Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

General

  • LA CORRUPCION DE BONADIO Y EL PORQUE DE SU APARTAMIENTO...

    Por qué apartaron a Bonadio

    A su juzgado le dicen La Embajada, porque ahí no corre la ley argentina. El chiste se pone serio al leer las razones de su separación, un catálogo de actos arbitrarios pero espectaculares.

    Por Raúl Kollmann (PAGINA 12)

    Las humoradas más conocidas sobre Claudio Bonadio son dos. La primera es que en los tribunales de Comodoro Py rige por un lado el Código Penal y por el otro el Código Bonadio. La segunda es que a su juzgado le dicen La Embajada, porque ahí no rige la ley argentina. Más allá de las humoradas, la totalidad de los jueces y camaristas sostienen que Bonadio no se atiene demasiado ni al código ni a la ley. Nadie tiene estadísticas, pero coinciden en que es, con mucha diferencia, el juez que tiene más apartamientos de casos y al que más resoluciones le revocaron. Si estos son los conceptos de la mayoría de los que transitan Comodoro Py, ni hablar de lo que sostiene la defensa de la empresa Hotesur, con el abogado Carlos Alberto Berardi a la cabeza. Para ellos, no sólo el fallo en que se lo apartó es lapidario sino que debió ser apartado muchísimo antes.

    Como se sabe, la empresa Hotesur tiene como presidente a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, y como socios –tras la muerte de Néstor Kirchner– a toda la familia presidencial: Cristina, Máximo y Florencia tienen la totalidad de las acciones. La causa surgió como un hecho muy menor, por falta de inscripción de cambios en los accionistas y presentación de balances en la Inspección General de Justicia (IGJ). La pena era puramente administrativa, una multa casi seguro menor a 5000 pesos. La denuncia original vino de la diputada Margarita Stolbizer que incorporó a su partido GEN a Silvina Martínez, una funcionaria de la IGJ. En ese momento, la imputación era contra funcionarios de la IGJ por no controlar, pero Bonadio decidió seguir, presuntamente investigando un lavado de dinero, aunque nunca lo hizo explícito, nunca definió el delito.

    Ya a fin de año pasado, las defensas recusaron a Bonadio por parcialidad e incluso Berardi señaló por escrito que el juez preparaba una movida política sobre la base de la causa, para lo cual iba a recurrir a medidas espectaculares poco antes de las elecciones. Por entonces había algunos indicios. Bonadio le tomó declaración a Martínez como si fuera una perito independiente, sin consignar que era la abogada del GEN de Stolbizer. Cuando el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que era una causa que debía investigarse, entregó su requerimiento a las 13.30 y Bonadio mandó a hacer allanamientos esa misma tarde en una sede de Hotesur que ya sabía que no era más el domicilio de la empresa. Esas muestras de parcialidad y otras varias, motivaron la primera recusación.

    En la defensa de Hotesur se remiten al fallo para aclarar que no hubo una irregularidad para el apartamiento de Bonadio, sino numerosas razones por las que la Cámara decidió quitarle la causa. El fallo firmado por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero enumeran:

    - El juez se negó a entregar fotocopias del expediente a las defensas, un derecho elemental. Es la forma en que las defensas se mantienen al tanto de lo que hacen el juez y los fiscales, las medidas que se tomaron y sus resultados. La Cámara ya lo criticó en febrero.

    - El juez no permitió que las defensas estuvieran presentes en tres testimonios. Es otro derecho básico.

    - Bonadio decidió convocar a un perito contable de la Corte Suprema de la Nación. Pero ni explicó cuál era su trabajo ni permitió que las defensas designaran un perito contable de parte. Cuando el perito contable supuestamente terminó su trabajo no presentó nada ni el juez le tomó una declaración. Finalmente –siempre según el fallo de Cámara–, Bonadio adujo que el perito contable fue su asesor para analizar el caso y redactar los puntos para una pericia que, ahora sí, convocaría oficialmente. Las defensas dicen que Bonadio hizo una pericia oculta, sin control de las partes, y la tapó diciendo que no fue una pericia. El 30 de junio, Bonadio convocó finalmente a hacer una pericia oficial pero lo asombroso es que designó como perito oficial al perito que trabajó antes con él. Es decir que ese profesional confeccionó las preguntas e iba a estar a cargo, iba a ser el árbitro de las respuestas. Las defensas dicen que es una grosera muestra de parcialidad.

    - Hace dos meses, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que tiene jurisdicción sobre Santa Cruz, le reclamó la causa señalando que no tenía competencia ya que la empresa y todos los hechos ocurrieron en el Sur. El juez no contestó durante dos meses. Los camaristas señalan que igual siguió tomando medidas y concretando actuaciones. Debe pensarse que si se declaraba su incompetencia, porque la causa debe instruirse en Comodoro, las medidas serían de muy dudosa validez. El viernes, cuando ya sabía que los camaristas estaban redactando su desplazamiento, le respondió a la Cámara de Comodoro rechazando la incompetencia: sostuvo que Hotesur tenía domicilio en Capital, pese a que su actividad y todos los contratos están firmados en el Sur.

    - El camarista Freiler sumó la cuestión de los procedimientos de la Metropolitana en Santa Cruz. Según Freiler fue irregular usar esa fuerza fuera de su jurisdicción. Otros jueces en Comodoro Py consideran que no fue ilegal pero mostró gran parcialidad: en los procedimientos hubo personal de su juzgado, de manera que no había motivos para llevar a 42 efectivos a 2500 kilómetros de distancia. Por otra parte, no se trataba siquiera de allanamientos, sino de requisitorias –con subsidiaria de allanamiento– de libros de contabilidad, documentación de movimientos bancarios y comerciales. En Comodoro Py coinciden en que semejante operación exhibe falta de imparcialidad y la búsqueda de un show.

    Pese a lo que se transmitió durante viernes y sábado, el motivo del desplazamiento de Bonadio no fue la nulidad de la pericia contable, sino que dos de los tres camaristas resolvieron que fue la gota que rebalsó el vaso y dieron cuenta de las arbitrariedades del proceso. El tercer camarista, Eduardo Farah, se negó a pronunciarse y se limitó a decir, en su breve fallo, que no debía anularse la pericia contable y que no estaba planteada la cuestión del desplazamiento del juez.

    Desde el punto de vista de los medios, resulta asombrosa la defensa de Bonadio, cuando desde hace años viene siendo duramente cuestionado tanto por el oficialismo como por la oposición. Entre otros, lo criticaban de forma despiadada, los que hoy intentan convertirlo en un mártir, pese al listado de maniobras que detalló la cámara.

    raulkollmann@hotmail.com
  • EXCELENTE ARTICULO DE PAGINA 12 RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

    Los falsos cisnes negros de la derecha argentina

    Por Edgardo Mocca

    La noción de “cisne negro” recuperada de la tradición filosófica clásica por Nassim Taleb, un ensayista libanés radicado en Estados Unidos, tiene su principal interés práctico en la rigurosa refutación de la posibilidad de las ciencias sociales –especialmente de una que no se reconoce como tal, la ciencia económica– de predecir rigurosamente los acontecimientos futuros. El cisne negro es un acontecimiento inesperado que produce un alto impacto social y que modifica el punto de vista predominante sobre la situación antes de su aparición e incluso transforma retrospectivamente la interpretación de esa situación; el lugar del ave imaginaria es el de poner en crisis los pronósticos de los técnicos y científicos dedicados a estudiar las leyes del comportamiento humano en un lugar y en una fecha determinada. Un cisne negro fue, por ejemplo, el atentado de Atocha en Madrid del 11 de marzo de 2004; según una hipótesis bastante generalizada y nunca comprobada el hecho y sus derivaciones políticas inmediatas modificaron el panorama de las inmediatas elecciones en ese país en contra del PP y a favor del PSOE.

    La referencia libresca viene a cuento para hablar de la desopilante utilización de la idea de Taleb que hace el editorialista de La Nación el último 9 de julio para ejercer un don que hasta ahora no tiene antecedentes: la previsión de un hecho imprevisible. El redactor corporativo hace una pirueta verbal de antología; dice que “el ave que sobrevuela podría no posarse nunca” (sic). Lo cierto es que si se lo puede ver y no se posa nunca no es un cisne negro, es otra cosa. La Nación no discute teoría política. Lo que hace es construir un cuadro de la actual situación política, registrar la existencia de un clima predominante muy favorable a la continuidad del proyecto político hoy gobernante y detectar los posibles puntos de conflicto que podrían conducir a una crisis, jerarquizarlos internamente y proponer un curso de acción haciéndolo pasar como una tendencia inevitable de la economía. Con Taleb no tiene nada que ver. ¿Por qué entonces el uso de la metáfora zoológica? Claro está, para señalar de modo que no quepa duda que solamente un suceso de gran potencial desorganizador y destructivo puede modificar el rumbo de los acontecimientos. Y que ese acontecimiento solamente puede suceder en un área, la cuestión económica y particularmente en la moneda. “El cisne negro del que nos ocupamos aquí es una situación de pérdida de control de la conducción económica que produzca una reacción social caótica. Es, por ejemplo, el caso de una corrida cambiaria que lleve a imponer un corralito de depósitos y a acentuar el cepo cambiario”, dice, sin pudor alguno, el editorialista.

    Durante la última semana pareció que en la Argentina la mayoría de los cisnes son negros. Una delegación de la policía de la ciudad de Buenos Aires ejecutó una orden de un juez federal, Bonadio, para allanar la inmobiliaria de Máximo Kirchner en Santa Cruz. El domicilio de Víctor Hugo Morales fue sorpresivamente ocupado con el justificativo de un embargo dictado en la causa que lo enfrenta con Cablevisión; un episodio en el que se empleó la violencia simbólica y el mal trato personal y en el que participó el abogado del grupo Clarín. Apartado de la causa de Hotesur, Bonadio disparó una serie de nuevos allanamientos dirigidos en este caso contra el ministro Julio De Vido. Como al pasar digamos que a este juez solamente lo mantiene en su cargo el tácito respaldo de los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura; todo un antecedente de la relación de un sector de la clase política con lo más desprestigiado de la corporación judicial. El hecho que se quiere remarcar aquí es que el bloque político enfrentado al curso del gobierno de estos años está impulsando una nueva ofensiva para revisar en la práctica lo que es una conquista histórica de la democracia argentina: la de impedir, como se logró en estos años, que la capacidad de fuego de los sectores concentrados de la economía produzca una crisis política y la alteración de los tiempos institucionales como camino a una plena imposición de sus planes. Este parece ser el bien principal a defender en los meses que viene, el derecho del pueblo argentino a decidir su futuro por medio del voto en condiciones de orden y tranquilidad pública.

    Es casi totalmente evidente que la línea de ataque principal será la económico-financiera, tal como la expresa el mencionado editorial de La Nación. En primer lugar porque es el área en el que se concentra el poder de decisión de los promotores del caos. Tienen ahí su poder de fuego que es el de capacidad para provocar situaciones conflictivas a partir de la especulación monetaria. En segundo lugar porque una corrida cambiaria tiene el impacto negativo inmediato en la vida cotidiana de las personas y repercute directamente en la relación entre las personas y la política. Y lo principal es que hechos de esa naturaleza repercuten en la calle, afectan el orden público, según nos lo enseña una experiencia desgraciadamente abundante en las últimas décadas y sería la mejor ocasión para poner en escena otra de las premisas de la derecha para generar una crisis. ¿Dónde está la clave del éxito o del fracaso del plan? Por cierto hay un aspecto, digamos así “objetivo” de la cuestión que es el control de las variables que pueden concurrir o no en la creación del desorden. Pero muy entrecruzada con la cuestión político-operativa está lo que es siempre la clave de los acontecimientos políticos: el clima social, las llamadas “expectativas” económicas o de otro orden que no son otra cosa que un objeto de disputa de poder. Quien imponga políticamente las expectativas predominantes será el dueño de la escena. La presión mediática va a crecer exponencialmente en la etapa que viene. Y no solamente de aquí a octubre, también en el caso de la asunción de un nuevo gobierno que necesite ser “ayudado” y “bien aconsejado” sobre sus decisiones inmediatas. Hasta podría decirse que, en una medida, la presión aumentará cualquiera sea el resultado de la elección. Porque sería muy difícil para cualquier gobierno invertir el curso de las políticas públicas en el sentido exigido por el establishment –devaluación, ajuste salvaje, nuevo endeudamiento, reducción de costos para el gran capital– sin el prólogo del desorden económico y político que lo mostrara como inevitable.

    La existencia entre los poderosos del mundo de un clima absolutamente intolerante con cualquier forma de resistencia a la línea de acumulación ilimitada de sus ganancias queda evidenciada por una mirada rápida por los recientes acontecimientos. El eje de los conflictos se ha extendido; no es solamente contra el gobierno de Venezuela, y Ecuador –dos países que viven etapas particularmente tensas del conflicto– ni es en la presión contra el gobierno de Evo Morales y la ya estabilizada línea de desestabilización en nuestro país: la fiereza conservadora del neoliberalismo se ha mostrado de modo descarnado en la manera en que Alemania torció el brazo del gobierno popular de Grecia y lo obligó a aceptar bajo la forma de un “acuerdo” la sumisión neocolonial de ese país y la destrucción de su tejido social. El establishment político-financiero-mediático global no es, como suele representárselo, un “círculo” de caballeros educados y adinerados que buscan influir en la política a favor de sus intereses: es un complejo de fuerzas, estructuras de poder y orientaciones estratégicas dispuesto a emplear cualquier medio en defensa de su dominación. Si hay algo importante en esta última década larga en el país y en el mundo es la ilustración cabal de cuál es la línea divisoria central en la lucha por el futuro. Queda cada vez más claro que la divisoria democracia-autoritarismo solamente funciona si se discuten adecuadamente los significados de esos términos. ¿Qué otra cosa que no sea autoritarismo es lo que acaba de revelar el conflicto entre Grecia y la troika hegemonizada por Alemania? ¿A qué se le puede llamar democracia en Europa, después de la brutal represalia de la Unión contra un país que acababa de expresar su voluntad de rechazo al ajuste y a la austeridad? En la prensa hegemónica mundial los términos de la discusión están sistemáticamente acomodados a la estrategia política en cuyo nombre hablan. Terroristas son solamente los fanáticos musulmanes, no las potencias que ocupan países, destruyen ciudades históricas y matan cientos de miles de civiles. Democráticos son los países que respetan la seguridad jurídica (la tasa de ganancia) del capital aunque para eso tengan que condenar a la miseria a gran parte de sus habitantes. Autoritarios son los que consideran que la democracia es el derecho de autogobernarse haciendo pesar el número por encima del dinero. En la discusión de ese diccionario, en la visión del mundo que de esa discusión derive está la posibilidad de un futuro.

    En los días que siguen esa tensión se intensificará entre nosotros. Se pretenderá instalar entre nosotros que es inevitable la crisis y el ajuste. Que así lo dicen las leyes económicas y que nadie puede hacer nada contra ellas. Nosotros, en última instancia, seremos quienes decidiremos.

  • RESPONSABILIDAD ESTATAL POR MOTINES CARCELARIOS -JURISPRUDENCIA DE MENDOZA-

    Agüero, Juan Gilberto c/ Gobierno de la Prov.de Mza s/ daños y perjuicios
    5ta CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, MINAS, DE PAZ Y TRIBUTARIO de MENDOZA - MENDOZA - 04/05/2015
    Responsabilidad estatal. Hace lugar a la demanda promovida contra la Provincia de Mendoza por los daños que sufriera el actor en ocasión de haber sido rehén en el motín carcelario producido en la Penitenciaría local en oportunidad en la cual el accionante había concurrido a dicho establecimiento como integrante de un grupo musical que fue invitado a participar de un espectáculo vendimial que allí se desarrollaba. Advierte que los artistas fueron rehenes de los reclusos amotinados durante aproximadamente cuarenta y cinco horas, lo que sin duda los afectó espiritualmente, tanto por la privación de la libertad como así también por el entorno en que la misma se dio y por la amenaza creíble de que la vida de cada uno estaba seriamente en juego.
  • LEY 27113 Programa de propiedad participada de los ex agentes de yacimientos petrolíferos fiscales

    Reconocimiento por parte del Estado nacional de una indemnización a favor de los ex agentes de Y.P.F., a los cuales no se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes.

     

    BO 28/5/15

  • EL LAMENTABLE PLENARIO DE LA SUPREMA CORTE MENDOCINA REFERIDO A LA APLICACIÓN DEL RIPTE

    SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA...!
    
    (SALA SEGUNDA)
    
    PODER JUDICIAL MENDOZA
    
    foja: 61
    
    CUIJ: 13-00847437-5/1((012174-10964701))
    
    LA SEGUNDA ART SA EN J° 20018 NAVARRO JUAN ARMANDO C/LA SEGUNDA ART SA
    P/ACCIDENTE (20018) P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN
    
    *102870151*
    
    En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince,
    reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar
    sentencia plenaria en la causa n° 109.647, caratulada: “LA SEGUNDA ART
    S.A. EN J° 20.018 "NAVARRO JUAN ARMANDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/
    ACCIDENTE" S/ INC. CAS”
    
    A fs. 57, esta Suprema Corte convocó a Plenario (art. 149 C.P.C.) a los
    efectos de decidir si: “¿Es aplicable la Ley 26.773 a las contingencias
    cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la
    publicación de la norma en el Boletín Oficial? En su caso, qué supuestos.”
    
    Conforme razones de orden metodológico, y sin perjuicio del sorteo
    dispuesto a fs. 60, los Sres. Ministros expondrán su voto por los
    fundamentos que hacen a la mayoría y a las minorías, respectivamente.
    
    A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, POR LA MAYORÍA, EL DR. MARIO
    DANIEL ADARO, DIJO:
    
    I.- Para una cabal comprensión de la problemática traída a debate
    corresponde, ante todo, precisar el texto de las disposiciones de la ley
    de marras con trascendencia para la resolución del presente:
    
    1.- ARTICULO 3º “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo
    sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el
    damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a
    las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una
    indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro
    daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte
    por ciento (20%) de esa suma.-En caso de muerte o incapacidad total, esta
    indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($
    70.000).”
    
    2.- ARTICULO 4º “Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al
    pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de
    notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o
    determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de
    trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los
    damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde
    percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma
    separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. -
    Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones
    previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran
    corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los
    distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. - El principio
    de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno
    u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos
    sobre el evento dañoso. - Las acciones judiciales con fundamento en otros
    sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la
    notificación fehaciente prevista en este artículo.- La prescripción se
    computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa
    notificación.- En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la
    vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los
    principios correspondientes al derecho civil.”
    
    3.- ARTÍCULO 8°: “Los importes por incapacidad laboral permanente
    previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se
    ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice
    RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables),
    publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
    Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente
    fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.”
    
    4.- ARTÍCULO 17°, inciso 1°, en relación con los pagos en forma de renta
    periódica, prescribe: “…quedan transformadas en prestaciones
    indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las
    prestaciones en ejecución.”
    
    5.- ARTÍCULO 17°, inciso 5°: “Las disposiciones atinentes a las
    prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a
    partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las
    contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya
    primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.”
    
    6.- ARTÍCULO 17°, inciso 6°: “Las prestaciones en dinero por incapacidad
    permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su
    actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de
    entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE
    (Remuneraciones Imponibles promedio de los Trabajadores Estables),
    publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del
    año 2010.
    
    La actualización general prevista en el artículo 8° de esta ley se
    efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado
    Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241,
    modificado por su similar 26.417.”
    
    7.- ARTÍCULO 17°, inciso 7° dispone que: “Las disposiciones atinentes al
    importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez
    entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
    la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa
    condición.”
    
    II.- Estos dispositivos han dado lugar a numerosas sentencias de los
    Tribunales Inferiores, las que han incitado la presente convocatoria.
    
    a.- Con escasos matices, la mayoría de las Cámaras del Trabajo mendocinas
    han seguido la sentencia dictada por el Dr. Sergio Simó en autos N° 4235 –
    “GODOY, D.M. c/MAPFRE ARGENTINA ART S.A. p/ ACCIDENTE” (fecha 12/11/2012),
    pronunciamiento efectuado antes del dictado de la reglamentación por
    Decreto 472/14.
    
    El núcleo del decisorio se asienta en la interpretación de que el inciso
    6° del artículo 17 es la excepción al inciso 5° de la misma cláusula, por
    lo que la aplicación (inmediata o retroactiva de la ley) resultaría por
    expresa disposición del dispositivo.
    
    (i) En tal sentido, el inc. 6° resultaría aplicable a todas las
    contingencias laborales acaecidas con anterioridad a la publicación de la
    ley en el Boletín Oficial, regidas por la ley 24.557, el decreto 1278/00 y
    el decreto 1694/09. Ello así, por imperio de dicho inciso, decidió el
    ajuste, a la fecha de entrada en vigencia de la norma legal conforme el
    índice RIPTE desde el día 1-1-10, por sobre las prestaciones dinerarias de
    la ley por las cuales admitió la demanda
    
    (ii) Las nuevas normas introducidas por la ley 26.773 serían las que se
    aplicarían luego de tal momento, conforme el inciso 5° del artículo 17 del
    mismo cuerpo legal. De este modo, las contingencias laborales cuya
    ‘primera manifestación invalidante’ sea posterior a dicha publicación, se
    encontrarían regidas por el art. 8 de la ley citada, y no por el art. 17
    inc. 6°).
    
    b.- Sin embargo, luego de la aparición de las Resoluciones de la
    Secretaría de Seguridad Social y Decreto reglamentario, la jurisprudencia
    ha modificado su criterio limitando la actualización a los pisos mínimos y
    a los pagos únicos del artículo 11, L.R.T.
    
    En ningún caso, toman en consideración el momento en el cual ocurrió la
    Primera Manifestación Invalidante (véase, entre muchísimas otras, Cámara
    Tercera, sentencia de fecha 10 de octubre del 2014, autos N° 39.216,
    caratulados: “JOFRE NELSON ROLANDO c/ LA SEGUNDA ART S.A. p/ ENFERMEDAD
    ACCIDENTE”; Cámara Cuarta, sentencia de fecha 05d e setiembre del 2014 de
    la Sala Unipersonal del Dr. FERNANDO JAIME NICOLAU, en autos Nº 16.428,
    caratulados "BRAVO, ANGEL BERNARDO C/ RESPONSABILIDAD PATRONAL A.R.T. S.A.
    P/ ACCIDENTE”; sentencia de fecha 17 de octubre del 2014, en autos Nº
    19.955 caratulados "ATENCIO GONZALEZ, PATRICIA  C/ LA SEGUNDA ART S.A. P /
    ACCIDENTE", Cámara Quinta, sentencia de fecha 17 de octubre del 2014, en
    autos Nº 19.955 caratulados "ATENCIO GONZALEZ, PATRICIA C/ LA SEGUNDA ART
    S.A. P / ACCIDENTE", Sexta Cámara, sentencia de fecha 13 de agosto del
    2014, en autos Nº 25.283, caratulados: “SAAVEDRA, JAVIER CALIXTO C/ LA
    CAJA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE”)
    
    III.- Por otra parte, a lo largo de nuestro País se han dictado numerosos
    pronunciamientos sobre esta temática y respecto de normas análogas:
    
    1. Ante todo, cabe revisar los pronunciamientos de la Corte Suprema
    
    a.- En primer término, en el precedente “Escudero” (Fallos 314:481) revocó
    una decisión de esta Suprema Corte mendocina, por entender que proponía
    una: “…exégesis irrazonable de la ley que la desvirtúa, con afectación del
    derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional, en tanto
    implica la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas
    cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser dictada…”
    (considerando 7°, Fallos 314:481, “Escudero”)
    
    Asimismo, sostuvo:
    
    (i) que no existía conflicto intertemporal que justificara la aplicación
    de la norma más favorable al trabajador (contenida en el artículo 9°
    L.C.T.);
    
    (ii) que los hechos que produjeron la incapacidad laborativa del actor,
    acaecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, así como su
    proceso de reagravación.
    
    (iii) Que el fallo judicial es declarativo y no constitutivo.
    
    (iv) Que “…la compensación económica debe determinarse conforme a la ley
    vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que
    se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el
    resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que
    persigue el reconocimiento de esta situación y sus efectos en el ámbito
    jurídico. Los actos procesales que se sucedan desde que el demandante
    adquirió el derecho en la plenitud de su contenido hasta arribar a la
    sentencia, la ejecución de ésta y la satisfacción de la condena,
    constituyen etapas en un procedimiento dirigido a obtener la expresión de
    un derecho existente, y el ulterior cobro de lo que ya era debido…”
    
    (v) Que: “…cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su
    aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la
    ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales
    imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones,
    el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia
    atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de
    los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado
    dispositivo legal (Fallos 299:132), pues de lo contrario podría afectar
    derechos adquiridos bajo el régimen anterior…”
    
    (vi) Es dable destacar que la legislación vigente en este tiempo carecía
    de una norma de derecho transitorio como la del artículo 17, inciso 5°,
    Ley 26.773.
    
    Por su parte, con su nueva integración, la Corte Federal ha convalidado la
    decisión recaída en “Escudero”, no sólo en autos “Lucca de Hoz”, si no
    también, en el caso “Aguilar”.
    
    b.- En efecto, en autos: “Aguilar” (A. 624. XLII. “Aguilar, José Justo c/
    Provincia ART s/accidente ley 9688”, de fecha 12 de Mayo de 2009), con
    voto expreso de todos los integrantes de la Corte Suprema (y disidencia
    exclusiva de la Dra. Carmen Argibay), se sostuvo que:
    
    (i) “…no merece reparo la conclusión del a quo acerca de que el decreto
    1278/00 (B.O. 3/1/2001) no era aplicable al sub examine, pues aquéllos
    acaecieron con anterioridad al año en que entró en vigor aquella norma,
    cuyo art. 19, expresamente previó que las modificaciones introducidas
    entrarían "...en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a
    su publicación en el Boletín Oficial (…) resulta inconducente examinar el
    planteo de inconstitucionalidad del art. 8° del decreto 410/01, que
    reglamentó el mencionado art. 19, en los siguientes términos: "Las
    modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables
    a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se
    produzca a partir del 1° de marzo de 2001" (el resaltado no pertenece al
    texto original). -Efectivamente, aun cuando por hipótesis -en el supuesto
    de prosperar el planteo de inconstitucionalidad-  pudiese ser superado el
    escollo que el apelante señala, en el sentido de que el texto transcripto
    acota indebidamente el ámbito de aplicación del decreto 1278/00 y no
    permite regir este caso por sus disposiciones, de todos modos,
    subsistirían las restantes razones expuestas por los jueces de la causa
    para arribar a la misma conclusión negativa, esto es, que si "...el
    siniestro acaeció el 11 de Julio de 1998,...mal podría aplicarse al mismo
    un diseño [el del decreto n° 1278/00] que se encuentra vigente recién a
    partir del año 2001" (fs. 168)…”
    
    c.- Por su parte, en “Lucca de Hoz” (Fallos 333:1433) la Corte también
    abordó lo relativo a la entrada en vigencia de las normas (v.gr. del
    decreto 1278/00), pronunciándose por la improcedencia del planteo de la
    actora en torno a la aplicación de un régimen dictado con posterioridad al
    siniestro. Textualmente, en dicha oportunidad, se sostuvo: “…el planteo
    referido a la aplicación del decreto 1278/00, en cuanto incrementó el tope
    indemnizatorio y fijó un pago directo a los derechohabientes no es
    aplicable al presente caso ya que no estaba vigente al momento de
    ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo…”
    
    d.- Paradójicamente, en el pronunciamiento recaído en autos “Calderón” (C.
    915. XLVI. “Calderón, Celia Marta el Asociart ART S.A. s/accidente, de
    fecha 29/04/2014) la Corte Federal, con uso contradictorio del precedente
    “Escudero” y una interpretación que soslayó completamente a las cláusulas
    normativas transitorias de los decretos aplicables, el Tribunal sostuvo
    que: “…la recurrente, no plantea una aplicación retroactiva de la ley [con
    referencia al decreto 1278/00], sino que discute la situación jurídica
    dada en autos no tratada por el a quo, a pesar de su oportuna
    argumentación y que tiene por fundamento el reclamo de la reparación por
    incapacidad total definitiva, consolidada por los jueces al momento de
    ocurrir el accidente…”
    
    (i) La Sala I de este Tribunal se vio compelida a emitir pronunciamiento
    análogo, luego del reenvío decretado (S.C.J., S.I, 09/09/2014, autos N°
    93.513, caratulados: “CALDERÓN CELIA MARTA EN J° 18.788 CALDERON CELIA
    MARTA C/ ASOCIART SA P/ AC-CIDENTE S/ CASACION.”), no sin antes admitir
    que la la Corte Federal no ha sido conteste en sus pronunciamientos.
    
    2.- Por otra parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
    Córdoba, alejándose de la postura que mantuvo en torno al Decreto 1694/09,
    se inclinó por la irretroactividad de la ley 26.773 en la causa “Martín”
    (expediente: "MARTIN PABLO DARIO C/ MAPFRE ART SA. - ORDINARIO - ACCIDENTE
    (LEY DE RIESGOS) - RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD", 170607/37,
    20/02/2014).
    
    Este criterio ha sido recientemente ratificado en autos “Carranza, Héctor
    Oscar c/ Mapfre ART S.A. –Ordinario-Accidente (Ley de Riesgos)” Recurso de
    Casación”, sentencia de fecha 18/11/2014 (publicado en El Dial Express,
    06/02/2015)
    
    3.- Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
    Santa Fe (autos S., V. H. c. Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente de
    trabajo/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad •
    22/09/2014, LA LEY 03/11/2014, 12 P.M. • DT 2014 (diciembre), 3434)
    rechazó el recurso extraordinario que dedujo la Aseguradora condenada a
    abonar la reparación sistémica con la actualización del índice RIPTE.
    
    4.- A su turno, las Salas de la C.N.A.T. N° I (18/10/2013, autos "Medina,
    Marcelo Fabián c. MAPFRE Argentina ART"; 24/09/2013, autos "Viceconte,
    Julio César c. Liberty ART" y 15/08/2013, autos "Leoni, Ariel Damián c.
    Liberty ART SA".), III (CNAT, Sala III, 12/07/2013, autos "Blanco,
    Sebastián c. Horizonte s/accidente" y 28/02/2014, autos "Arroyo, Domingo
    Carlos c. MAPFRE ART"), VI (CNAT, Sala VI, 13/11/2013, autos "Zanarini,
    Rubén Osvaldo c. Mixcom SRL" y 23/08/2013, autos "Martínez, Pablo Roberto
    c. Consolidar ART"), VII (CNAT, Sala VII, 28/02/2014, autos "Venialgo
    González, Eber c. MAPFRE Argentina ART" y 30/09/2013, autos "Silva, Jorge
    A. c. Provincia ART"), VIII (CNAT, Sala VIII, 19/02/2014, autos
    "Gregorachuk, Diego Gustavo c. Coplama SA y Otro") y IX (CNAT, Sala IX,
    11/04/2014, autos "Gómez, José Maximiliano c. MAPFRE Argentina ART" y
    30/09/2013, autos "Robelli, Gastón H. c. Asociart ART SA"), entendieron
    que la variación del índice RIPTE debía ser utilizado como mecanismo de
    indexación de las previsiones de los arts. 14.2 y 15.2 de la Ley 24.557,
    incluyendo procesos en trámite.
    
    5.- Por su parte, en una variante de la tendencia anterior, la Sala II
    (CNAT, Sala II, 11/11/2013, en autos "Ronchi, Jorge Hugo c. Consolidar ART
    SA" y "Véliz, Mauricio Alejandro c. SMG ART SA") limitó dicha aplicación a
    los valores mínimos establecidos en el Decreto 1694/2009.
    
    6.- Por el contrario, las Salas IV (CNAT, Sala IV, 29/11/2013, autos
    “Rodríguez, Marcos Ezequiel c/Asistencia y Remolques”) y X (CNAT, Sala X,
    22/10/2013, autos "Silveira, Roberto Carlos c. La Caja ART SA" y
    15/10/2013, autos "Batet, Julio César c. QBE ART SA"), rechazaron la
    aplicación de la Ley 26.773 a las contingencias cuya primera manifestación
    invalidante fuera anterior a la entrada en vigencia de dicho articulado.
    
    7.- Oportunamente, el Dr. Eduardo Álvarez, en lo relativo al Artículo 4°
    de la Ley 26.773, se pronunció por la irretroactividad de la norma
    (Dictamen pronunciado en expediente N° 53.199/2012-Sala V, “Virgilli,
    Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/ Accidente –
    Acción Civil”). Sin embargo, al analizar la aplicación del artículo 8°,
    propugnó su aplicación a supuestos acaecidos con anterioridad a la primera
    manifestación invalidante (autos: “DÍAZ CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA ART
    S.A. S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL”, EXPTE. NRO. 14.923/2012 – SALA I-
    Dictamen N° 58.996 del 18/11/13).
    
    IV.- A continuación, resumiré las posturas doctrinarias:
    
    1.- Por una parte, se encuentran los que postulan la aplicación
    “inmediata” de la nueva ley laboral más beneficiosa, con fundamento en el
    principio de progresividad y la equidad y, en tal entendimiento,
    cuestionan la validez del artículo 17, inciso 5°, ley 26.773; o defienden
    la aplicación “inmediata” en función de las “consecuencias” las que alude
    el artículo 3° C.C., equiparando aquéllas a la falta de pago (conf.
    Cornaglia, Ricardo J., “Aplicación inmediata de la ley laboral más
    beneficiosa”, LA LEY 02/11/2011 , 1 • LA LEY 2011-F , 841, entre muchos
    otros trabajos del mismo autor; SHICK, Horacio, “Aplicación de las mejoras
    indemnizatorias dispuestas por el decreto 1694/09 y la ley 26.773 no
    canceladas a la fecha de su entrada en vigencia”, DT 2013 (agosto) , 2052,
    entre otros ensayos de su propia autoría)
    
    2.- En otro sector se ubican los autores que entienden que la
    actualización del artículo 8° debe ser aplicada en forma inmediata, por
    expresa previsión del inciso 6°, del artículo 17, que resultaría ser una
    excepción al principio general establecido en el inciso 5° (conf.
    BARREIRO, Diego A. - FORMARO, Juan J., "El ajuste por RIPTE establecido
    por la ley 26.773". Publicado en: DT, 2013 (agosto), 2016.; GABET,
    Alejandro, “La ley 26.773 permite ajustar -según el índice RIPTE- las
    prestaciones en dinero por incapacidad laboral permanente acaecidas con
    anterioridad a su entrada en vigencia”, LLGran Cuyo 2013 (diciembre),
    1161, entre otros).
    
    3.- También se han pronunciado quienes argumentan que la ley no puede ser
    aplicada a supuestos anteriores a su entrada en vigencia, puesto que así
    lo ha dispuesto el Legislador en el inciso 5° del artículo 17, la Ley
    26.773 y las leyes no pueden ser aplicadas en forma retroactiva, si ellas
    mismas así no lo han dispuesto; y que la falta de pago no es una
    “consecuencia” de las previstas en el artículo 3 C.C. (conf. RAMÍREZ, Luis
    E., “Riesgos del trabajo: ¿Es aplicable el decreto 1694/09 a contingencias
    anteriores a su entrada en vigencia?, DT 2011-junio, 1534 - LA LEY
    28/07/2011, 3 - LA LEY 2011-D, 376; del mismo autor “Las prestaciones
    dinerarias de la LRT, después de la ley 26.773: un modelo para armar”,
    Rev. De Derecho Laboral 2013-1, ley de riesgos del trabajo IV/ dirigido
    por Mario Eduardo Ackerman – 1ª ed. – Santa Fe- Rubinzal Culzoni, 2013,
    pág. 83 y ss.; ACKERMAN, Mario E., “El RIPTE y su ámbito temporal de
    aplicación”, DT 2014 –julio-, 1927; OJEDA, Raúl Horacio, “La aplicación
    del RIPTE (Ley 26773) no es retroactiva”, Revista de Derecho Laboral
    Actualidad, RC D 960/2014; GARCÍA VIOR, Andrea E., “Reglamentación de la
    Ley de Riesgos del Trabajo. Cuantificación actual de su resarcimiento”, DT
    2014-mayo, 1335; FOGLIA, Ricardo A., “La aplicación del índice RIPTE a
    contingencias ocurridas antes de la vigencia de la ley 26.773”, DT 2013-
    noviembre, 3025, entre otros)
    
    V.- Anticipo que mi respuesta al presente Plenario, será negativa, dejando
    a salvo las retroactividades dispuestas expresamente por el Legislador en
    los incisos 1° (in fine) y 7°, del artículo 17.
    
    En efecto, sostengo que el resto de los dispositivos de la ley 26.773 no
    son aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante
    se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín
    Oficial.
    
    Pasaré a dar los fundamentos que sostienen mi decisión.
    
    1.- Advierto que el artículo 3°, ley 26.773 introdujo una nueva prestación
    dineraria -equivalente al 20% de las indemnizaciones dinerarias-, por lo
    que, en virtud del inciso 5° del artículo 17, corresponde que sea aplicado
    en los casos de primeras manifestaciones invalidantes producidas con
    posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial.
    
    En tal sentido, y porque se trata de una nueva obligación, caben aquí las
    mismas conclusiones a las que arribó el Plenario “Rey, José J. c. Viñedos
    y Bodegas Arizu S.A.” (21/12/1971) de la Cámara Nacional en lo Civil,
    cuando sentó que el daño moral incorporado por la ley 17.711 no podía ser
    aplicado a los daños causados con anterioridad a su vigencia.
    
    Este criterio fue ponderado positivamente por la Corte Suprema de Justicia
    de la Nación en autos “Edelberg” (Fallos: 291:390) y posteriormente
    seguido por los siguientes fallos Plenarios de la Cámara Nacional de
    Apelaciones del Trabajo, “Prestigiácomo” (LA LEY 1981-C); “Villamayor” (LA
    LEY 1991-B, 441 • DT 1991-A, 710 • DJ 1991-1, 862).
    
    Como puede apreciarse, la problemática aquí discutida, y que tiene en el
    centro de la escena a la persona humana que ha sido víctima de un daño,
    tiene larga data y ha sido resuelta, en cada plenario convocado al efecto,
    del modo antedicho: sin aplicación de la nueva ley a los hechos
    generadores de responsabilidad, ya fuera civil o laboral.
    
    Más adelante analizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
    Justicia, la que es conteste con este criterio.
    
    2.- En lo tocante al artículo 4°, resultan trasladables los mismos
    argumentos –lustrosamente expuestos en los Plenarios ya citados-, puesto
    que la cláusula introduce un requisito –antes, inexistente: la obligación
    de optar entre el régimen tarifado o el Civil.
    
    En consecuencia, el “hecho constitutivo” de la nueva obligación (primera
    manifestación invalidante) generará una nueva “situación jurídica” en la
    cual, la opción por uno u otro régimen comportará la renuncia del otro.
    
    En tal sentido, verifico que, de seguirse la tesitura doctrinaria y
    jurisprudencial que entiende que la “falta de pago” es una “consecuencia”
    de las mentadas en el artículo 3° del Código Civil y, en tal
    entendimiento, propugna la aplicación “inmediata” de la Ley 26.773,
    ocasiona un grave perjuicio a todos los trabajadores que percibieran sus
    acreencias luego de la entrada en vigor de la ley 26.773, puesto que la
    aplicación “inmediata” de la norma a sus supuestos les impediría el acceso
    al ámbito de responsabilidad civil (pues se entendería que ya “optaron”).
    
    Sin lugar a dudas, este no ha sido el espíritu de la norma y prueba que de
    lo que se trata es de una aplicación netamente “retroactiva” de la ley, y
    no “inmediata”, como un sector pretende.
    
    A mayor abundamiento, insistir en la aplicación retroactiva de la ley,
    cuando su aplicación es fuertemente resistida por los operadores
    jurídicos, particularmente, por quienes proclaman la vigencia “inmediata”
    del RIPTE (conf. SCHICK, Horacio, “Reforma a la ley de riesgos del
    trabajo. Un viraje regresivo en materia de daños laborales”, Sup. Esp.
    Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012 (noviembre), 22; GIALDINO, Rolando
    E., “Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. La vigencia de
    un instrumento cristalizador de derechos humanos”, DT 2014 (enero), 8, del
    mismo autor “Opción excluyente de la ley 26.773 y principios de
    progresividad y de opción preferencial”, LA LEY LXXVIII- 28, 1  - DT 2014
    (marzo), 729  - IMP 2014-5, 203; entre otros autores) merece un debate más
    intenso.
    
    De tal forma, esta “opción excluyente” correrá idéntica suerte que los
    incisos anteriormente analizados, puesto que en todos ellos es de plena
    aplicación lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 17.
    
    3.- Ahora bien, en el inciso 5° del artículo 17, Ley 26.773 radica la
    principal temática en torno al presente Plenario.
    
    Abordaré su análisis con distintos métodos de interpretación, a fin de
    aproximarme a su verdadero sentido y alcance, intentando develarlo  de
    forma coherente con todo el ordenamiento y la legislación constitucional e
    internacional.
    
    a.- En primer lugar, incumbe el análisis gramatical del texto en cuestión,
    pues: “Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se
    fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los
    principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y
    en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en
    consideración las circunstancias del caso.” (conf. Art. 149º C. Mendoza)
    
    Las bondades de la interpretación gramatical también han sido destacadas
    por la Sala I de este Tribunal, quien ha manifestado que: “…No debemos
    olvidar que el régimen de interpretación de la Convención de Viena sobre
    el Derecho de los Tratados (1969, C. Viena DT) se atiene al "principio de
    la primacía del texto…” (L.S 443-163)
    
    Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994)
    se inscribe en esta misma postura (arg. art. 2°), rezando que: “La ley
    debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades,
    las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
    derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
    coherente con todo el ordenamiento”.
    
    Así las cosas, resulta del texto normativo que: - las disposiciones
    “atinentes” a las prestaciones en dinero y en especie de la ley 26.773,
    tendrán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
    
    En consecuencia, sólo una vez publicada en el Boletín Oficial (26 de
    octubre del 2012) las disposiciones “atinentes” a las prestaciones en
    dinero y en especie de la ley 26.773 pueden ser aplicables a los supuestos
    allí detallados, según el texto legal.
    
    En su oportunidad, la norma no clarificó qué debía entenderse por
    “disposiciones atinentes a las prestaciones (…) de esta ley”. Fue recién
    el decreto reglamentario 472/14 (B.O. 11/04/2014), el que en su artículo
    8° especificó a qué institutos cabía la referencia. Ello así, la
    actualización conforme el índice RIPTE sólo correspondería para los
    supuestos del artículo 11.4 (“adicionales de pago único”) y para los pisos
    mínimos de las indemnizaciones tarifadas, según dicha reglamentación.
    
    En tal cometido, tanto las resoluciones 34/13, 3/12 y 22/14, como el
    Decreto Reglamentario 472/14 han sido contestes en regular sólo los pisos
    mínimos establecidos por el decreto 1694/09 y los montos de las
    prestaciones dinerarias de pago fijo (art. 11), así como la reparación
    adicional del artículo 3° y las disposiciones atinentes al artículo 4°.
    
    - El artículo hace expresa alusión a la “primera manifestación
    invalidante” –en adelante, 1ª MF- como hito para delimitar la aplicación
    de la nueva ley.
    
    Así, de la dura letra resulta que: luego de su publicación en el Boletín
    Oficial, se aplicará a las nuevas contingencias que resulten de nuevas
    primeras manifestaciones invalidantes.
    
    Conforme o no con el articulado, así se encuentra redactado y la cláusula
    no efectúa ningún distingo ni ninguna referencia ni al accidente, ni a la
    definitividad, ni a la falta de pago.
    
    En tal sentido, el Legislador ha efectuado una elección clara que no puede
    soslayarse al tiempo de realizar la interpretación del inciso en cuestión,
    salvo el supuesto en el que se considere que dicha legislación ha sido
    violatoria de cualquier derecho constitucional, y por tanto, merecedora de
    la tacha de inconstitucionalidad en el caso concreto.
    
    - De consuno con lo expuesto, del texto de la norma surge su
    irretroactividad.
    
    b.- Por otra parte, del análisis finalista resulta:
    
    (i) Que el Legislador ha buscado mejorar la condición económica de los
    créditos por riesgos de trabajo, pero no ha elegido la fórmula utilizada
    por el dictamen de minoría, que transcribía la letra del artículo 3° del
    Código Civil.
    
    Esto se desprende del mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, de fecha 19
    de septiembre de 2012 (Orden del día 1041, impreso el 25 de septiembre de
    2012, Dirección General de Publicaciones, Sesiones Ordinarias, Congreso
    Nacional, Cámara de Senadores).
    
    En tal sentido, verifico que no fue intención legislativa la de aplicar la
    ley a los supuestos ya producidos, aunque impagos.
    
    - Por el contrario, cuando el legislador ha querido disponer en el sentido
    apuntado, así lo ha hecho expresamente, de forma tal de despejar toda
    duda.
    
    Así acaeció con la ley N° 20.695 (B.O.: 13/08/74), que motivó el
    pronunciamiento de la Corte Federal en el precedente “Camusso” (Fallos
    294:434), ya que, mediante dicha normativa, se autorizó expresamente
    –léase: por imperio Legislativo- la actualización monetaria a los procesos
    en trámite.
    
    En efecto, dicha norma dispuso, en su art. 1°, que los créditos
    provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados
    judicialmente, serían actualizados teniendo en cuenta la depreciación
    monetaria que operase desde que cada suma fuera debida, y hasta el momento
    de su efectivo pago.
    
    Asimismo, de conformidad con la parte final de la citada norma, la
    actualización debía ser efectuada por los jueces (de oficio o a petición
    de parte), sobre la base de los índices Oficiales de incremento del costo
    de la vida.
    
    Finalmente, por manda del art. 2°, sus previsiones serían aplicables
    incluso a los juicios en trámite al momento de entrar aquélla en vigencia,
    comprendiendo el proceso de ejecución de sentencia y cualquiera fuera la
    etapa en que esos juicios se encontrasen.
    
    En consecuencia, tres son -por lo menos- las diferencias entre las leyes
    20.695 y 26.773:
    
    · En la ley 20.695 la retroactividad fue dispuesta por la ley (arg. art.
    3° C.C.); mientras que en la ley 26.773 la irretroactividad es la regla.
    Lo que es más, en la ley 26.773 no existe mención alguna de su aplicación
    retroactiva a los juicios en trámite, a diferencia de la N° 20.695.
    
    · En la primera de las mencionadas, la actualización debía ser efectuada
    por los jueces; mientras que en la actual, ello debe ocurrir de la mano de
    la Secretaría de Seguridad Social.
    
    · En el régimen instaurado por la ley 20.695, quien debía probar la
    afectación a sus derechos constitucionales era el obligado al pago. A él
    incumbía la demostración de la irrazonabilidad de la medida. En el régimen
    actual, dicha carga recae sobre el trabajador.
    
    -Ello así, no existiendo expresa disposición normativa tendiente a dar
    aplicación retroactiva a la normativa –por el contrario, se impone la
    conclusión inversa- no cuadra realizar una interpretación finalista
    diferente a la aquí expuesta, y menos aún, trasladar los fundamentos del
    precedente “Camusso” a la normativa vigente.
    
    (ii) En segundo término no considero que el principio de progresividad
    justifique la aplicación retroactiva de la ley. Antes bien, importará que
    el Estado Argentino no podrá emitir leyes regresivas a la 26.773 y, en su
    caso, servirá de parámetro para analizar la validez constitucional de esta
    última, pero quienes argumentan que es el fundamento de la aplicación de
    la nueva ley a todos los casos hoy en trámite o impagos, comenten los
    siguientes yerros.
    
    - En primer término, inconsistencias lógico -jurídicas y económicas que se
    derivan en la afectación de otros derechos de igual rango y en la
    anulación de la seguridad jurídica.
    
    · En efecto, ante todo, encierra una grave contradicción lógica, pues no
    da explicación plausible de por qué se considera que el artículo 8° debe
    ser aplicado en virtud del principio de progresividad a los siniestros
    acontecidos con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín
    Oficial, pero a renglón seguido se niega la aplicación inmediata del
    artículo 4° y su complementario Artículo 17.2, de la misma Ley, aduciendo
    su carácter regresivo.
    
    Es decir, según sus defensores, la ley 26.773 resultaría progresiva y
    regresiva al mismo tiempo, contradicción lógica insuperable (no puede
    predicarse de A que es B y, simultáneamente, de A que no es B).
    
    · Para salvar este escollo, se comete un nuevo yerro de gravedad
    institucional: sostener la inconstitucionalidad en abstracto de la
    cláusula que les resulta inconveniente (vgr. artículo 17, inc. 5, norma
    transitoria), atribución que no es propia de los poderes judiciales de
    sistema difuso, como el argentino.
    
    · Lo que es más, en tal cometido, se disgrega el sistema según la
    particular conveniencia de cada uno, proponiendo el criterio de
    atomización para evaluar la benevolencia de la normativa, armando un
    régimen “a la carta”.
    
    En efecto, se afirma sin hesitación que el artículo 8° debe ser aplicado
    de forma “inmediata” –en su particular concepción de lo que entienden del
    artículo 3° del C.C.- pero a renglón seguido se niega la misma aplicación
    “inmediata” del artículo 4° (opción excluyente).
    
    Cabe recordar que dicho criterio (ATOMIZACIÓN) ha sido descartado por la
    doctrina y jurisprudencia mayoritarias, desde antaño (conf. DEVEALI, Mario
    L., “La pluralidad de las fuentes y el principio del régimen más
    favorable”, DT 1962-65, citado por MAZA, Miguel Ángel, “Ley de Contrato de
    trabajo comentada y concordada” – Coordinada por Ojeda, Raúl Horacio- 2ª
    ed.- Santa Fe: Rubinzal- Culzoni, 2011, p. 59/60), y por tal motivo, el
    artículo 9° de la L.C.T. adoptó el sistema de conglobamiento por
    instituciones, dado que aquél  transgrede totalmente la regla de la
    aplicación integral de la ley vigente, que impide a los jueces construir
    un ordenamiento con los aspectos que se estimen más convenientes de
    diversas leyes (C.S.J.N. Fallos 319:1514).
    
    · En contra de esta tendencia, resultan señeras las enseñanzas del Dr.
    Ricardo Luis Lorenzetti, expuestas en la causa “Soria” (330:1550), en
    torno a que: “…El juicio de calificación no puede afectar los derechos del
    debido proceso, cambiando por vía pretoriana la pretensión que ya ha
    contestado la demandada, ni tampoco utilizar reglas pertenecientes a
    distintos ámbitos desarticulando la lógica de la ley (…) Finalmente, que:
    “…no es admisible la acumulación (…) en distintos aspectos y según
    convenga en el caso. El derecho vigente no permite esa vía y la misma
    tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad…”
    
    · Lo que es más, la pretendida aplicación inmediata de la ley 26.773,
    puede generar mayores perjuicios a los trabajadores con procesos en
    trámite, dado que se ha comprobado que la aplicación del régimen anterior,
    aunada al cómputo de intereses moratorios desde que la prestación “es
    debida” (conf. Resolución 414/99), puede generar montos indemnizatorios
    más beneficiosos para los trabajadores que los que se obtienen con la
    aplicación del índice RIPTE del período correspondiente.
    
    · Es decir, en abstracto, no puede predicarse que la aplicación a
    contingencias anteriores de ley 26.773 conduzca a una situación más
    beneficiosa para el trabajador.
    
    · En tal sentido, y al sólo efecto informativo, puede citarse el muy
    reciente (08/04/15) pronunciamiento de la Sala Unipersonal de la Primera
    Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de esta
    Provincia (conformada por la Dra. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI), en autos
    Nº 49.541, caratulados: "JOFRE RAUL DARIO C/ PREVENCION ART S.A. P/ ENF.
    ACCIDENTE”, donde se concluyó que la aplicación del índice RIPTE en el
    supuesto llevado a análisis arrojaba la suma de $  $192.638,52 al mes de
    Abril/15 (conf. Resolución SSTN N° 6/15); mientras que con el monto
    establecido conforme la normativa anterior y los intereses moratorios
    devengados (65,05%) se arribaba a la suma de $289.948,03.
    
    - Por otra parte, y aun cuando se hiciera caso omiso de estos importantes
    escollos lógico jurídicos que disgregan el sistema y violan la seguridad
    jurídica de todos los argentinos, olvidan que de esta forma también
    lesionan el principio de legalidad, íntimamente vinculado con el debido
    proceso adjetivo (arts. 18 y 19 C.N.) y el debido proceso legal (art. 18
    C.N.), garantías constitucionales que exigen que toda condena sobre
    derechos de igual raigambre se funde en la previa existencia de ley
    emanada del Congreso (conf. GELLI, María Angélica, “Constitución de la
    Nación Argentina: comentada y concordada/ María Angélica Gelli – 3ra ed. –
    Buenos Aires – La Ley – 2005, pág. 248 y ss.).
    
    Dicho principio de legalidad, así como el de irretroactividad de la ley,
    se encuentra previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
    en el artículo 9°, que reza: “Nadie puede ser condenado por acciones u
    omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el
    derecho aplicable…”
    
    A garantizar estos principios se ha comprometido expresamente el Estado
    Argentino.
    
    · La propia Corte Interamericana ha insistido en que estos dos principios
    son fundantes de un Estado de Derecho y que deben presidir la actuación de
    todos los órganos del Estado, en sus  respectivas competencias. (Cfr. Caso
    “Fermín Ramírez”, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C No. 126, párr.
    90; Caso “Lori Berenson Mejía”, Sentencia de 25 de noviembre de 2004.
    Serie C No. 119; Caso “De la Cruz Flores”, Sentencia de 18 de noviembre de
    2004, Serie C No. 115, párr. 80; Caso “García Asto y Ramírez Rojas”,
    Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párr. 187, entre
    muchos otros)
    
    A su vez, afirmó que: “…es indispensable que la norma punitiva, sea penal
    o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que
    ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende
    sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus
    efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que
    se considera infractor…”
    
    De lo contrario, vaticinó: “…los particulares no podrían orientar su
    comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se
    expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los
    fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad
    desfavorable de una norma punitiva…” (C.I.D.H., Caso “Baena Ricardo y
    otros Vs. Panamá”, Sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, Serie C 72,
    párr. 106)
    
    · En virtud de la mentada irretroactividad, dicha Corte se consideró
    incompetente para entender en el Caso “Curtis Francis Doebbler” (Sent. de
    fecha 27 de noviembre de 2013, Serie C, N° 275, párr. 19), toda vez que
    los hechos denunciados acaecieron con anterioridad a que el Estado
    involucrado (Perú) depositara el documento de ratificación de la
    Convención aplicable en el conflicto.
    
    · Añado que, el propio Tratado de Viena sobre aplicación de los contratos
    ha previsto expresamente la irretroactividad de los mismos (arg. art. 28),
    siendo contestes con este principio todos los Tratados internacionales
    incorporados a nuestra Carta Magna, los que parten de la ratificación como
    hito para la ulterior aplicación de su normativa (a modo ejemplificativo,
    véase arg. art. 74, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts.
    26.2 y 27, Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y
    Culturales; arts. 48.2 y 49, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos; arts. 8.2 y 9 del Protocolo Facultativo del pacto Internacional
    de Derechos Civiles y Políticos; art. XIII de la Convención para la
    Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, entre muchas otras).
    
    · No se me escapa que los propios tratados de la O.I.T. también contienen
    el principio de la irretroactividad, postulando su aplicación sólo para lo
    futuro, a partir de la ratificación (entre muchísimos otros, véase
    artículos 14 y 15, C87; arts. 7 y 8 C 98; arts. 10 y 11 C 151).
    
    · A mayor abundamiento, no puede perderse de vista que una limitación
    (garantista) que tiene el Estado, a la hora de reglar los derechos de las
    personas bajo su égida, es que al limitar la libertad imponiéndoles “un
    hacer” o un “no hacer”, lo debe instrumentar mediante ley.
    
    En nuestro Derecho, importa que dicha norma debe ser elaborada por el
    Congreso de la Nación antes del acaecimiento del hecho (arg. arts. 1, 18,
    19 y 75.12 C.N.), puesto que es un principio arquitectónico de la
    República la división de poderes, la que comporta la exclusividad de
    competencias en determinadas áreas. El Poder Judicial, por su parte, sólo
    posee el control de constitucionalidad, pero no puede arrogarse
    atribuciones legislativas (conf. MODON, Mario A. R., “Constitución de la
    Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y
    jurisprudencial. Dirigido por Daniel A. Sabsay y coordinado por Pablo L.
    Manili, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2009).
    
    - Desde otro costal, tampoco explica la doctrina criticada cómo
    funcionaría el principio de progresividad en contra de otros derechos
    constitucionales que gozan de idéntica jerarquía, tales como el de
    propiedad (art. 17 C.N.) y el de defensa en juicio de la contraria (art.
    18 C.N.), siendo que estos últimos también se ubican en la Carta Magna.
    
    · En efecto, quienes sostienen el principio de progresividad en la
    aplicación de las nuevas leyes, sin límite alguno -aún en contra de los
    propios términos legales-, no hacen más que negar el derecho de propiedad
    y de defensa en juicio de la contraparte, lo que no es otra cosa que negar
    a la propia Constitución.
    
    Por el contrario, una adecuada hermenéutica, requiere que se parta de la
    base de la unidad del derecho, especialmente del Constitucional,  de forma
    tal de “no dejar nada fuera, y de maximizar la potencialidad de todas las
    normas que consagran derechos” (TOLLER, Fernando M., “Interpretación
    Constitucional” / Coordinador Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Tomo II, Ed.
    Porrúa, México, 2005).
    
    En sentido concordante, la Sala I de este Tribunal –por mayoría- ha
    sostenido que: “…En la Constitución Nacional no existen derechos absolutos
    (Fallos 304:319 y 1293; 312:318), todo derecho debe ser compatibilizado
    con los demás derechos enunciados en la Constitución (Fallos 311:1439;
    254:58), con los derechos de la comunidad (Fallos 253:134) y con los
    derechos que aquélla establece (Fallos 304:1525). -La Declaración
    Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de jerarquía
    constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.), establece en su artículo
    XXVIII, que “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos
    de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del
    bienestar general y del desenvolvimiento democrático…” (L.S 443-163 y en
    los autos N° 107.685, caratulados: “Gobierno de la Provincia de Mendoza en
    J.86.744/34.379 Escobar Ana Ruth y ots. C/Dirección del Servicio
    Penitenciario y Gobierno de Mendoza p/Acción de Amparo s/Inc. Cas.”
    sentencia del 22/11/2013.)
    
    · Dicha finalidad bien puede lograrse, en este ámbito, analizando la
    constitucionalidad del régimen vigente al momento de la Primera
    Manifestación Invalidante, en cada caso concreto, cuando llegue el tiempo
    de la sentencia definitiva de la causa, en ejercicio del control difuso
    que es propio de nuestro Poder Judicial, tal y como lo tengo dicho
    reiteradamente desde mis pronunciamientos en autos “Coria” (LS 441-241) y
    “Bizzotto” (443-214), sobre los que volveré más adelante.
    
    - Asimismo, con esta corriente, se pierde de vista que el principio de
    progresividad está dirigido al órgano LEGISLATIVO y a la Administración
    -en cuanto implementa políticas públicas-, de modo tal de restringir el
    espectro de posibilidades de las mismas en pos de una mejora continua del
    goce de los derechos humanos, pero siempre sujeto a las posibilidades
    económicas de cada Estado.
    
    · Así lo tiene dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales en la Observación General N° 3, donde ha sentado que una vez
    alcanzado un determinado nivel de protección se ve restringida la amplia
    libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales,
    al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección
    alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente
    contradice el mandato de progresividad, lo cual no sólo es aplicable
    respecto a la actividad del Legislador sino también respecto a la
    actuación de la Administración en el diseño y ejecución de políticas
    públicas en materia de derechos económicos sociales y culturales al igual
    que cualquier rama de los poderes públicos con competencias en la materia.
    (Conf. Observación general 3 de 1990, Comité de derechos económicos,
    sociales y culturales).
    
    · En idéntico sentido se han pronunciado la mayoría de las Cortes
    iberoamericanas (v.gr. Costa Rica, España, Panamá, Colombia) sosteniendo
    que el principio de progresividad y su correlativo de no regresividad
    están dirigidos al poder Legislativo y a la Administración (conf. PEÑA
    CHACÓN, Mario, “Principio de prohibición de regresividad ambiental en la
    jurisprudencia comparada iberoamericana”, PNUD, 2013).
    
    · En doctrina, siguen esta posición Maza y Ackerman. (conf. MAZA, Miguel
    Ángel, “Una nueva reforma en materia de riesgos del trabajo. Dos puntos
    inicialmente conflictivos”, Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo
    2012, noviembre; y ACKERMAN, Mario E., “El llamado principio de
    progresividad y la jurisprudencia de la CSJN”, Revista de Derecho Laboral
    2014-1: el Derecho del trabajo en la Constitución Nacional I/ dirigido por
    Mario Eduardo Ackerman – 1ª ed.- Santa Fe: Rubinzal – Culzoni, 2014, p.
    107 y ss.)
    
    - Añado que, cuando se pretende fundar la aplicación “inmediata” en el
    principio de progresividad, ignorando la decisión del poder legislativo,
    se están desconociendo las posibilidades económicas de cada Estado.
    
    Las excepciones al mentado principio no pueden ser obviadas, puesto que se
    encuentran incorporadas en las mismas normas internacionales que han
    receptado dicho principio y tienen que ver con una visión “macro” de la
    economía de cada país.
    
    Estoy haciendo expresa referencia al artículo 2°.1 PIDESC que tiene
    previsto: “Cada uno de los Estados Partes (…) se compromete a adoptar
    medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga…”
    
    · Así las cosas, sin un profundo estudio económico, no puede sostenerse
    válidamente que Estado Argentino está en condiciones de disponer la
    aplicación de las leyes a todos los supuestos anteriores a la entrada en
    vigor de las mismas, sin que el sistema colapse.
    
    · Menos aún, olvidando que –por lo menos- le incumbe al órgano democrático
    de gobierno (vgr. el Congreso de la Nación) la determinación de qué normas
    pueden y cuáles no aplicarse a partir de su publicación a todos los casos
    existentes en el mundo jurídico, en virtud de la división de poderes (arg.
    art. 1° C.N.) y de la oportunidad y conveniencia de cada decisión
    política.
    
    · Y, con menor razón, en una particular interpretación del principio de
    aplicación inmediata de las leyes, contenido en un artículo ajeno al
    Derecho del Trabajo (el 3° del Código Civil), supletorio y opuesto al
    17.5, ley 26.773, que sí resulta específico de nuestro ámbito.
    
    (iii) En tercer término, desde el punto de vista de los fines que deben
    resultar señeros del ámbito de Riesgos del Trabajo, advierto que debe
    darse prioridad a la prevención y al restablecimiento de la salud del
    trabajador, en lugar de poner todo el esfuerzo argumentativo en la
    indemnización monetaria, dado que: “…Indemnizar no borra el daño del
    mundo; simplemente cambia el dinero de bolsillo…” (conf. Fernando
    Pantaleón, citado en autos: “Biondo, María Angélica s. Recursos de
    inconstitucionalidad y casación en: Biondo, María Angélica y otros vs.
    Tennerini, Osvaldo Domingo y otros s. Indemnización por muerte” ///
    Suprema Corte de Justicia, Sala II, Mendoza, 27-10-2014; RC J 8420/14)
    
    Por el contrario, se está relegando el derecho a la salud (consagrado
    entre otras normas en los artículos 25, Declaración Universal de Derechos
    Humanos; XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
    45, Carta de la Organización de los Estados Americanos; 10, Protocolo
    adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de
    San Salvador”; 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales; art. 42 y 75, inc. 22 C.N.), reconociendo la posibilidad de
    generar trabajadores siniestrados a cambio de dinero, sin que se aplique
    esfuerzo alguno por disminuir la siniestralidad ni los daños efectivamente
    causados a la integridad psicofísica.
    
    · En tal sentido, entiendo necesario memorar que, de conformidad con el
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,
    Observación General N° 14 (Fuente: Nº 1 a Nº 19: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I);
    Nº 20: E/C.12/GC/20; Nº 21: E/C.12/GC/21), el derecho a la salud abarca
    una amplia gama de factores socioeconómicos, entre los que se incluyen las
    condiciones sanitarias adecuadas y las condiciones de trabajo seguras y
    sanas, en un medio ambiente sano (párrafo 4; en el mismo sentido, ver
    párrafo 11), por lo que se debe hacer hincapié en las medidas preventivas
    y “reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable,
    las causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente
    laboral” (párrafo 15).
    
    Así las cosas, nuestro país se encuentra obligado internacionalmente a
    adoptar medidas necesarias para velar por el acceso igual a la atención de
    la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por
    terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no
    represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad,
    aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud;
    controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por
    terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la
    salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y
    deontología y porque los terceros no limiten el acceso de las personas a
    la información y los servicios relacionados con la salud (párrafo 35).
    
    · Es de resaltar que, para el Comité, los juristas tienen un papel
    importante en la tutela del derecho a la salud, pues: “Los Estados Partes
    deben alentar a los magistrados y a los demás jurisconsultos a que, en el
    desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al
    derecho a la salud” (párrafo 61).
    
    Asimismo, que: “… el derecho a la salud física y mental implica también el
    derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales -incluidos los
    aparatos ortopédicos- y a beneficiarse de dichos servicios, para que las
    personas con discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras
    discapacidades y promover su integración social. De manera análoga, esas
    personas deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de
    que logren "alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad".
    Todos los servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas
    de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su
    dignidad…” (Conf. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
    Observación General No. 5, “Personas con Discapacidad”. Naciones Unidas,
    Documento E/1995/22 (1994), párr. 34).
    
    · Lo que es más, la Corte Interamericana en sentencia contra nuestra
    República (C.I.D.H., CASO FURLAN Y FAMILIARES VS. ARGENTINA, SENTENCIA DE
    31 DE AGOSTO DE 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
    Costas) ha establecido varias pautas que no pueden seguirse olvidando en
    este ámbito tan sensible para la población entera:
    
    v las medidas de reparación no se centran exclusivamente en medidas de
    rehabilitación de tipo médico, sino que deben incluir aquéllas que ayuden
    a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones
    impuestas, con el fin de que dicha persona pueda “…lograr y mantener la
    máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la
    inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida…”, todo
    ello, de conformidad con la interpretación que el Tribunal efectúa del
    Artículo 26 de la C.D.P.D.
    
    v Todo tratamiento a personas con discapacidad debe estar dirigido “al
    mejor interés del paciente”, debe tener como objetivo preservar su
    dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad, así como a
    mejorar su calidad de vida (Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo,
    Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149,
    párr. 109.).
    
    v El derecho a la rehabilitación (previsto por los artículos 23 y 25 de la
    CDPD) implica la posibilidad de gozar del más alto nivel posible de salud
    sin discriminación por motivos de discapacidad, así como la obligación de
    adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
    discapacidad a servicios de salud.
    
    v La rehabilitación debe ser brindada en forma temprana y oportuna, para
    lograr un resultado idóneo, debe ser continua y abarcar más allá de la
    etapa de mayor complejidad inicial, con especial consideración del tipo de
    discapacidad que la persona tiene y ser coordinado por un equipo
    multidisciplinario que atienda todos los aspectos de la persona como una
    integralidad.
    
    v Los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo
    posible, en los centros más cercanos a los lugares de residencia de las
    personas y por todo el tiempo que sea necesario.
    
    - Insisto, toda vez que se incrementen las posibilidades de mejora de la
    salud del trabajador siniestrado, conforme el avance científico y
    tecnológico, las prestaciones sistémicas, en especie, deberán otorgarse a
    todos los interesados, sin limitación temporal alguna.
    
    Ello así, el eje de la materia no puede ser exclusivamente la cuantía
    monetaria de la indemnización dineraria sustitutiva. Por el contrario:
    “Las reparaciones no se agotan con la indemnización de los daños
    materiales e inmateriales (supra pár. 72 a 76 y 80 a 89), a ellas se
    agregan las otras formas de reparación (…) f) Tratamiento médico y
    psicológico…” (C.I.D.H., “Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala
    (Reparaciones), 2004)
    
    -Por todo, y dado que el Estado argentino ha legislado en la materia sobre
    las necesidades de las prestaciones de salud, la prevención y
    rehabilitación (v.gr. Ley 24.557 y complementarias) los magistrados
    deberían centrar su atención en el cabal cumplimiento de las obligaciones
    de prevención (arg. art. 1 L.R.T.) y de todas las previstas en el artículo
    20 y cc. de la L.R.T. por parte de las Aseguradoras, de forma tal de
    verificar si se realizó el mayor esfuerzo posible en aras a la mejora
    oportuna de la salud del trabajador.
    
    El principio de inmediación jugará un rol determinante, sin dudas, pero
    también lo serán los informes médicos que el Magistrado requiera, aun en
    forma complementaria a los requeridos por las partes (arg. arts. 69 y 19
    C.P.L.).
    
    También deberán apelar a las medidas precautorias que pudieran
    corresponder para garantizar la oportuna rehabilitación de los
    trabajadores.
    
    En este sendero se han enrolado numerosos tribunales de nuestro país a
    partir del pronunciamiento de la Corte Federal en autos “Camacho Acosta”
    (Fallos 320:1633).
    
    En definitiva, si no modificamos el eje de la discusión y centramos la
    actividad judicial en la salud del trabajador, sólo estaremos asistiendo
    –como simples espectadores- a la vil consagración de una “suerte de
    justicia distributiva de las indemnizaciones” (parafranseando a la Corte
    Suprema en autos “Aquino”, Fallos 327:3677).
    
    -De consuno con lo hasta aquí expuesto, resulta sumamente más valioso
    colocar el acento en la prevención y en las prestaciones en especie (art.
    Art. 20 L.R.T.), en lugar de incrementar la cuantía monetaria en contra de
    las posibilidades económicas del sistema, puesto que el colapso del mismo
    sólo repercutirá en contra de los mismos trabajadores a quienes se
    pretende tutelar.
    
    c.- Por otra parte, y desde el punto de vista de una interpretación
    sistemática, advierto que:
    
    (i) Con la nueva legislación, no hay dudas de que el derecho del
    trabajador nace y produce efectos desde el momento del acaecimiento del
    evento dañoso, o primera manifestación invalidante.
    
    -Así, se observa del artículo 2°, 3er párrafo, que ha previsto que: “El
    derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en
    que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento
    dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad
    profesional”.
    
    En tal sentido, este precepto es coherente con el artículo 17 inciso 5°
    que postula su vigencia para los nuevos supuestos.
    
    Evidentemente, este punto refiere a la mora debitoris, por lo que
    seguramente se deberá revisar la télesis del artículo 47 Ley 24.557
    (esbozada a partir de autos “La Caja en J° Oyola”, LS 312-206), en torno a
    los intereses.
    
    Por lo demás, es la "primera manifestación invalidante" (art. 17 inc. 5°
    in fine) el  factum a indagar para decidir cuándo nace el derecho del
    trabajador en este régimen, lo que se condice con el artículo 2° de la ley
    26.773 que ha dispuesto la producción de efectos desde aquél hito.
    
    De lo contrario se correría el riesgo de la doble actualización monetaria,
    toda vez que se permitiría el ajuste al momento de la sentencia a
    contingencias anteriores a la entrada en vigor de la norma (conforme la
    criticada interpretación del inciso 6°, artículo 17) y coetáneamente la
    imposición de intereses moratorios desde la primera manifestación
    invalidante (conforme el artículo 2° del mismo régimen).
    
    -Por otra parte, cabe recordar que, en aras a la prescripción liberatoria,
    el artículo 4° de la ley 26.773 la ha ubicado en el momento en el cual el
    trabajador recibe la comunicación que tiene prevista la misma.
    
    Es decir: hasta dicho tiempo, no nacerá la acción y, por consiguiente, no
    comenzará a prescribir la misma, pero sin embargo queda claro que el
    derecho se reconoce desde que aconteció el daño, de conformidad con el
    artículo 2°, 3er párrafo.
    
    -Por el contrario, en la redacción anterior, intereses y prescripción se
    derivaban del artículo 47, ley 24.557 y estaban a la determinación de la
    definitividad de la patología, con lo cual, se producía un grandísimo
    abismo entre la ocurrencia del hecho dañoso, el establecimiento del
    carácter definitivo del daño (art. 9) y la mora debitoris (res. 414/99
    S.R.T.).
    
    -La nueva formulación debería resultar disuasiva del incumplimiento y de
    las dilaciones en el pago, toda vez que mientras más demora se produzca en
    el trámite de determinación de la dolencia –y ulterior pago- más intereses
    devengará el siniestro a favor de la reconstitución del crédito del
    trabajador.
    
    -Por lo demás, y de esta forma, la legislación de riesgos del trabajo se
    inscribe en la doctrina civilista, que tiene dicho -desde antaño- que los
    intereses moratorios corren a partir del daño, pues es éste el que genera
    la responsabilidad (véase por ejemplo LS 325-091, con voto preopinante de
    la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, entre muchos otros precedentes de la
    Sala I de este Tribunal).
    
    -Tal criterio ha sido especialmente tenido en consideración por los
    legisladores al tiempo de la sanción de la ley 26.773, conforme se observa
    de la redacción del párrafo en estudio en este acápite (conf. fs. 9,
    último párrafo, Mensaje de elevación, Honorable Cámara de Senadores,
    Sesión Ordinaria, Orden del Día 1041, de fecha 19/09/12).
    
    Por consiguiente, sólo puede entenderse que el derecho a la reparación se
    computará a partir de la producción de los nuevos daños, producidos luego
    de la entrada en vigor de la ley 26.773, de conformidad con el artículo
    2°, párrafo 3°.
    
    (ii) A su vez, en el supuesto de concurrencia entre Aseguradoras (arg.
    artículo 47), el ente que recibió las cotizaciones en la oportunidad del
    artículo 2°, párrafo 3°, ley 26.773 será el obligado al pago de las
    reparaciones (en dinero y en especie), pero también, quien cargará con los
    riesgos de la falta de prevención y deberá asumir los costos que su
    desidia irroguen.
    
    (iii) Asimismo, y con independencia de los derechos de legalidad, defensa
    en juicio y propiedad de las Aseguradoras, la irretroactividad de la ley
    26.773 también es el principio que mejor compatibiliza los derechos de los
    trabajadores con los de los demandados, cuando éstos resulten ser personas
    físicas.
    
    Piénsese en la lesión a los derechos –no ya constitucionales- sino
    “humanos” de todos los mismos en la télesis de la aplicación “inmediata”
    de las leyes en los supuestos de accidentes de trabajo de empleados de
    casas particulares, producidos con anterioridad a la entrada en vigor de
    la ley 26.844 (BO. 12/04/13), y del decreto reglamentario 467/14 y
    Resolución General 3700/14, que incorporaron a dichos dependientes
    –efectivamente- en el régimen de la ley 26.773.
    
    En el entendimiento de la aplicación “inmediata” y progresiva de la nueva
    ley 26.844, en consonancia con la 26.773, ¿se condenará en forma personal,
    al empleador de casas particulares, que no tenía posibilidad de poseer
    cobertura de ley 26.773, antes de que ello fuera obligatorio y que por tal
    motivo carece de A.R.T. que lo sustituya en sus responsabilidades para con
    su trabajador?
    
    Nótese que el artículo 2°, inciso 2, punto b) de la ley 24.557 ya incluía
    al personal doméstico en el ámbito de protección de los riesgos de
    trabajo, pero no existía la reglamentación que posibilitaba la cobertura
    correspondiente, por lo que válidamente se podría argumentar en el sentido
    apuntado, si se compartiera dicha tesis.
    
    En efecto, se llegaría así a una finalidad no buscada por la ley: que
    todos los empleadores de casas particulares serían responsables
    personalmente por los daños sufridos por sus dependientes, con el alcance
    de la ley 26.773, aún antes de la entrada en vigor de la ley 26.844.
    
    ¿Se argumentará también aquí respecto a la aplicación inmediata de la
    nueva ley laboral más beneficiosa? ¿No se reconocerá la existencia de una
    lesión al derecho de propiedad, defensa en juicio, y principalmente, a la
    seguridad jurídica que nos implica a todos? ¿Qué sucederá cuando el
    demandado resulte ser otro sujeto de especial tutela constitucional, como
    la mujer o los discapacitados?
    
    Lo que es más, para argumentar en el sentido criticado, se debería estar
    dispuesto a extender los argumentos de la aplicación “inmediata” a todos
    los supuestos de nuevas leyes, civiles, comerciales, laborales,
    tributarias, etc., etc., etc., con lo que se anularía el Derecho mismo.
    
    Lo expuesto, llevado al extremo, demuestra la inconveniencia de esta
    tesitura, lo que justifica mi apartamiento.
    
    d.- Ahora bien, todo lo dicho me obliga a realizar un análisis de la
    doctrina que postula que el artículo 3° del Código Civil –y su espejo, el
    artículo 7 del Código Unificado- es la respuesta a todos los interrogantes
    propios de este Plenario.
    
    Sin embargo, la misma parte de una premisa errada: considera que la
    “inmediatez” es un simple concepto temporal (“dictada la ley, debe ser
    aplicada ahora”), cuando el “principi

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