Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

General

  • CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SENTENCIA TARIFAS

    Amigos, luego de una extensa inactividad... (a medias pues twitter también me absorbe) pongo a disposición de uds. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas al aumento de tarifas...

     

    Vistos los autos: "Centro de Estudios para la Promoción de
    la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energia y
    Mineria s/ amparo colectivo".
    Considerando:
    1~) Que el Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo
    colectivo (articulo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986)
    contra el Ministerio de Energia y Mineria de la Nación (MINEM)
    ~on el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a
    la participación de los usuarios, previsto en el articulo 42 de
    la Constitución Nacional, y de que, en forma cautelar, se suspendiese
    la aplicación del nuevo "cuadro tarifario" previsto por
    la resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación
    a la ciudadania (fs. 29/44).
    Con arreglo a esta pretensión la clase afectada estaria
    conformada por "todo aquel usuario del servicio de gas,
    quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados
    con carácter previo al aumento tarifario".
    Con posterioridad, el señor Carlos Mario Aloisi adhirió
    a la demanda y solicitó su incorporación corno legitimado
    activo (fs. 55/56).
    2o) Que el magistrado de primera instancia tuvo al
    CEPIS y al señor Aloisi por parte y definió el colectivo afecta-
    -1-
    do en los términos planteados en la demanda. Asimismo, dispuso
    dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro
    de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso
    en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Supre-.
    ma de Justicia de la Nación (fs. 58/62).
    30) Que Consumidores Argentinos Asociación para la
    Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores
    Argentinos) se presentó como litisconsorte de la parte actora,
    cuestionando no solo la resolución MINEM 28/2016, sino también
    la resolución MINEM 31/2016 (fs. 113/126 vta.), entidad que
    fue tenida por parte (fs. 127/128). Asimismo, acudieron varias
    cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores
    e intendentes, cuyas comparecencias se tuvieron presentes.
    Por su parte, el Estado Nacional presentó el informe
    previsto en el artículo 8° de la ley 16.986 (fs. 149/184 vta.).
    40) Que el juez de primera instancia rechazó la acción
    interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las resoluciones
    MINEM 28/2016 y 31/2016 y ordenó al Estado Nacional
    que, frente al nueVo esquema tarifario de los servicios públicos
    de transporte y distribución de gas natural, convocase -con amplia
    difusión en los medios nacionales y en .el boletín oficiala
    una audiencia pública para todos los usuarios, consumidores y
    asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación
    (fs. 291/322 vta.)
    5°) Que contra la sentencia de primera instancia interpusieron
    recursos de apelación CEPIS, el Estado Nacional y
    -2-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    Consumidores Argentinos (fs. 328/332; 334/345 vta. y 346/350,
    respectivamente) .
    60) Que la Sala 11 de la Cámara Federal de Apelaciones
    de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente
    todas las acciones colectivas que correspondiesen conforme a lo
    dispuesto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema
    de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión
    planteada, el tribunal a quo modificó la sentencia recurrida,
    declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas
    y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente
    con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez
    (fs. 416/445).
    Para así resolver, la cámara entendió que la presente
    causa fue la primera en el tiempo en promoverse con relación a
    la casi totalidad de los expedientes de similares características
    y que fue la primera registrada. Decidió que las resoluciones
    cuestionadas eran nulas, por no haberse llevado a cabo la
    audiencia pública previa a su dictado.
    Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional
    (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) interpuso recurso
    extraordinario (fs. 467/488 vta.), que tras cumplirse con la
    sustanciación correspondiente fue concedido por la cámara con
    efecto devolutivo (fs. 604/609 vta.).
    7°) Que en su recurso extraordinario el Estado Nacional
    se agravia porque la sentencia de cámara no atendió al con~
    -3-
    flicto de competencia originado a raí z de la solicitud de inhibitoria
    formulada por la titular del Juzgado en lo Contencioso
    Administrativo Federal N° 5.
    En cuanto a la exigencia de audiencia pública previa,
    sostiene que el tribunal a qua no hizo mérito de que en el caso
    se estaba en presencia de una revisión transitoria de tarifas, y
    no distinguió entre las resoluciones que aprueban el "precio"
    del gas de aquellas que aprueban los aumentos en las "tarifas"
    de los servicios públicos de su transporte y distribución. Argumenta
    que la cámara no consideró el dictado de la ley 25.790, en
    cuanto dispuso "que las decisiones que adoptase el Poder Ejecutivo
    Nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no
    se hallarían condicionadas por las normas contenidas en los marcos
    regula torios .."..
    Sostiene que, al resolver como lo hizo, la alzada
    omitió considerar el interés público comprometido, profundizando
    así las gravísimas consecuencias económicas y. sociales que acarrea
    la crisis del sector energético. Asimismo, considera que el
    decisorio tampoco explica cómo se protegen los derechos de los
    usuarios en razón de la diversidad de las situaciones alcanzadas
    y, en particular, que lo decidido afectó a los más vulnerables
    al anular también los beneficios de la tarifa social.
    8o) Que el recurso extraordinario es admisible pues
    el examen y la decisión del caso remiten directamente a la interpretación
    de diversas cláusulas de la Constitución Nacional,
    como son, por un lado, las que estructuran las bases mismas del
    sistema de división de poderes con respecto a las atribuciones
    -4-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios, para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ Q99~ de ~ de la Q/VacWn
    me- cid Pl3~ de la pj)~ de la
    Q%uie¡wndencia GlVaoúMl/al
    de cada uno de los Departamentos del Gobierno Federal en materia
    de tarifas de los servicios públicos; y, por el otro, las disposiciones
    que reconocen el de~echo de participación de los usuarios
    en dicha materia y las instancias judiciales contempladas
    para la tutela de sus intereses (artículo 14, inc. 3°, de la ley
    48). Además, desde un plano infraconstitucional también se observa
    esta misma cuestión federal típica, pues se han puesto en
    cuestión actos de naturaleza federal cumplidos por una autoridad
    nacional (resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016), y la decisión
    ha sido en contra de su validez.
    La apertura de esta instancia extraordinaria y federal
    hace pie, por último, en la trascendencia institucional que
    exhibe el conflicto a que han dado lugar las resoluciones mencionadas,
    generando una litigación de caiacterísticas excepcionales
    que compromete principios básicos del debido proceso constitucional
    en la tutela de los derechos de los usuarios y del
    Estado Nacional. Estas circunstancias exigen del Tribunal una
    rápida decisión que dej e en claro -ante la sociedad, ante las
    diversas autoridades de la Nación y ante el resto de los tribunales-
    las reglas constitucionales que constituyen las vigas maestras
    para la resolución de esta clase de procesos, poniendo
    nuevamente en ejercicio la jurisdicción que, desde Fallos:
    248: 189, ha calificado como la más alta y eminente, connatural
    con la responsabilidad institucional que le corresponde como titular
    del Departamento Judicial del Gobierno Federal (artículo
    108 de la Constitución Nacional) .
    -5-
    9O) Que el agravio del Estado Nacional con relación
    al conflicto de competencia que se habría trabado con el fuero
    nacional en lo contencioso administrativo federal, corresponde
    que sea rechazado. En efecto, el recurrente no rebatió adecuadamente
    el fundamento del tribunal a quo relativo a que las cuestiones
    de competencia resultan admisibles solo cuando quedan
    trabadas con anterioridad al dictado de la sentencia en la causa
    que las motivan, lo cual no ocurrió en el caso en tanto la solicitud
    de estos autos por parte de la titular del juzgado de
    aquel fuero fue recibida con posterioridad al dictado de la sentencia
    definitiva por parte del juez federal de La Plata.
    la) Que en primer lugar, y en uso de las atribuciones
    conferidas por el artículo 16 de la ley 48, corresponde delimitar
    los alcances de la presente sentencia. En tal sentido, el
    Tribunal adelanta su conclusión respecto de que la decisión que
    aquí se adopta se limita -por las razones que se desarrollarán a
    continuación- exclusivamente a los usuarios residenciales del
    servicio.
    Es menester recordar que, en recientes precedentes,
    esta Corte reconoció que, de acuerdo a las disposiciones del
    artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de
    usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar
    acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva
    referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza
    patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia
    de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una
    pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los
    "efectos comunes" para toda la clase involucrada; y que de no
    -6-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente
    el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo
    cuya representación se pretende asumir (confr. "Padec", Fallos:
    336: 1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 337: 196 y
    "Consumidores Financieros Asociación Civil pi su defensa", Fallos:
    337:753)
    11) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del
    Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos
    precios y tarifas para el servicio de gas. De manera que se cumple
    con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible
    de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
    La pretensión, por su parte, está concentrada en los
    "efectos comunes" para todo el colectivo, es decir, la necesidad
    de audiencia previa, lo que permite tener por configurado el segundo
    requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto
    debe repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a
    todo el colectivo definido en la demanda.
    12) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido
    seriamente el "acceso a la justicia" -cuyo cumplimiento,
    según se expresó en "Halabi" (Fallos: 332: 111), resulta ineludible
    para la viabilidad de una acción colectiva que tenga
    por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos- no
    se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo
    cuya representación se pretende asumir.
    -7-
    En efecto, como se señaló, en este caso la asociación
    actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación
    de la totalidad de los usuarios de gas del país.
    De la reseña efectuada surge que solo respecto de los
    "usuarios residenciales" (conforme decreto 2255/92 -Anexo "B",
    Subanexo 11-, decreto 181/2004 Y resolución ENARGAS 409/2008) es
    posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se
    encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en
    tanto solo en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir
    una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento
    de la garantía constitucional señalada (considerando
    13, 4° párrafo del precedente "Halabi" citado). A este respecto,
    el Tribunal ha resaltado en diversos precedentes la importancia
    del proceso colectivo como una forma de garantizar el acceso a
    I
    la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto
    toda vez que el costo que significaría demandar individualmente
    supera claramente el beneficio que cada uno de dichos
    usuarios podría obtener de la sentencia dictada en la causa respectiva.
    Una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad
    de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría
    lisa y llanamente a negar efectividad a la tutela constitucional
    frente a un acto lesivo.
    13) Que, sin embargo, respecto del resto de los usuarios
    (no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera
    evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual
    de la acción no aparezca plenamente posible en atención a
    la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte
    -8-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    en la causa FMZ 82203891/2012/1/RH1 "Sociedad Rural Río V c/
    AFIP s/ ordinariou
    , dictada el 4 de agosto de 2016) .
    Esta circunstancia'impide tener por corroborada, con
    una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de
    acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el
    precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
    respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de
    esta sentencia no pueden alcanzarlos.
    14) Que una vez delimitado el alcance que corresponde
    dar al presente pronunciamiento, este Tribunal resol verá ahora
    la cuestión atinente a si resulta obligatoria la celebración de
    audiencia pública como procedimiento previo al dictado de las
    resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016 que fijaron un nuevo esquema
    de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema
    de transporte (PIST) y dispusieron el nuevo cuadro tarifario de
    los servicios de transporte y distribución de gas.
    En este sentido, corresponde recordar que el artículo
    42 de la Constitución Nacional establece:
    "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
    derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud~
    seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
    veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
    y digno. N
    "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
    a la educación para el consumo, a la defensa de la compe-
    -9-
    tencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control
    de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
    eficiencia de los servicios públicos, y a la consti tución de
    asociaciones de consumidores y de usuarios.H
    "La legislación establecer~ procedimientos eficaces para la
    prevención y solución de conflictos, y los marcos regula torios
    de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
    necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
    usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
    control.H
    Esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora
    de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional,
    dentro del capitulo titulado "Nuevos Derechos y Garantias
    u

    La discusión y aprobación de la disposición de que se trata tuvo
    lugar -ante el dictamen de la Comisión de Redacción y la existencia
    de despachos de mayoria y en minoria dentro de la Comisión
    de Nuevos Derechos y Garantias- en el seno de la Convención
    en las reuniones 31 Y 32 -3a Sesión Ordinaria- que se desarrollaron
    los dias 16 y 17 de agosto de 1994 (conf.
    www.hcdn.gov.ar. págs. 4168 y siguientes) .
    15) Que la consulta de los debates llevados a cabo en
    la Convención con motivo del reconocimiento expreso de este nuevo
    derecho, proporcionan dos conclusiones que, en defini tiva,
    serán de relevancia para la decisión que esta Corte adoptará en
    este pronunciamiento.
    En primer lugar, y a partir de los antecedentes referidos,
    corresponde interpretar que el texto constitucional pues-
    -10-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    to en vigencia reconoce en esta materia la participación ciudadana
    en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio,
    traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse
    de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos
    del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor
    asegure aquella participación en cada caso (conf. especialmente
    págs. 4352, 4355, Y 4357/4360 de la sesión del 17 de agosto citada)
    .
    16) Que el otro aporte significativo que puede extraerse
    de la deliberación realizada en el seno de la Convención
    Constituyente es que este nuevo derecho resulta operativo. En
    efecto, su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación
    reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque
    por cierto se deje en manos de la autoridad legislativa, como
    sucede en el campo de todos los derechos (artículo 28), la determinación
    circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones
    bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado
    expresamente en favor de los usuarios.
    Como concordemente subrayó el Tribunal es bien sabido
    que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que,
    en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten
    efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se
    encuentra en debate un derecho humano. Todo ello. explica "..q.ue
    al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo
    no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél
    toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los
    -11-
    derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación,
    pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.),
    lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas
    en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es
    asunto de legislar, sí, pero para garanti zar 'el pleno goce y
    ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
    por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos''',
    (Fallos: 327: 3677, entre otros) .
    17) Que las conclusiones precedentes se ven corroboradas
    por el cambio cualitativo en la situación de los consumidores
    y usuarios a que dio lugar la reforma de 1994, en tanto
    radica en el reconocimiento por parte del derecho constitucional
    de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo,
    dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude
    al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.
    Estas condiciones fueron advertidas por el Constituyente,
    al consagrar en los artículos 42 y 43 de la Ley Suprema
    herramientas definidas, destinadas a proteger a los consumidores
    y usuarios de las consecuencias del desequilibrio antes explicado,
    incorporando mandatos imperativos de orden sustancial en cabeza
    de aquellos y del Estado (calidad de bienes y servicios,
    preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz;
    libertad de elección; y condiciones de trato equi tati va y
    digno); también de orden participativos, como el derecho reconocido
    en cabeza de los usuarios, con particular referencia al
    control en materia de servicios públicos; y, como otra imprescindible
    cara, la consagración de un derecho a una jurisdicción
    -12-
    FLP 8399/2016/CS1
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio
    de Energía y Minería s/ amparo colectivo.
    propia en favor de consumidores y usuarios, con el reconocimiento
    de actores procesales atípicos en defensa de sus derechos como
    son el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales
    de usuarios y consumidores, la disponibilidad de la vía
    del amparo y el otorgamiento a esas instancias de efectos expansivos
    para que sus decisiones alcancen a todos los integrantes
    del mismo colectivo.
    Con particular referencia a la' cláusula constitucional
    cuyo alcance se encuentra discutido en el sub lite, el reconocimiento
    de que deben habilitarse procedimientos y mecanismos
    de participación y de impugnación en cabeza de los usuarios tiene
    el inocultable fin de que sus intereses sean debidamente tutelados.
    18) Que en materia tarifaria la participación de los
    usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación
    de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo
    desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar
    la participación ciudadana en instancias públicas de discusión
    y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad
    de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio.
    Este derecho de participación reconocido a los usuarios
    en el caso del servicio de gas se estructuró, en 1992, en
    su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas.
    Estas audiencias constituyen una de las varias maneras
    de participación ciudadana en la toma de decisiones públi-
    -13-
    caso Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en
    tanto el artículo 42 -como se expresó- no las prevé ni explícita
    ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión
    del mecanismo que mejor asegure aquella participación en
    cada caso. De la redacción del artículo 42 se desprende la clara
    intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y
    usuarios -expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente
    de un modo genérico- participen en la elaboración de ciertas
    disposiciones de alcance general a cargo de la Administración
    cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar
    los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos (conf .
    doctrina de la disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni
    en Fallos: 329:4542).
    La participación de los usuarios con carácter previo
    a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad,
    integrati vo del derecho constitucional a una información
    "adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y
    un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable
    en el caso de garantizar el derecho a la información
    pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno
    (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga
    una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las
    estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se
    adoptan.
    Ello es consistente con la noción de democracia deliberativa,
    porque los términos de la cooperación que propone son
    concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes
    responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de
    -14-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios para la Promoción de la
    Igualdad y la'Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    justificación mutua. En este sentido, el debate público mejora
    la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos
    de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado,
    que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente
    permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir,
    vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio
    más realista de justicia. (Rawls, John, Justice as Fairness. A
    restatement, Harvard, Harvard University Press, 2001)
    19) Que esos elevados fines institucionales presuponen
    condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente
    se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos
    por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y no
    acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal
    de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente
    aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden
    legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad.
    Desde una prelación temporal, en primer lugar se encuentra
    un derecho de contenido sustancial que es el derecho de
    todos los usuarios a recibir de parte del Estado información
    adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información
    con estas características es un elemento fundamental
    de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un
    presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír
    a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre
    la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte
    de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías
    -15-
    naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá
    de fijar la tarifa de los servicios públicos.
    La segunda condición está dada por la celebración de
    este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados,
    con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio
    responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en
    todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el
    connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión
    por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias
    del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos
    de la autoridad pública.
    y por último, este derecho compromete, precisamente,
    ese momento decisorio, pues todas las etapas anteriores constituirían
    puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente
    en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones
    y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y
    el modo en que ellas inciden en las medidas que se adoptan.
    20) Que, a partir de lo expuesto, es menester examinar
    el agravio desarrollado por la demandada con sustento en
    que, en tanto en la resolución MINEM 28/2016 se determinó un
    nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de
    gas (PIST), no era exigible la realización de audiencia pública
    por tratarse la producción y comercialización de este recurso de
    una actividad desregulada.
    Sin desconocer que, de acuerdo con lo dispuesto en
    las leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, la producción
    y comercialización de gas es efectivamente una actividad econó-
    -16-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    ~~ G?~ck ~ ck la Q/VacWn
    . .cdJw cid ffi~ de la rpj)~ de la
    ~ Q51~"",ª Q/Va-eUm",1
    micamente des regulada y no fue calificada como servicio público,
    debe destacarse que, a partir de lo establecido en el decreto
    181/2004 y las normas dictadas en consecuencia, esa desregulación
    ha sido dejada de lado por el propio Estado. Ello es así,
    pues sobre la base del decreto citado, cuyo objetivo fue elaborar
    un esquema de normalización del precio del gas en el PIST
    hasta que se "reencauzara" la actividad y se llegara, nuevamente,
    a precios que debían resultar de la libre interacción de la
    oferta y la demanda, se facultó a la ex Secretaría de Energía
    del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
    Servicios para acordar con los productores de gas natural un
    ajuste del precio del producto, en el marco del cual además se
    suscribieron varios acuerdos.
    En las condiciones descriptas, parece razonable entender
    que, hasta el momento en que efectivamente el precio del
    gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción
    de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente
    con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como
    ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.
    21) Que, por último, tampoco se sostiene la negación
    de este derecho constitucional con asiento en la construcción
    que intenta el recurrente sobre la base de que se trata de una
    tarifa transitoria y de que ciertos textos normativos -en especial
    la ley 25.790- habrían desplazado, en tal circunstancia, la
    exigencia de audiencia pública.
    -17-
    En efecto, cuando el Estado Nacional pretende justificar
    su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no
    es posible soslayar que si bien la expresión remite semánticamente
    a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento
    para el usuario implica un aumento sustancial de su
    factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado
    del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente
    que se trate o no de un régimen definitivo o integral.
    Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada
    por el poder administrador -que data del año 2005-, no es
    legítimo señalar que sea "adecuadau a los fines informativos de
    los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a
    la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir
    que les haya permitido tomar las debidas precauciones en el
    diseño razonable de sus economías respectivas.
    22) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo hasta
    aquí expuesto, resulta claro que las decisiones adoptadas por el
    Ministerio de Energía y Minería no han respetado el derecho a la
    participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública
    previa.
    Lo dicho no se contradice con lo resuelto por el Tribunal
    en la causa "Soldano, DomingoU (Fallos: 337:877) Ello,
    toda vez que, como bien lo señalara el a qua, el presente caso
    no resulta análogo al supuesto fáctico de dicho antecedente,
    donde se definían los cargos para solventar las obras de ampliación
    de la infraestructura energética. En efecto, como se expresara
    en esa oportunidad, la ley 24.076 requiere la obligatorie-
    -18-
    FLP 8399/20l6/cSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    cq¡rwte Q1P~ de ~ de la Q/VacWn
    W. os;t;w cid P/J~ ele la PJ)~ de la g1nd~-enaa Q/VacúMzaI
    dad de la convocatoria a la audiencia pública cuando media una
    modificación en la remuneración de los concesionarios de los
    servicios, concepto que no alcanza a los ya referidos cargos específicos
    destinados a obras de infraestructura no contemplados
    en los contratos respectivos.
    23) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado,
    'las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente
    año en relación a la tarifa social y a la protección de
    los sectores más vulnerables tornan necesario que el Tribunal
    ponga de manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente,
    podría ser soslayada como consecuencia de la oscura y complej a
    estructura tarifaria. Esto es, que la demanda de los usuarios
    residenciales ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado
    vencedores en el campo jurídico. En consecuencia, y por aplicación
    del más elemental sentido de justicia, la tarifa final que
    se les aplique como consecuencia del presente pronunciamiento en
    ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que
    dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación
    del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa
    social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
    24) Que más allá de la decisión de este Tribunal en
    la presente causa, y en atención a las consecuencias que han generado
    las resoluciones cuestionadas, cabe efectuar las siguientes
    consideraciones referidas a las pautas básicas que rigen las
    atribuciones de los poderes públicos en esta materia, así como
    las reglas fundamentales a que deben atenerse en su actuación
    -19-
    los órganos jurisdiccionales, particularmente en el ámbito de
    los procesos colectivos.
    25) Que, en los actos aquí cuestionados, el Poder
    Ejecutivo Nacional fijó un nuevo esquema de precios del gas natural
    en el punto de ingreso al sistema de transporte, con vigencia
    a partir del 1° de abril del corriente afio, "para promover
    inversiones en exploración y explotación de gas natural a
    fin de garantizar su abastecimiento Y de emitir sefiales económicas
    claras y razonables" (resolución MINEM 28/2016) .
    Por su parte, y en cuanto aquí interesa, instruyó al
    Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para que efectuara una
    adecuación de las tarifas de los servicios de transporte y distribución
    de gas que les permitiera a sus licenciatarias cumplir
    con la ejecución del ~lan de inversiones, afrontar sus gastos de
    operación y mantenimiento, administración y comercialización, y
    dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas.
    A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que
    dicha adecuación tarifaria debía llevarse a cabo "sobre la base
    de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias"
    (resolución MINEM 31/2016)
    26) Que esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia,
    ha puesto de resalto que "siendo un principio fundamental
    de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres
    departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes
    y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que
    las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
    -20-
    FLP 8399/2016/C81
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la80lidaridad y otros e/ Ministerio
    de Energia y Mineria s/ amparo colectivo.
    ~~ G?~de ~dek Q/V~
    WQ9Í¡w cid Pl3~ de la PlJ~ de la gf~g;fG~¿
    pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente
    desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes
    polí ticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno"
    (Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros).
    De este principio basal de la división de poderes se
    desprende la diferenciación de las potestades propias de los
    tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas
    como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo
    que le incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional
    y, finalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial.
    Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de las
    pautas propias de la política tributaria federal; al segundo, la
    implementación de la política energética, que abarca la fijación
    de las tarifas del servicio público; y, a la rama judicial, el
    control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad
    con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de
    la Nación.
    A su vez, la distribución de competencias entre los
    poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos
    y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes
    se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles
    ("Itzcovich, Mabel cl ANSeSu
    , Fallos: 328:566, voto de los jueces
    Maqueda y Zaffaroni) .
    27) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la
    potestad tarifaria reside en el poder administrador y que ella
    no se ve afectada por la concesión a particulares de un servicio
    -21-
    público (Fallos: 184: 306; 322: 3008 y CSJ 280/2008 (44-E) /CS1
    "Establecimiento Liniers S.A. c/ EN Ley 26.095 Ministerio de
    Planificación Resol. 2008/06", sentencia del 11 de junio del
    2013, dictamen de la Procuración General al que remite la mayoría)
    .
    La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada
    en varios pronunciamientos de esta Corte. Dijo al respecto
    en Fallos: 262:555 que "en todo régimen de prestación indirecta
    de tales servicios -es decir, por intermedio de concesionario-,
    las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder
    público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta
    a la existencia de bases fijadas por ley, o como en el caso de
    autos, bajo forma contractual. Naturalmente que el Estado -lato
    sensu- dispone al respecto de una atribución y no de una mera
    facultad; o dicho en otros términos, a la par que le asiste el
    poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo" conf.
    también Fallos: 322: 3008.
    En este marco, la mencionada atribución tiene en miras
    consideraciones de interés público, tales como asegurar la
    prestación del servicio en condiciones regulares y la protección
    del usuario. Destacó este Tribunal, asimismo, que la autoridad
    del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento
    de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión
    de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo
    largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación,
    ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente
    a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas
    y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Fallos:
    -22-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios ,para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    ~o4e d7~ ele ~ ele la Q/VaOOm
    ~ cdJw del ffiicM~ de, la pj)eelCf/)t(UJW~ de la
    ~ Qf;uIe¡~ Q#acúmd
    ,.
    262: 555; 321: 1784, "Establecimiento Liniers S.A. fI, ya citada,
    voto de los jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni). Dicho contralor
    permanente, tratándose de servicios cuya explotación ha
    sido concesionada, constituye la única defensa del público llamado
    a usar de él (Fallos: 184:306).
    Finalmente, cabe recordar que el ingente papel que en
    la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales
    incumbe a los jueces, no llega" hasta la facultad de
    instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), o de suplir
    en la decisión e implementación de la política energética al Poder
    Ejecuti vo Nacional, siendo entonces la misión más delicada
    de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su
    jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los
    otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732)
    En consecuencia, debe distinguirse entre el ejercicio
    del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad
    de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad
    tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador,
    al que no cabe sustituir en la determinación de políticas
    o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o
    aprobación de tarifas por la prestación del servicio (Fallos:
    321:1252; 322:3008 y 323:1825).
    28) Que la experiencia internacional ha demostrado,
    hasta el presente, que con frecuencia los servicios públicos no
    se financian exclusivamente con los precios y tarifas que se
    perciben de los usuarios y consumidores, sino que reciben sub-
    -23-
    venciones, beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo
    que las tarifas de determinados servicios públicos se han utilizado
    en muchas ocasiones para financiar otras actividades. También
    es habitual que las diferentes tarifas aplicadas a las diversas
    categorías de usuarios encubran "subsidios cruzados" de
    una actividad rentable hacia otra deficitaria. En defini tiva,
    estas prácticas suelen conducir a una opacidad de la tarifa que
    no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación
    de los derechos de los consumidores y usuarios de dichos
    servicios.
    En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó
    librado al libre acuerdo entre los participantes del mercado
    (leyes 17.319 y 24.076, Y decreto 1738/92) hasta que, en el año
    2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del
    ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
    para acordar con los productores el nivel de los precios
    del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte
    (decreto 181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones
    (226/2014, 305/2014). Por otra parte, se creó un Fondo
    Fiduciario destinado a financiar las importaciones de gas natural
    necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado
    interno, el que se integraría por cargos tarifarios a pagar por
    usuarios y consumidores, por recursos que se obtuvieran de programas
    especiales de crédito, y por otros sistemas de aportes
    específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
    En relación con la red de transporte y distribución
    de gas natural, se crearon cargos específicos -como aporte a los
    fondos fiduciarios organizados para el desarrollo de infraes-
    -24-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios. para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energía y Minería si amparo colectivo.
    ~rYde G?~ de ~ de la cvV~
    QQÍ¡w del P/J~ elela PlJeeIwFa~ elela
    ~ rfnrfp~ GVVo,c«muL'
    tructuras-, destinados a repagar las obras necesarias para su
    ampliación, al tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos
    de su percepción y los obligados a su pago, con exclusión de los
    consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (dec;reto
    1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación
    Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y
    3689/2007 del ENARGAS)
    Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y
    distribución del gas natural, en los últimos catorce años su
    evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias,
    el abastecimiento de gas él. los usuarios de todo el
    país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y
    a la oferta.
    Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de
    Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó
    de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención
    estatal, mientras que su importación, la ampliación
    de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban
    dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente,
    con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales
    de crédito, aportes específicos de determinados sujetos
    del sector y subsidios del Estado Nacional.
    29) Que la Constitución Nacional, en miras a enfrentar
    las exigencias propias de la implementación de una política
    económica en el plano nacional, prevé diversas instituciones
    disponibles para los departamentos del Estado, cuya atribución a
    -25-
    cada rama ha sido distribuida parla Norma Fundamental partiendo
    de la base de la naturaleza de cada herramienta en particular,
    conforme a lo ya reseñado.
    Situado el análisis desde esta perspectiva, la Norma
    Sup~ema pone a disposición del Poder Ejecutivo, a fin de la implementación
    de la política económica y energética, instrumentos
    susceptibles de ser adoptados en el marco de su competencia, tales
    como la política tarifaria. Paralelamente, prevé otras
    herramientas, como reformas impositivas y exenciones, regímenes
    promocionales y subsidios -entre otros-, que son atribuciones
    del Poder Legislativo (artículos 4, 17, 19, 52, 75 incisos 1, 2
    Y 18). La articulación conjunta de las diversas herramientas se
    plasma en el marco del principio de "colaboración sin interferencia"
    que debe guiar la relación entre los distintos poderes
    del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
    30) Que, sentado lo expuesto, este Tribunal estima
    necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad
    de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios
    públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos
    en el futuro para casos similares.
    Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades
    o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la
    titularidad pública mediante la calificación de servicio público,
    son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables
    para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de
    asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esen-
    -26-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la' Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ d7~ de ~ de k oAíaoúht
    ePI/k; cid PlJW&nIAww/J!ú;- elela PlJeeIcwa~ elela
    ~ éff~ffJ'Ida wVacúmd
    ciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen
    el contenido sustancial de los derechos y libertades consti tucionalmente
    protegidos.
    31) Que la política energética implementada en el
    período considerado (a partir del año 2002), según sostiene en
    su informe la demandada, tuvo como consecuencia la pérdida del
    autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones
    por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial,
    consumo de los "stocksU de recursos y capacidad disponibles, escasez
    del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y
    distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.
    Mediante las resoluciones aquí examinadas, como se
    adelantó, se determinaron precios y tarifas de transición
    asegún surge de sus considerandos- a fin de. regularizar el desequilibrio
    fiscal que generaba el mantenimiento del sistema en
    dichas condiciones, con el objetivo de subsanar su deterioro y
    colaborar en el reordenamiento de la economía.
    32) Que las decisiones y objetivos de política económica
    implementadas implican un importante cambio de financiamiento
    del sistema energético nacional, sumados a la situación
    de deterioro que sufre su abastecimiento -conforme a lo informado
    por la demandada- y a la variación de los precios de la economía,
    con una inercia de más de una década en el sentido descripto,
    imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la
    hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a
    -27-
    fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad,
    es decir una relación directa, real y sustancial entre
    los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales
    decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas
    a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad
    jurídica de los ciudadanos.
    De tal modo, todo reaj uste tarifario, con más razón
    frente a un retraso como el que nos ocupa, debe incorporar como
    condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional
    que consagra el derecho de los usuarios a la protección
    de sus "intereses económicosu (art. 42 de la Constitución Nacional)-
    el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio
    de razonabilidad antes referido. En efecto, la aplicación de
    dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado
    y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de
    la programación económica individual o familiar, elemento que ha
    merecido la oportuna ponderación de este Tribunal (conf. arg.
    Fallos: 325:2059).
    33) Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto,
    el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad
    de los servicios públicos, ponderando la realidad
    económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria
    con especial atención a los sectores más vulnerables, y
    evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la
    exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales
    como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera
    calificarse de "confiscatoriau
    , en tanto detraiga de manera
    irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo
    -28-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un
    cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles
    de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento
    y, por via de consecuencia de este circulo vicioso, a la
    calidad y continuidad del servicio.
    En este sentido, el régimen implementado en la ley
    24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para
    asegurar el suministro a largo plazo (articulo 2 0, inciso b.);
    propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre
    acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e
    instalaciones de transporte y distribución de gas natural (articulo
    2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen a
    esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado
    en la ley (articulo 2°, inciso d). Acorde a ello se previó que,
    en la determinación de la tarifa se aseguraria el minimo costo
    para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento
    (articulo 38, inciso d) .
    A estos fines adquiere especial significación el criterio
    que surge de la Observación General 4 del Comité de Derechos
    Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, titulada
    "El derecho a una vivienda adecuada", del 13 de diciembre
    de 1991, en la que se emitió opinión sobre el articulo 11.1 del
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    (articulo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el
    punto 8.b se afirma que una vivienda adecuada debe contener
    ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, l~
    -29-
    comodidad y la nutrición, y que todos "los beneficiarios del derecho
    a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a
    recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
    cocina, la calefacción y el alumbrado (oo.)". En el punto 8.c. se
    expresa que los "gastos personales o del hogar que entraña la
    vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera
    el logro y la satisfacción' de otras necesidades básicas.
    Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que
    el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general,
    conmensurados con los niveles de ingreso (..)".
    En efecto, como ha sostenido este Tribunal, "resulta
    claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino
    señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez
    si tributan a la realización de los derechos de aquél y del
    bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a
    sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
    y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el
    mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan
    la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de
    los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, baj o pena de
    caer en la ilegalidad" (Fallos: 327:3677).
    34) Que es de público conocimiento que el aumento de
    tarifas cuestionado en el sub lite ha generado una gran cantidad
    de procesos colectivos radicados en distintas jurisdicciones federales
    a lo largo del país en los que se ventilan pretensiones
    idénticas o similares, advirtiéndose que, en su mayoría, los magistrados
    actuantes no han cumplido con la acordada 32/2014 en
    -30-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios, para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ d7~ de ~ de la wVaoWn
    ~Wcid roicM~ de la PlJec/wr.aoi6n de la
    oY~ Q/VaetMwI
    tanto no surge del Registro Público de Procesos Colectivos que
    dichos procesos hayan sido inscriptos.
    35) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades
    que la proliferación de acciones colectivas con idénticos
    o similares objetos que provienen de diferentes tribunales
    del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo
    cierto -con la consiguiente gravedad institucional- de que se
    dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que
    recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de
    las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación
    de acciones procesales tendientes a ampliar las posibilidades
    de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable
    a los intereses del legitimado activo o de intervenir en
    la decisión dictada en el marco de otro expediente (conf. doctrina
    de la causa "Halabi" citada; "Consumidores Financieros
    Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina
    S.A. s/ ordinario", Fallos: 337:753; "Municipalidad de Berazategui
    c/ Cablevisión", Fallos: 337:1024 y acordada 32/2014, considerando
    10).
    36) Que desde estas premisas y con el declarado
    propósito de favorecer el acceso a la justicia de todas las per~
    sonas, el Tribunal creó un Registro de Acciones Colectivas destinado
    a la publicidad de los procesos colectivos en el que deben
    inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten
    ante los tribunales nacionales y federales del país (acordada
    32/2014, del 10 de octubre de 2014). Asimismo, la Corte
    -31-
    aprobó el "Reglamento de actuación en procesos colectivos" al
    que deberán ajustar su actuación dichos tribunales, que tendrá
    vigencia a partir del primer día hábil de octubre del corriente
    año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule
    la materia (acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
    37) Que este procedimiento destinado a la publicidad
    de los procesos colectivos tiene por objeto preservar un valor
    eminente como la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional
    ha sido señalada por el Tribunal con énfasis y reiteración
    (Fallos: 317:218 y sus citas), en la medida en que propende a
    asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce en esta
    clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de
    cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
    de todas las personas que no han tomado participación en
    el proceso.
    38) Que con particular referencia al tema sub examine,
    y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos
    también iniciados con motivo de un pasado aumento de la tarifa
    de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienés
    tramitaban esas causas que debían proceder a su inscripción en
    el Registro Público de Procesos Colectivos y adoptar las medidas
    necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos
    denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales
    y humanos o en el dictado de sentencias contradictorias.
    También en esa oportunidad la Corte ordenó a los jueces intervinientes
    que debían unificar el trámite de las causas en aquel
    tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de
    conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un
    -32-
    FLP 8399/20l6/CSl
    Centro de Estudios. para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Minería si amparo colectivo.
    Y!O/de dt'~ de ~ de la Q/Vaa<m
    Q9t;wdel Pl3ÚXYJ~ de la pj)~drm de la
    ~ cffnd,ejuHuimuia wVa~l
    colectivo obtuviesen el beneficio de ciertas pretensiones y
    otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (CSJ
    4878/2014/CS1 "García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley
    16.986", del 10 de marzo de 2015)
    39) Que cabe remarcar que la multiplicidad de causas
    suscitada con motivo de las resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016
    a la que se hizo referencia con anterioridad se habría evitado,
    precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los
    lineamientos desarrollados por este Tribunal en sus distintos
    pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada
    por la acordada 32/2014. Así, el criterio de preferencia temporal
    que consagró el Tribunal en la causa "Municipalidad de Berazategui"
    (Fallos: 337:1024) y en la citada acordada imponía a
    aquellos magistrados ante quienes se dedujeron demandas colectivas
    con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida
    la información por parte del Registro, remitiesen sus causas al
    magistrado que hubiese prevenido. De este modo, se hubiese evitado
    el escándalo jurídico que surge de la proliferación de procesos
    que se superponen en sus pretensiones con la posibilidad
    del dictado de sentencias contradictorias.
    40) Que si bien es cierto que el proceso colectivo
    resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos
    de los usuarios, su admisibilidad se encuentra condicionada al
    cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando
    10 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio
    de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la ad~
    -33-
    misión formal de toda acción colectiva requiere la verificación
    de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió
    que, de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten
    una resolución que declare formalmente admisible la acción,
    identifique en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en
    el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca
    el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas
    aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado
    del litigio (causa "Halabi" citada y acordada 32/2014, punto
    3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos) .
    41) Que este Tribunal no puede dejar de advertir que
    en buena parte de los procesos colectivos en los que se debatieron
    cuestiones referidas a la razonabilidad del aumento tarifario
    en cuestión, según surge de los pronunciamientos allí dictados,
    no se ha dado cumplimiento a los recaudos especificados en
    el considerando que antecede, en especial en lo atinente a la
    definición precisa del colectivo involucrado y la adecuada notificación
    a los integrantes del grupo.
    Con relación a la definición del colectivo, cabe señalar
    que este incumplimiento por parte de los jueces actuantes
    en dichos procesos ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales
    sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera
    igual situaciones heterogéneas.
    Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada
    determinación del conj unto de perj udicados por una conducta o
    acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de
    la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para
    -34-
    FLP 8399/2016/CSl
    Centro de Estudios .para la Promoción de la
    Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
    de Energia y Mineria si amparo colectivo.
    ~~ df9~ ck ~ ck k Q/fíaoúm
    '.' QX!Úw dei P/JÚXYJ~ de la pj)~ de la )(J of~ QJf{;,a¡"taI' .
    que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia
    de los requisitos para la procedencia de la acción.
    Solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado
    (y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar,
    por ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos
    comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a
    la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción
    colectiva (conf. doctrina de la causa "Asociación Protección
    Consumidores del Mercado Común del Sur cl Loma Negra Cía. Industrial
    Argentina S.A. y otros", Fallos: 338:40).
    42) Que en cuanto a la adecuada notificación a los
    integrantes del colectivo, su falta de cumplimento en los procesos
    antes mencionados, se traduce en la imposibilidad de que
    eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se
    consideren beneficiados por la reforma, como por ejemplo podría
    ser algún beneficiario de la tarifa social, o porque se encuentren
    conformes con el aumento registrado respecto de ellos.
    4~) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe
    extremarse cuando las decisiones colectivas puedan incidir -por
    sus efectos expansivos- en la prestación de un servicio público.
    Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria
    pueden afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios,
    aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para
    otro que se encuentra en igualdad de condiciones. Asimismo, decisiones
    de esta naturaleza pueden alterar el esquema contrac-
    -35-
    tual y regulatorio del servicio, afectando el interés general
    comprometido en su prestación.
    44) Que corno surge de los considerandos anteriores,
    la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las
    cuestiones de índole constitucional concernientes a los principios
    elementales de. los procesos colectivos, corno lo constituye
    el sub lite. La autoridad institucional de dichos precedentes,
    fundada en la condición de este Tribunal de intérprete supremo
    de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia
    (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227; "Martínez
    Vergara, Jorge Edgardo", Fallos: 331:162; y "Arte Radiotelevisivo",
    Fallos: 337:47), da lugar a que en oportunidad de fallar
    casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente
    consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales
    inferiores.
    45) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse
    que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, institución
    creada por la Constitución Nacional corno órgano específicamente
    legitimado en la tutela de los derecho~ de incidencia colectiva
    en los térm

  • LA CLASICA ESTRATEGIA DE ENGAÑAR: CAMBIO DE DISCURSO PERO NO DE PLANES...

    El ministro de Economía y primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el periodista Horacio Verbitsky participaron ayer de la presentación de la biografía del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri escrita por la legisladora y candidata al Parlasur Gabriela Cerruti. No estuvieron ausentes en el acto que reunió a dirigentes políticos y personalidades de la cultura, las referencias al cambio de discurso del candidato presidencial del PRO ni las reflexiones de sus economistas afines que se difundieron el domingo. “No hay candidato que se les anime a las conquistas logradas en la última década”, dijo Kicillof.

    En el bar de la Bibloteca Nacional estuvieron, entre muchos otros, el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, el principal referente de Nuevo Encuentro y precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Sabbatella, la embajadora ante de OEA y candidata a dipuatada, Nilda Garré, la también candidata Victoria Montenegro y los actores Juan Palomino y Gerardo Romano. Allí, con la excusa de la presentación de El Pibe –una reedición actualizada del texto publicado en 2009– referentes y simpatizantes del Frente para la Victoria hablaron sobre Macri, su historia, su cambio de discurso y las verdaderas intenciones del sector que representa.

    Al respecto, Kicillof propuso realizar una “lectura distinta” sobre los resultados del ballottage porteño y afirmó que el 19 de julio “hubo un triunfo para la toda la Argentina, porque desde ese día no hay candidato que pueda presentarse con un discurso contra la estatización de YPF, el Fútbol para Todos o la estatización del sistema de jubilación”. El ministro dijo que el líder del PRO “ve en la política la continuidad de sus negocios por otros medios” mientras que “la gente piensa que YPF debe permanecer estatal, lo mismo que Aerolíneas, ése es el termómetro más importante de la realidad política del país”.

    Kicillof aseguró que valora la candidatura de Macri ya que “por primera vez un partido político rompe el bipartidismo tradicional y expresa orgánicamente a los grupos empresariales concentrados”, para inmediatamente ironizar sobre el giro discursivo del PRO y señalar: “Así fue hasta que se hizo kirchnerista”, lo que despertó risas entre los asistentes.

    Tanto Kicillof como Verbitsky destacaron la “rigurosidad” de la biografía de Cerruti sobre Macri, a quien definieron como un representante de la “burguesía desnacionalizadora” y consideraron “oportuna” tanto su reedición como su actualización “para entender qué es lo que nos espera si triunfa el proyecto del PRO”. “La historia del protagonista en la historia del país”, dijo el ministro.

    “Esta actualización de la edición de 2009 del libro de Gabriela (Cerruti) incorpora los nuevos acontecimientos basados en rigurosas fuentes”, afirmó el periodista que también recordó un dato que incluye la biografía: la filial argentina de la logia fascista P2 se llamó Pro Argentina. Verbitsky también se refirió a los comentarios de economistas cercanos al macrismo, específicamente a los dichos de Carlos Melconian, quien se quejó porque el kirchnerismo “aumentó el gasto público en más de cinco puntos del PBI por otorgar tres millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó”. El periodista de Página/12 señaló que son ese tipo de cosas las que ese sector no le va a perdonar al Gobierno porque odia la inclusión. “Las recetas de Macri son las de una nueva versión neoliberal, más extrema, más violenta que la de Menem y Cavallo”, coincidió, luego de participar del evento, Sabbatella.

     

    PD: TE ACORDAS DE MENEM Y EL SALARIAZO...? Después terminó privatizando Aerolineas, los fondos de pensión y jubilación, YPF, Ferrocarriles... MACRI -SU DISCIPULO- ES IGUAL

     

    MARCELO HORACIO VENIER

    MAT. 3634

    ABOGADO

  • EL PLAN ECONOMICO DE MACRI -SUS SALVAJES PERSONEROS-

    Roberto navarro

     

    El canal C5N emitió un programa en el que se mostró un video del encuentro de los economistas de Mauricio Macri con empresarios al que, según informó el conductor del espacio, Roberto Navarro, "no se le permitió el acceso a la prensa".

    Tras la emisión, todos los medios afines al gobierno difundieron lo dicho como si se tratara de una confirmación, aludiendo que "Melconian, Espert y Broda, tres economistas que forman la base del equipo del precandidato Mauricio Macri en el caso de un eventual gobierno del PRO, admitieron que preparan un 'ajuste' al que consideran 'inexorable'".

    Según Diario Registrado, Carlos Melconian, José Luis Espert y Miguel Ángel Broda plantearon allí las verdaderas intenciones de Mauricio Macri, en caso de ser presidente de los argentinos, a pesar del discurso que brindó tras el balotaje porteño, donde planteó dar continuidad a una serie de medidas del kirchnerismo.

    Estos tres reconocidos exasesores de Cavallo y de Carlos Menem, plantearon la necesidad de "copiar a los países exitosos" y cuestionaron la "creatividad" económica en el país.

    Broda propuso "un equipo económico como el de Cavallo", señalando que "el ajuste es inexorable" con la única duda de que "si el ajuste se hace de golpe o a los golpes"

    Melconian, en tanto, calificó de "vetusto" al Mercosur y sostuvo que "aquí no hay ideología, hay capitalismo", porque "hay sentido común y reglas del juego", entre las cuales planteó "eliminar el cepo y eliminar los subsidios".

    VE EL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=U4s4-llcFA0#t=603

    MARCELO H. VENIER

  • EL CONSEJO DEL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL

    Otro empujón al salario y al mercado interno

    El aumento sería acordado entre 27 y 31 por ciento, para llevar el mínimo a unos seis mil pesos. Caló y Yasky, convocados.

    Por Javier Lewkowicz

    El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reúne hoy en el Ministerio de Trabajo y concretaría una suba de entre 27 y 31 por ciento. La actualización llevará el salario mínimo a una suma que rondará los seis mil pesos. Sería a través de dos cuotas, la primera más importante que la segunda, del 18 por ciento aproximadamente. Así lo anticiparon a este diario fuentes oficiales, de la parte sindical y patronal. Será el decimosegundo aumento consecutivo del salario mínimo.

    Los representantes de los trabajadores convocados a la reunión son los integrantes de la CGT de Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky. En cambio, las centrales encabezadas por Pablo Micheli y Hugo Moyano no participarán por decisión ministerial. La decisión provocó la queja de esos dirigentes, que en las ocasiones anteriores, cuando sí fueron convocados, prefirieron no asistir para no convalidar la reunión de “aplaudidores”. Por el lado patronal darán el presente la UIA, la Cámara de Comercio, de la Construcción, los bancos, las entidades rurales, CAME y pymes. A las tres de la tarde se reunirán por separado y luego juntos firmarán el acta. Para ese cierre se espera la presencia de la presidenta, Cristina Fernández.

    Fuentes oficiales anticiparon que la suba del salario mínimo será de entre el 27 y el 31 por ciento, probablemente bien cerca del promedio de aumento acordado hasta ahora en paritarias, del 28,5 por ciento. De manera que el ingreso mínimo legal para los trabajadores de tiempo completo se ubicaría en el orden de los 6 mil pesos luego de que se concreten las dos cuotas. Los sindicalistas buscan que la primera sea del 17/18 por ciento, idea que abona el Gobierno, atento a impulsar el consumo interno. La primera cuota empezaría a regir en septiembre.

    Otra novedad que tendrá la reunión será el lanzamiento de una aplicación para conocer desde la computadora o el celular el salario de convenio de una serie de actividades, para cada categoría, con adicionales y descuentos. La idea es que el trabajador informal tenga más herramientas para exigir igualdad de condiciones, al menos en el plano salarial.

    La última actualización del 31 por ciento llevó el salario mínimo a 4716 pesos. Eso representa un incremento del 2258 por ciento frente a 2002, muy superior a cualquier medición de precios. En los últimos años el aumento del salario de convenio establecido en las paritarias fue apenas superior al del salario mínimo. La relación se invirtió el año pasado, con una suba media en las negociaciones colectivas del 30 por ciento, un punto abajo del aumento acordado del ingreso mínimo.

    El incremento del salario mínimo tiene un impacto inmediato limitado, ya que hay menos de 300 mil trabajadores registrados con ingresos salariales alrededor del piso legal. Un efecto menos directo pero relevante se da para el caso de los no registrados. Se calcula que al menos la mitad de ese universo (que alcanza a un tercio de los trabajadores) cobra por debajo del mínimo legal establecido por el salario mínimo vital y móvil. Ese piso les permite estar en mejores condiciones para exigir ingresos.

    Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, el salario mínimo el cuarto trimestre del año pasado representó un 42 por ciento de la mediana del salario de la economía (el salario que divide la muestra en dos partes iguales). Medido en dólares, el ingreso mínimo en el país está bastante por encima de la marca de otras economías de la región.

    Por otro lado, la cartera laboral aclaró que en la actualidad la mitad de los ocupados percibe salarios igual o inferiores a 5500 pesos por mes, aunque esa proporción (si se toma el poder adquisitivo de ese salario) era del 85 por ciento en 2002 y de entre el 66 y el 71 por ciento entre 1992 y 2002. Para deflactar el monto salarial, el organismo utilizó hasta 2006 el IPC del Indec, entre 2007 y 2011 el índice de siete provincias y desde 2012 el IPC de Miguel Bein. Una parte de ese universo de asalariados trabaja menos de 35 horas semanales de forma voluntaria. Con esa salvedad, los empleados de “bajos salarios” representan el 35 por ciento del total.

  • ESTE ES EL PODER JUDICIAL QUE PROTEGE A LOS CORRUPTOS...

     

    19 de Julio de 2015

    Juez y parte, a cargo de la causa HSBC

    La magistrada que lleva el caso de las cuentas en Ginebra es la esposa de un abogado de Cablevisión, investigada en la causa.

     

    La mujer se excusó, pero curiosamente, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico la obligó a retomarla.

    Leandro Renou

    Juez y parte, a cargo de la causa HSBC

    La causa se inició cuando la AFIP judicializó el listado de 4040 cuentas ilegales de argentinos en Suiza - Foto: télam

    Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) judicializó el listado de 4040 cuentas ilegales de argentinos en el HSBC Ginebra, en los tribunales, todos miraron para otro lado. Ya habían caído otras causas de lavado de dinero y evasión que, por presiones de los Estados Unidos y los sectores económicos investigados, se habían congelado: los casos del JP Morgan y BNP Paribas. Lo cierto es que, paradójicamente, la causa que se inició con una denuncia global del ex jefe de Informática del banco, Hervé Falciani, llegó a manos de la jueza María Verónica Straccia. La titular del Juzgado Penal Tributario 3 está actualmente casada con Jorge Sourigues, abogado de Cablevisión, una de las firmas del Grupo Clarín que aparecen con cuentas irregularidades en Suiza. Inicialmente, Straccia pidió apartarse y ante su inhibición la remplazó temporariamente el propio Javier López Biscayart. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó la voluntad de la magistrada de abandonar la causa y la obligó a retomarla, por considerar que en el Código Penal ese vínculo no es excusa para pedir el recurso. 
    Cabe destacar que Cablevisión se encuentra en todas las causas de lavado y evasión que se cursan en la Justicia Federal: además de la del HSBC, aparece directa o indirectamente en las que se iniciaron con las denuncias del ex JPMorgan Hernán Arbizu, y que quedaron en  manos de los jueces Sergio Torres y Sebastián Casanello. 
    Más allá de que Straccia sigue con la causa HSBC, la investigación plena la lleva la fiscalía que comanda Claudio Navas Rial. Los secretarios de la jueza casi no manejan información de la marcha de las pesquisas. Sourigues, el esposo de Straccia, también es un hombre con años en la justicia. Su expertisse son los fraudes corporativos, conflictos societarios y delitos económicos. En mayo del año pasado, Tiempo contó parte de una de sus gestiones, vinculada a Clarín y, de forma indirecta, a Mauricio Macri. En aquel entonces, la Corte Suprema confirmó una investigación contra CIMECO SA, una firma del holding que gestiona los diarios La Voz y Los Andes de Mendoza. En esa pesquisa quedó apuntado Ignacio Driollet, uno de los directivos de la compañía, denunciado por evasión de más de $ 42 millones en Impuesto a las Ganancias entre los años 2003 y 2007. En 2012, previo a la intervención de la Corte, Driollet apeló vía sus abogados, Jorge Sourigues y Alejandro Pérez, quien también es abogado patrocinante de Macri. Cabe destacar, como también contó este diario, que Driollet, el defendido por el esposo de la jueza Straccia, está investigado por lavado de activos a través de la firma PEM S.A., cuyo principal accionista es, justamente, la empresa Cablevisión.  «

     

    SOURIGUES

    El abogado Jorge Souriges representa a Cablevisión. Es un especialista en fraudes corporativos, conflictos societarios y delitos económicos.

     

    Gentileza: Diario Argentino

Anterior página 1 2 3 4 ... 21 Siguiente página
102 entradas

Encuesta

Que le parece este sitio?

Clima