Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

General

  • Colapso de la Justicia del Trabajo

     


    No es novedad. La justicia del Trabajo continúa en crisis.
    Los tribunales laborales desde siempre han contado con una infraestructura edilicia impropia de su función. El Poder Judicial incumple abiertamente la normativa establecida en la ley 19587 ya que, tanto en lo que se refiere a higiene (ambientes pequeños, oscuros, sin ventilación; en otras palabras, insalubres) como a seguridad (ubicados en pisos altos, con sobrecarga en la estructura, sin escaleras de incendio, sin cobertura civil "seria" frente a eventos dañosos), dejan mucho que desear.
    Indudablemente que dichas carencias no sólo hacen ineficiente sino también insalubre el trabajo que se desarrolla en dicho ámbito. No son raros los casos de licencia por enfermedad debida a estrés laboral y mucho menos, el estado depresivo de los Sres. Magistrados que los lleva a dejar acéfalos a los tribunales.
    Por otra parte, el número de tribunales del trabajo no ha variado en veinte años a pesar de las diversas crisis económicas que tomaron al obrero como rehen y fundamentalmente, a pesar del crecimiento demográfico de la población.
    En la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, etc.), tan sólo seis tribunales han debido asumir, en instancia única, el conocimiento y resolución de todos los conflictos laborales de orden individual y colectivo del sector público y privado.
    Así pues, nos encontramos con que la Justicia del trabajo ha colapsado ya que los tribunales existentes no sólo son insuficientes para hacer frente a la creciente conflictividad social sino que también padecen enfermedades endémicas del Poder Judicial.
    Esta problemática -en gran parte- ha producido una demora injustificable de la administración de la Justicia y por ende, ha importado una abierta violación a las obligaciones asumidas por el Gobierno Nacional en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948), que en su Artículo 36 prescribe: “en cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos".
    Asimismo, al colapso existente deben sumarse otras variables que tornan inservible al fuero.
    La misma Suprema Corte es co-responsable del actual estado de colapso, aunque no lo quiera admitir.
    Ya desde los años 90 (plena época menemista) el Superior Tribunal encarnó lo que la doctrina ha dado en denominar "el neoliberalismo laboral" tanto en los institucional (división en salas de las cámaras (útil a los fines estadísticos del Banco Mundial -prestamista del Poder Judicial-), creación de la mesa centralizada laboral (extrañamente benefactora de ciertos estudios jurídicos al momento de la asignación de sus causas), implementación de la certificación de la norma ISO 9001 (la cual paradógicamente la Suprema Corte no ha obtenido); como en lo funcional (creación de la teoría del desistimiento tácito de la acción, notificación electrónica, aplicación de una tasa de interés distinta a la aplicada en el resto del País, homologación de cualquier convenio "basura", etc.); todo lo cual, lejos de producir una eficientización del fuero generó la precarización del Derecho del Trabajador a contar con una Justicia tuitiva y eficaz.
    A lo dicho se suma la desvergüenza de los Sres. Senadores que, cobijados en el anonimato de su voto preferencian como jueces a postulantes que, casualmente, se hallaban comprometidos con el sector empresario dominante de turno que ven en aquellos una herramienta eficaz de dominación.
    Por ello, considero que la expectativa de mejora va de la mano de un cambio de la política tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial. Hasta tanto ello no acontezca todo esfuerzo será en vano.

  • Reflexiones sobre el fallo de la Corte Suprema

     

    Recientemente el abogado de la CGT y diputado nacional por el frente para la victoria, HECTOR RECALDE, expresó en referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia:
    “Sólo declaró inconstitucional un artículo que indica que un delegado debe estar afiliado a un sindicato con personería gremial". Asimismo, agregó que: “dicha sentencia tendrá consecuencias imprevisibles" al señalar que “dejará sin protección a los delegados que se presenten fuera de la estructura de la personería gremial". Además señaló que cualquier trabajador "puede afiliarse, desafiliarse o nunca afiliarse a un sindicato, como lo indica el artículo 4 de la ley" y expresó que la CGT “prioriza la unidad de acción".
    Sin dejar de reconocer cierta precisión de tales declaraciones, me pregunto: ¿La CGT no previó que este reconocimiento podía llegar algún día; más aún, cuando hay normas internacionales de rango constitucional que así lo imponían?.
    Incluso, si tanto prioriza la CGT “la unidad de acción” cómo pudo permanecer ajena al reclamo de la gran masa de trabajadores de democratizar los sindicatos adheridos a la Central Obrera evitando que los “viejos jerárcas” (léase Lorenzo Miguel, Ubaldini, Triaca, Baldassini, Daer, Cassia, Zafora, etc) continuaran parapetados en sus cargos engrosando desproporcinadamente sus patrimonios y descuidando –cuando no, entregando- a sus compañeros.
    Indudablemente que este fallo es trascendente pues, obligará a un replanteo del modelo sindical. Vale decir, los trabajadores que deseen representar a sus compañeros no deberán necesariamente estar afiliados a la estructura monopólica, autocrática y entregadora de ciertos sindicatos con reconocimiento legal (normalmente adheridos a la CGT) para gozar de las garantías constitucionales devenidas de la libertad Sindical.
    Eso sí, también este fallo implicará que los dirigentes de la CTA deban estar a la altura de las circunstancias. No por haber logrado este ansiado pronunciamiento cesan las batallas. No pueden permitirse caer en el “aburguesamiento” histórico de la clase obrera argentina cuando llega a un puesto dirigente pues ello, traerá aparejado un proceso aggiornado de explotación aún más feroz que el acontecido en la década del 90.

  • LIBERTAD SINDICAL

     

    En un histórico fallo la Corte Suprema de Justicia reconoció la garantía de la estabilidad laboral a todo aquel trabajador (en este caso a estatales) que ejerza una actividad sindical o representativa independientemente de que esté o no afiliado a entidad sindical reconocida como tal. Consecuentemente establece que el artículo 41 de la ley 23551 no se compadece con el convenio 87 de la OIT. En tal sentido, expresa el máximo tribunal: "En resumida cuenta, hay una "diferencia fundamen­tal" entre el monopolio sindical "instituido o mantenido por la ley" directa o indirectamente, y el que "voluntaria y li­bremente" quieran establecer los trabajadores. El primero, cuando trasciende los límites señalados en este considerando, "está en contradicción con las normas expresas del Convenio N° 87", el cual, aun cuando "manifiestamente no apunta a im­poner el pluralismo sindical", sí exige que éste "[sea] posi­ble en todos los casos" (confr. Libertad sindical y negocia­ción colectiva, cit., párr. 91)".
    Esta sentencia señala el punto de partida para el "aggiornamiento" del sindicalismo argentino.
    ¡Basta de burocracia sindical!
    ¡Basta de dirigentes gremiales corruptos!
    Fallo completo:
    Libertad_Sindical.doc


  • Tercerización implica solidaridad


    Recientemente se dictó sentencia en los autos nro. 50792/3 caratulados: "CASTELLANO MARCELO DARIO C/ SCRIBANO JOSE LUIS Y OTRO – ORDINARIO DESPIDO” originarios de la sala 10º de la Cámara del trabajo de la Ciudad de Córdoba. Dicho fallo extiende la responsabilidad frente al despido indirecto del trabajador a quien "terceriza" la mano de obra. Todo ello por aplicación del art. 30 de la LCT.
    Es digno de ser leído.
    Solidaridad_Tercerizacion_Despido_Indirecto.doc

  • Despido discriminatorio:


    Un valioso aporte jurisprudencial del Dr. Zas -Camarista Nacional del Trabajo- al instituto pretoriano del "despido discriminatorio". La empleadora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del despido del trabajador y la condenó a reinstalarlo en su puesto habitual de trabajo y a pagarle los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la efectiva reinstalación. La Cámara confirmó la sentencia apelada.
    Ver fallo:

    Despido_Discriminatorio_Jumbo_Zas.doc

     

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