede lograrse, en este ámbito, analizando la
    constitucionalidad del régimen vigente al momento de la Primera
    Manifestación Invalidante, en cada caso concreto, cuando llegue el tiempo
    de la sentencia definitiva de la causa, en ejercicio del control difuso
    que es propio de nuestro Poder Judicial, tal y como lo tengo dicho
    reiteradamente desde mis pronunciamientos en autos “Coria” (LS 441-241) y
    “Bizzotto” (443-214), sobre los que volveré más adelante.
    
    - Asimismo, con esta corriente, se pierde de vista que el principio de
    progresividad está dirigido al órgano LEGISLATIVO y a la Administración
    -en cuanto implementa políticas públicas-, de modo tal de restringir el
    espectro de posibilidades de las mismas en pos de una mejora continua del
    goce de los derechos humanos, pero siempre sujeto a las posibilidades
    económicas de cada Estado.
    
    · Así lo tiene dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales en la Observación General N° 3, donde ha sentado que una vez
    alcanzado un determinado nivel de protección se ve restringida la amplia
    libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales,
    al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección
    alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente
    contradice el mandato de progresividad, lo cual no sólo es aplicable
    respecto a la actividad del Legislador sino también respecto a la
    actuación de la Administración en el diseño y ejecución de políticas
    públicas en materia de derechos económicos sociales y culturales al igual
    que cualquier rama de los poderes públicos con competencias en la materia.
    (Conf. Observación general 3 de 1990, Comité de derechos económicos,
    sociales y culturales).
    
    · En idéntico sentido se han pronunciado la mayoría de las Cortes
    iberoamericanas (v.gr. Costa Rica, España, Panamá, Colombia) sosteniendo
    que el principio de progresividad y su correlativo de no regresividad
    están dirigidos al poder Legislativo y a la Administración (conf. PEÑA
    CHACÓN, Mario, “Principio de prohibición de regresividad ambiental en la
    jurisprudencia comparada iberoamericana”, PNUD, 2013).
    
    · En doctrina, siguen esta posición Maza y Ackerman. (conf. MAZA, Miguel
    Ángel, “Una nueva reforma en materia de riesgos del trabajo. Dos puntos
    inicialmente conflictivos”, Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo
    2012, noviembre; y ACKERMAN, Mario E., “El llamado principio de
    progresividad y la jurisprudencia de la CSJN”, Revista de Derecho Laboral
    2014-1: el Derecho del trabajo en la Constitución Nacional I/ dirigido por
    Mario Eduardo Ackerman – 1ª ed.- Santa Fe: Rubinzal – Culzoni, 2014, p.
    107 y ss.)
    
    - Añado que, cuando se pretende fundar la aplicación “inmediata” en el
    principio de progresividad, ignorando la decisión del poder legislativo,
    se están desconociendo las posibilidades económicas de cada Estado.
    
    Las excepciones al mentado principio no pueden ser obviadas, puesto que se
    encuentran incorporadas en las mismas normas internacionales que han
    receptado dicho principio y tienen que ver con una visión “macro” de la
    economía de cada país.
    
    Estoy haciendo expresa referencia al artículo 2°.1 PIDESC que tiene
    previsto: “Cada uno de los Estados Partes (…) se compromete a adoptar
    medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga…”
    
    · Así las cosas, sin un profundo estudio económico, no puede sostenerse
    válidamente que Estado Argentino está en condiciones de disponer la
    aplicación de las leyes a todos los supuestos anteriores a la entrada en
    vigor de las mismas, sin que el sistema colapse.
    
    · Menos aún, olvidando que –por lo menos- le incumbe al órgano democrático
    de gobierno (vgr. el Congreso de la Nación) la determinación de qué normas
    pueden y cuáles no aplicarse a partir de su publicación a todos los casos
    existentes en el mundo jurídico, en virtud de la división de poderes (arg.
    art. 1° C.N.) y de la oportunidad y conveniencia de cada decisión
    política.
    
    · Y, con menor razón, en una particular interpretación del principio de
    aplicación inmediata de las leyes, contenido en un artículo ajeno al
    Derecho del Trabajo (el 3° del Código Civil), supletorio y opuesto al
    17.5, ley 26.773, que sí resulta específico de nuestro ámbito.
    
    (iii) En tercer término, desde el punto de vista de los fines que deben
    resultar señeros del ámbito de Riesgos del Trabajo, advierto que debe
    darse prioridad a la prevención y al restablecimiento de la salud del
    trabajador, en lugar de poner todo el esfuerzo argumentativo en la
    indemnización monetaria, dado que: “…Indemnizar no borra el daño del
    mundo; simplemente cambia el dinero de bolsillo…” (conf. Fernando
    Pantaleón, citado en autos: “Biondo, María Angélica s. Recursos de
    inconstitucionalidad y casación en: Biondo, María Angélica y otros vs.
    Tennerini, Osvaldo Domingo y otros s. Indemnización por muerte” ///
    Suprema Corte de Justicia, Sala II, Mendoza, 27-10-2014; RC J 8420/14)
    
    Por el contrario, se está relegando el derecho a la salud (consagrado
    entre otras normas en los artículos 25, Declaración Universal de Derechos
    Humanos; XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
    45, Carta de la Organización de los Estados Americanos; 10, Protocolo
    adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de
    San Salvador”; 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales; art. 42 y 75, inc. 22 C.N.), reconociendo la posibilidad de
    generar trabajadores siniestrados a cambio de dinero, sin que se aplique
    esfuerzo alguno por disminuir la siniestralidad ni los daños efectivamente
    causados a la integridad psicofísica.
    
    · En tal sentido, entiendo necesario memorar que, de conformidad con el
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,
    Observación General N° 14 (Fuente: Nº 1 a Nº 19: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I);
    Nº 20: E/C.12/GC/20; Nº 21: E/C.12/GC/21), el derecho a la salud abarca
    una amplia gama de factores socioeconómicos, entre los que se incluyen las
    condiciones sanitarias adecuadas y las condiciones de trabajo seguras y
    sanas, en un medio ambiente sano (párrafo 4; en el mismo sentido, ver
    párrafo 11), por lo que se debe hacer hincapié en las medidas preventivas
    y “reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable,
    las causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente
    laboral” (párrafo 15).
    
    Así las cosas, nuestro país se encuentra obligado internacionalmente a
    adoptar medidas necesarias para velar por el acceso igual a la atención de
    la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por
    terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no
    represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad,
    aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud;
    controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por
    terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la
    salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y
    deontología y porque los terceros no limiten el acceso de las personas a
    la información y los servicios relacionados con la salud (párrafo 35).
    
    · Es de resaltar que, para el Comité, los juristas tienen un papel
    importante en la tutela del derecho a la salud, pues: “Los Estados Partes
    deben alentar a los magistrados y a los demás jurisconsultos a que, en el
    desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al
    derecho a la salud” (párrafo 61).
    
    Asimismo, que: “… el derecho a la salud física y mental implica también el
    derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales -incluidos los
    aparatos ortopédicos- y a beneficiarse de dichos servicios, para que las
    personas con discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras
    discapacidades y promover su integración social. De manera análoga, esas
    personas deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de
    que logren "alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad".
    Todos los servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas
    de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su
    dignidad…” (Conf. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
    Observación General No. 5, “Personas con Discapacidad”. Naciones Unidas,
    Documento E/1995/22 (1994), párr. 34).
    
    · Lo que es más, la Corte Interamericana en sentencia contra nuestra
    República (C.I.D.H., CASO FURLAN Y FAMILIARES VS. ARGENTINA, SENTENCIA DE
    31 DE AGOSTO DE 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
    Costas) ha establecido varias pautas que no pueden seguirse olvidando en
    este ámbito tan sensible para la población entera:
    
    v las medidas de reparación no se centran exclusivamente en medidas de
    rehabilitación de tipo médico, sino que deben incluir aquéllas que ayuden
    a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones
    impuestas, con el fin de que dicha persona pueda “…lograr y mantener la
    máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la
    inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida…”, todo
    ello, de conformidad con la interpretación que el Tribunal efectúa del
    Artículo 26 de la C.D.P.D.
    
    v Todo tratamiento a personas con discapacidad debe estar dirigido “al
    mejor interés del paciente”, debe tener como objetivo preservar su
    dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad, así como a
    mejorar su calidad de vida (Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo,
    Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149,
    párr. 109.).
    
    v El derecho a la rehabilitación (previsto por los artículos 23 y 25 de la
    CDPD) implica la posibilidad de gozar del más alto nivel posible de salud
    sin discriminación por motivos de discapacidad, así como la obligación de
    adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
    discapacidad a servicios de salud.
    
    v La rehabilitación debe ser brindada en forma temprana y oportuna, para
    lograr un resultado idóneo, debe ser continua y abarcar más allá de la
    etapa de mayor complejidad inicial, con especial consideración del tipo de
    discapacidad que la persona tiene y ser coordinado por un equipo
    multidisciplinario que atienda todos los aspectos de la persona como una
    integralidad.
    
    v Los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo
    posible, en los centros más cercanos a los lugares de residencia de las
    personas y por todo el tiempo que sea necesario.
    
    - Insisto, toda vez que se incrementen las posibilidades de mejora de la
    salud del trabajador siniestrado, conforme el avance científico y
    tecnológico, las prestaciones sistémicas, en especie, deberán otorgarse a
    todos los interesados, sin limitación temporal alguna.
    
    Ello así, el eje de la materia no puede ser exclusivamente la cuantía
    monetaria de la indemnización dineraria sustitutiva. Por el contrario:
    “Las reparaciones no se agotan con la indemnización de los daños
    materiales e inmateriales (supra pár. 72 a 76 y 80 a 89), a ellas se
    agregan las otras formas de reparación (…) f) Tratamiento médico y
    psicológico…” (C.I.D.H., “Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala
    (Reparaciones), 2004)
    
    -Por todo, y dado que el Estado argentino ha legislado en la materia sobre
    las necesidades de las prestaciones de salud, la prevención y
    rehabilitación (v.gr. Ley 24.557 y complementarias) los magistrados
    deberían centrar su atención en el cabal cumplimiento de las obligaciones
    de prevención (arg. art. 1 L.R.T.) y de todas las previstas en el artículo
    20 y cc. de la L.R.T. por parte de las Aseguradoras, de forma tal de
    verificar si se realizó el mayor esfuerzo posible en aras a la mejora
    oportuna de la salud del trabajador.
    
    El principio de inmediación jugará un rol determinante, sin dudas, pero
    también lo serán los informes médicos que el Magistrado requiera, aun en
    forma complementaria a los requeridos por las partes (arg. arts. 69 y 19
    C.P.L.).
    
    También deberán apelar a las medidas precautorias que pudieran
    corresponder para garantizar la oportuna rehabilitación de los
    trabajadores.
    
    En este sendero se han enrolado numerosos tribunales de nuestro país a
    partir del pronunciamiento de la Corte Federal en autos “Camacho Acosta”
    (Fallos 320:1633).
    
    En definitiva, si no modificamos el eje de la discusión y centramos la
    actividad judicial en la salud del trabajador, sólo estaremos asistiendo
    –como simples espectadores- a la vil consagración de una “suerte de
    justicia distributiva de las indemnizaciones” (parafranseando a la Corte
    Suprema en autos “Aquino”, Fallos 327:3677).
    
    -De consuno con lo hasta aquí expuesto, resulta sumamente más valioso
    colocar el acento en la prevención y en las prestaciones en especie (art.
    Art. 20 L.R.T.), en lugar de incrementar la cuantía monetaria en contra de
    las posibilidades económicas del sistema, puesto que el colapso del mismo
    sólo repercutirá en contra de los mismos trabajadores a quienes se
    pretende tutelar.
    
    c.- Por otra parte, y desde el punto de vista de una interpretación
    sistemática, advierto que:
    
    (i) Con la nueva legislación, no hay dudas de que el derecho del
    trabajador nace y produce efectos desde el momento del acaecimiento del
    evento dañoso, o primera manifestación invalidante.
    
    -Así, se observa del artículo 2°, 3er párrafo, que ha previsto que: “El
    derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en
    que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento
    dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad
    profesional”.
    
    En tal sentido, este precepto es coherente con el artículo 17 inciso 5°
    que postula su vigencia para los nuevos supuestos.
    
    Evidentemente, este punto refiere a la mora debitoris, por lo que
    seguramente se deberá revisar la télesis del artículo 47 Ley 24.557
    (esbozada a partir de autos “La Caja en J° Oyola”, LS 312-206), en torno a
    los intereses.
    
    Por lo demás, es la "primera manifestación invalidante" (art. 17 inc. 5°
    in fine) el  factum a indagar para decidir cuándo nace el derecho del
    trabajador en este régimen, lo que se condice con el artículo 2° de la ley
    26.773 que ha dispuesto la producción de efectos desde aquél hito.
    
    De lo contrario se correría el riesgo de la doble actualización monetaria,
    toda vez que se permitiría el ajuste al momento de la sentencia a
    contingencias anteriores a la entrada en vigor de la norma (conforme la
    criticada interpretación del inciso 6°, artículo 17) y coetáneamente la
    imposición de intereses moratorios desde la primera manifestación
    invalidante (conforme el artículo 2° del mismo régimen).
    
    -Por otra parte, cabe recordar que, en aras a la prescripción liberatoria,
    el artículo 4° de la ley 26.773 la ha ubicado en el momento en el cual el
    trabajador recibe la comunicación que tiene prevista la misma.
    
    Es decir: hasta dicho tiempo, no nacerá la acción y, por consiguiente, no
    comenzará a prescribir la misma, pero sin embargo queda claro que el
    derecho se reconoce desde que aconteció el daño, de conformidad con el
    artículo 2°, 3er párrafo.
    
    -Por el contrario, en la redacción anterior, intereses y prescripción se
    derivaban del artículo 47, ley 24.557 y estaban a la determinación de la
    definitividad de la patología, con lo cual, se producía un grandísimo
    abismo entre la ocurrencia del hecho dañoso, el establecimiento del
    carácter definitivo del daño (art. 9) y la mora debitoris (res. 414/99
    S.R.T.).
    
    -La nueva formulación debería resultar disuasiva del incumplimiento y de
    las dilaciones en el pago, toda vez que mientras más demora se produzca en
    el trámite de determinación de la dolencia –y ulterior pago- más intereses
    devengará el siniestro a favor de la reconstitución del crédito del
    trabajador.
    
    -Por lo demás, y de esta forma, la legislación de riesgos del trabajo se
    inscribe en la doctrina civilista, que tiene dicho -desde antaño- que los
    intereses moratorios corren a partir del daño, pues es éste el que genera
    la responsabilidad (véase por ejemplo LS 325-091, con voto preopinante de
    la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, entre muchos otros precedentes de la
    Sala I de este Tribunal).
    
    -Tal criterio ha sido especialmente tenido en consideración por los
    legisladores al tiempo de la sanción de la ley 26.773, conforme se observa
    de la redacción del párrafo en estudio en este acápite (conf. fs. 9,
    último párrafo, Mensaje de elevación, Honorable Cámara de Senadores,
    Sesión Ordinaria, Orden del Día 1041, de fecha 19/09/12).
    
    Por consiguiente, sólo puede entenderse que el derecho a la reparación se
    computará a partir de la producción de los nuevos daños, producidos luego
    de la entrada en vigor de la ley 26.773, de conformidad con el artículo
    2°, párrafo 3°.
    
    (ii) A su vez, en el supuesto de concurrencia entre Aseguradoras (arg.
    artículo 47), el ente que recibió las cotizaciones en la oportunidad del
    artículo 2°, párrafo 3°, ley 26.773 será el obligado al pago de las
    reparaciones (en dinero y en especie), pero también, quien cargará con los
    riesgos de la falta de prevención y deberá asumir los costos que su
    desidia irroguen.
    
    (iii) Asimismo, y con independencia de los derechos de legalidad, defensa
    en juicio y propiedad de las Aseguradoras, la irretroactividad de la ley
    26.773 también es el principio que mejor compatibiliza los derechos de los
    trabajadores con los de los demandados, cuando éstos resulten ser personas
    físicas.
    
    Piénsese en la lesión a los derechos –no ya constitucionales- sino
    “humanos” de todos los mismos en la télesis de la aplicación “inmediata”
    de las leyes en los supuestos de accidentes de trabajo de empleados de
    casas particulares, producidos con anterioridad a la entrada en vigor de
    la ley 26.844 (BO. 12/04/13), y del decreto reglamentario 467/14 y
    Resolución General 3700/14, que incorporaron a dichos dependientes
    –efectivamente- en el régimen de la ley 26.773.
    
    En el entendimiento de la aplicación “inmediata” y progresiva de la nueva
    ley 26.844, en consonancia con la 26.773, ¿se condenará en forma personal,
    al empleador de casas particulares, que no tenía posibilidad de poseer
    cobertura de ley 26.773, antes de que ello fuera obligatorio y que por tal
    motivo carece de A.R.T. que lo sustituya en sus responsabilidades para con
    su trabajador?
    
    Nótese que el artículo 2°, inciso 2, punto b) de la ley 24.557 ya incluía
    al personal doméstico en el ámbito de protección de los riesgos de
    trabajo, pero no existía la reglamentación que posibilitaba la cobertura
    correspondiente, por lo que válidamente se podría argumentar en el sentido
    apuntado, si se compartiera dicha tesis.
    
    En efecto, se llegaría así a una finalidad no buscada por la ley: que
    todos los empleadores de casas particulares serían responsables
    personalmente por los daños sufridos por sus dependientes, con el alcance
    de la ley 26.773, aún antes de la entrada en vigor de la ley 26.844.
    
    ¿Se argumentará también aquí respecto a la aplicación inmediata de la
    nueva ley laboral más beneficiosa? ¿No se reconocerá la existencia de una
    lesión al derecho de propiedad, defensa en juicio, y principalmente, a la
    seguridad jurídica que nos implica a todos? ¿Qué sucederá cuando el
    demandado resulte ser otro sujeto de especial tutela constitucional, como
    la mujer o los discapacitados?
    
    Lo que es más, para argumentar en el sentido criticado, se debería estar
    dispuesto a extender los argumentos de la aplicación “inmediata” a todos
    los supuestos de nuevas leyes, civiles, comerciales, laborales,
    tributarias, etc., etc., etc., con lo que se anularía el Derecho mismo.
    
    Lo expuesto, llevado al extremo, demuestra la inconveniencia de esta
    tesitura, lo que justifica mi apartamiento.
    
    d.- Ahora bien, todo lo dicho me obliga a realizar un análisis de la
    doctrina que postula que el artículo 3° del Código Civil –y su espejo, el
    artículo 7 del Código Unificado- es la respuesta a todos los interrogantes
    propios de este Plenario.
    
    Sin embargo, la misma parte de una premisa errada: considera que la
    “inmediatez” es un simple concepto temporal (“dictada la ley, debe ser
    aplicada ahora”), cuando el “principi
  • EL VALOR DE LA VIDA DE UN TRABAJADOR

    Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo
    Autos: Galván, Héctor D. c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/Accidente - Acción Civil
    Fecha: 20-12-2013
    1. Corresponde condenar a una aseguradora de riesgos de trabajo al pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley Nº 24.557, bajo la modalidad de pago único, tomando en consideración las pautas establecidas en la Ley Nº 26.773, aplicando el RIPTE, aún cuando al momento de producirse el accidente in itinere, que le ocasionó al trabajador una minusvalía física y psíquica, la ley aplicable era la Ley Nº 24.557 según el texto del Decreto Nº 1278/2000, la cual  no representa la reparación total que le corresponde al trabajador, afectado sus derechos humanos de dignidad, de protección preferente de quien trabaja (art. 14 bis CN) y de propiedad (art.17 CN), al establecer una renta periódica (art. 14 inc. b de la LRT).
    2. El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres, pérdida real de ingresos que sufre el trabajador a consecuencia del infortunio, sin la aplicación de topes arbitrarios que desnaturalizan esa finalidad.
    3. Corresponde a quienes juzgan el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad oficiosos de las normas que corresponde aplicar en los casos concretos, debiendo abstenerse de aplicarlas si ello conlleva la lesión de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad federal y aún las preceptivas del derecho internacional de los tratados que obligan a la República Argentina en el orden internacional, que tienen jerarquía superior a las leyes internas (art. 75, inc. 22 CN).
  • LOS INTERESES USURARIOS DE LAS COMPAÑIAS FINANCIERAS Y EL DEBER DEL JUEZ DE ADECUARLOS

    La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial determinaron que siendo clara y evidente que la desproporción en la deuda reclamada es producto de la acumulación de intereses, lo cual los torna abusivos y usurarios, en encuentra autorizado el Tribunal a proceder de oficio en el punto.

    En la causa “Banco Itau Buen Ayre S.A. c/ Gravier Angela Rosa y otro s/ ejecutivo”, el juez de primera instancia dejó sin efecto cierta liquidación que otrora había sido aprobada judicialmente, ordenando practicar nuevas cuentas sin computar los intereses durante el período de tiempo en que las actuaciones no fueron objeto de impulso procesal.

    Ante la apelación presentada contra dicho pronunciamiento por el ejecutante, los jueces de la Sala C señalaron que “el acreedor incurre en mora cuando rehúsa la prestación que le es debida, o bien no presta la colaboración que requiere la naturaleza o índole de la obligación, absteniéndose de cumplir, cuando fuese necesario, los llamados actos preparatorios (Gagliardo Mariano, "La mora en el derecho civil y comercial. Su estructura y alcances", pág. 155, edit. Abeledo Perrot, 1979)”.

    En tal sentido, los camaristas explicaron que “así como la mora solutoria provoca un determinado número de desventajas que se traducen en un agravamiento del estado de sujeción, la creditoria ha de consistir en restar o disminuir potestades a su titular, como una manera de morigerar la situación del obligado que, queriendo hacerla cesar, no lo puede por la resistencia del titular”.

    En dicho marco, los magistrados sostuvieron que verificada en el presente caso aquella situación, podría “disponerse -como mecanismo tendiente a conjurar los efectos de la mora accipiens- la supresión del cómputo de intereses durante aquel período durante el cual el titular del crédito obstaculizó al deudor la posibilidad de cumplir con su obligación”.

    Sin embargo, el tribunal entendió que “parece dudoso que en este punto -y en tanto no existan circunstancias excepcionales-, pueda haber intervención oficiosa por parte del tribunal”, debido a que “no se trata de morigerar réditos -aspecto sobre el que no existe duda de que los jueces pueden proceder oficiosamente-, sino que de lo que se trata es de imputar al actor la comisión de una conducta en perjuicio del demandado, y hacerlo responsable de ello, impidiéndole percibir intereses por cierto período de tiempo”, resolviendo que la decisión del juez de grado sobre este punto resultó cuanto menos prematura, desde que fue adoptada sin intervención de la parte contraria.

    Por otro lado, la mencionada Sala decidió en el fallo dictado el 17 de septiembre de 2013 que correspondía confirmar la resolución recurrida en cuanto ordenó practicar nuevas cuentas.

    Al pronunciarse de este modo, los camaristas tuvieron en cuenta que resulta “clara y evidente desproporción es producto de la acumulación de intereses, lo cual los torna abusivos y usurarios, encontrándose el Tribunal autorizado a proceder de oficio en el punto”, agregando a ello que no configura “impedimento para así proceder la existencia en autos de sentencia firme que dispuso la aplicación de tal mecanismo - anatocismo-, para el cálculo de los acrecidos”.

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