Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

Jurisprudencia

  • La carga probatoria de la corrección del sueldo es del empleador

    La Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo, manifestó que demostrar el nivel salarial alcanzado por los empleados con idéntica jerarquía laboral a la que tenía el trabajador demandante era más fácil para la empleadora, dado que ésta última podía acceder de modo más sencillo a la información necesaria.

    Finalmente, el tribunal de grado sentenció que correspondía “declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en la nor-ma aludida, puesto que la suma que debe estimarse conforme los parámetros referidos, excede en mucho el importe establecido como tope por el Ministerio de Trabajo al momento del distracto”.

    La sentencia se encuentra a disposición del visitante

  • Socio Empleado

    La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo, condenó a la EMPRESA a indemnizar a un trabajador que reclamaba ser empleado de una SRL y que, lo hizo pasar por socio. El preopinante (Dr. Vilela) citó el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que los integrantes de una sociedad que presten su "actividad" de forma habitual serán considerados trabajadores en relación de dependencia

    Aseguró que el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo es aplicable dado que permite definir "cuál es el status jurídico del socio que presta a la sociedad toda o parte principal de su actividad, en forma personal y habitual, con sujeción a instrucciones o directivas que se le impartan, y así permite acumular ambas calidades: la de socio y la de empleado".

    El actor también solicitó que se "condene de forma solidaria" al socio gerente de la empresa. Al respecto, el preopinante explicó que "el análisis para viabilizar la extensión de responsabilidad requiere tener en cuenta si medió culpa o dolo del director en el manejo de las cuestiones a su cargo, y que deben analizarse entonces los alcances del standard de conducta que establece el artículo 59 de la Ley 19.550, que deben observar los administradores en el manejo de los negocios sociales: obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios". Lo que no se daba en el caso de marras.

    En consecuencia, los camaristas determinaron revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la firma a abonar una indemnización al actor de Pesos TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA .

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  • Las gratificaciones no le fueron gratas a los demandados


    La Sala IX de la Cámara del Trabajo, confirmó una decisión de primera instancia en lo principal y elevó el monto de condena a una empresa empleadora por el despido arbitrario de un trabajador. En la indemnización fijada a favor del actor, superior a los 430.000 pesos, se incluyeron los bonus por cumplimiento de objetivos y conceptos tales como el uso de un celular y el acceso a un automóvil.

    El fallo de grado valoró como parte integrante del salario del trabajador, -al momento de calcular las indemnizaciones laborales-, los bonus que abonaba la empresa en concepto de premios por cumplimiento de objetivos y otros rubros como el uso de un teléfono celular. Contra este pronunciamiento interpusieron recurso de apelación el demandante y también los demandados.

    El tribunal se pronunció sobre la cuestión del “bonus”. Sostuvo que sobre el punto que la “reiterada alusión a políticas de fijación o al invocado sistema de objetivos para evaluar el pago de bonus sin ninguna otra concreción que le de sustento ni ningún otro respaldo objetivo y concreto que permita evaluarlo en tales términos, luce infundada”.

    A su vez, la Cámara manifestó que “la invocada vinculación de la exigibilidad del rubro en cuestión con pautas objetivas o cualquier otra condición, tal como la permanencia en el puesto de trabajo al momento de su pago, se presenta como una mera expresión dogmática”.

    Luego, el Tribunal Laboral determinó que era prudente modificar la decisión de primera instancia e “incluir en la base del cálculo la suma proporcional correspondiente al bonus anual percibido por el trabajador”. Explicó además que los accionados no habían acreditado los extremos que tornaban viable la aplicación de la doctrina sentada en el plenario “Piñol c/Genovesi” y que por esto resultaba improcedente lo resuelto en aquella causa.

    Por otra parte, con respecto a los rubros “uso de teléfono celular” y “uso de automóvil” que cuestionaron los demandados y que fueron incluidos en primera instancia en el resarcimiento la Cámara del Trabajo sostuvo que “su uso y goce fue puesto a libre disposición del demandante sin acotarse a la exclusiva asignación y desempeño de la tarea propia del actor”.

    Por estas razones el Tribunal Laboral de Apelaciones confirmó el fallo apelado en lo principal y resolvió elevar el monto de la indemnización por despido arbitrario a la suma de 438.620,10 pesos más intereses. Las costas fueron impuestas en ambas instancias a la parte demandada.

    El fallo se encuentra a disposición del visitante


    (Gentileza Diario Judicial)

  • Si te hostigan... la ART también paga


    La Justicia de Mendoza condenó a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo a cubrir el tratamiento de una trabajadora que sufrió padecimientos psicológicos como consecuencia del maltrato propinado por sus superiores. Afirmó que “la ART deberá cubrir el padecimiento psicológico de la trabajadora originado en las grandes presiones y hostigamiento practicado por parte de sus superiores”.

    La mujer sufría fuertes presiones y hostigamiento en su lugar de trabajo por parte de sus superiores. Consecuencia de estas circunstancias se vio afectada por padecimientos psicológicos y tuvo que someterse a un tratamiento médico. Con el objeto de obtener cobertura por las prestaciones médicas la trabajadora demandó a la ART.

    La Cámara del Trabajo de Mendoza hizo lugar a la demanda de la actora y condenó a la ART. Mapfre ART se agravió por la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Apelaciones pues afirmó que no se había acreditado fehacientemente que la actora estuviera recibiendo tratamiento psicológico alguno. También cuestionó el cómputo de los intereses en tanto sostuvo que recién había tendido conocimiento de la patología de la trabajadora en ocasión de que se le notificara la demanda.

    La Suprema Corte indicó que en el caso correspondía “el tratamiento conjunto de los recursos interpuestos por la empresa accionada, lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y en atención a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica”.

    Acto seguido, el Superior Tribunal se refirió a la veracidad de lo sostenido por la actora respecto de estar recibiendo tratamiento psicológico y señaló que el planteo de la parte recurrente resultó “extemporáneo en virtud del principio de preclusión procesal”. Añadió además que la ART impugnante no había cuestionado debidamente las pruebas aportadas sobre la salud de la mujer.

    La Suprema Corte mendocina señaló también que por medio de los testimonios se había probado que “la actora se encontraba sometida a grandes presiones y hostigamiento por parte de sus superiores” y que la pericia psicológica había acreditado que el estrés sufrido por la mujer “fue por causa laboral”.

    La sentencia se encuentra a disposición del visitante debiendo solicitarla via mail.

  • TOYOTA ARGENTINA S.A. CONDENADA. Chofer. Afección Sicológica.

    La Cámara Laboral condenó a la empresa Toyota a indemnizar con casi 70 mil pesos a un empleado que sufrió una afección psicológica producto de las extensas jornadas laborales que debió cubrir mientras se desempeñaba como chofer de altos directivos de la empresa producto de las extensas jornadas laborales, más de 10 horas por día, que debió cubrir.

    Según consta en la causa -“Pintos Almirón, Jorge Arístides c/Toyota Argentina S.A. s/despido”- el empleado comenzó a trabajar en 1996 para la empresa desempeñándose como chofer de altos directivos. Su jornada laboral comenzaba a las 7 de la mañana, cuando pasaba a buscar al directivo y no tenía un horario fijo de finalización. Ya que luego debía trasladarlo “al lugar que aquél le indicaba para realizar actividades personales, laborales o a clubes nocturnos y finalmente lo llevaba hasta su domicilio particular”.

    Los fines de semana debía hacer lo mismo con visitantes japoneses que arribaban al país a quienes debía “llevarlos al hotel y estar a disposición tanto de ellos como de su jefe director para llevarlos a almorzar, a cenar, a los karaokes, a casinos, a los clubes nocturnos, al golf, al campo, de compras, etc”. Años después de haber ingresado incluso se le agregó la tarea de probador de las unidades fabricadas por la empresa (“test driver”), lo que generaba que realice más 500 kilómetros por día.

    El tribunal sostuvo que resulta “inevitable” concluir que Toyota Argentina S.A. “no cumplió siquiera básicamente su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los arts. 14 bis de la Constitución Nacional, 75 LCT y 4 apartado 1 de la ley 24.557.

    Si el visitante desea el fallo completo deberá solicitarlo via mail.

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