Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

¿Industria del Juicio?

 

Un periódico local ha dado a conocer las declaraciones del presidente de la Federación Económica de Mendoza y del Subsecretario de Trabajo, extrañamente coincidentes respecto de lo que se ha dado en llamar por la prensa y el sector empresario como "la industria del Juicio".
Esto me ha hecho recordar una nota que leí en la revista del Equipo Federal del Trabajo y que creo oportuno reproducirla. La misma se titula "los medios masivos de comunicación y la construcción de mitos -o como modelar el imaginario social-" de Héctor Hugo Boleso.
El autor expresa: El discurso de los medios masivos de comunicación, ejerce un impacto en los conocimientos, actitudes e ideologías sociales determinando, nuestro procesamiento social de información. Así se modela el marco interpretativo que aplicamos para la comprensión de los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales.
Se impone analizar, el discurso de los medios. Es decir, de quién viene el mensaje, hacia quién se lo dirige, la forma, los términos que se utilizan y especialmente qué intereses defienden –de manera abierta o no-.
Es saludable hacerlo, para nosotros, ciudadanos comunes. Los que tenemos derecho a saber que: quiénes tienen la responsabilidad de informar, no siempre dicen la verdad, muchas veces no son “objetivos” –aunque dicen serlo- y generalmente defienden intereses políticos, económicos –o ambos-.
Acceda a la nota completa:
Sobre_la_industria_del_juicio.doc

Incremento de despidos

 

Recientemente (21/04/09) fuimos entrevistados por el Diario UNO.
Invitamos a Uds. a leer la siguiente nota que fuera elaborada por el periodista Gonzalo Ponce de dicho periódico:
La judicialización de despidos y homologaciones creció el 110% en los últimos cinco años, y se acrecentó el 28,9% entre 2007 y 2008, según estadísticas del Poder Judicial. Los especialistas aseguran que se debe a la crisis internacional y esperan que el número crezca durante 2009 en Mendoza.
“Sería irrazonable pensar que estos números no están directamente relacionados con el nivel de conflictividad social”, opinó Marcelo Venier, abogado laboralista.
Hay que aclarar que las homologaciones son desvinculaciones acordadas entre empleador y empleado, pero que también indican la pérdida de un puesto laboral. Para otros de los consultados resulta difícil vincular directamente la crisis financiera internacional con el crecimiento en los despidos. Es que no necesariamente la persona que judicializa un despido deja de trabajar en otro lugar.
Sebastián Laza, economista de la fundación Universitas, explicó que en Mendoza la judicialización de despidos puede darse por muchos motivos y no sólo por la situación económica. “Bastaría con mirar el índice de desocupación, que no supera el 4% y se estima que puede crecer muy poco más”, señaló.
Luego agregó: “En Mendoza la crisis va a impactar. Pero todavía no se producen variaciones en el empleo que sean significativas. Aquí hay suspensiones o adelanto de vacaciones, por el tipo de economía que tenemos. Si tuviéramos plantas automotrices u otras industrias, como en Santa Fe o el conurbano bonaerense, podría ser. Pero al tener una actividad agroalimentaria la crisis puede pegar menos”.
La directora de Empleo de la Provincia, Dora Balada, coincidió en que la judicialización de despidos no necesariamente es sinónimo de crisis. Al mismo tiempo, defendió el índice de desocupación del 4% al último trimestre del 2008, apenas 0,3% mayor al del trimestre anterior. No obstante, aún no están listos los índices del primer trimestre del 2009 que, según estudios privados, marcarán un número más alto.Venier, que tiene una amplia experiencia en derecho laboral, explicó que, al menos en estos momentos, la crisis se diferencia de la del 2001 porque no es el personal medio el que va a la calle. “En este primer semestre las reducciones pasan por los niveles gerenciales: sueldos altos de pocas personas. En el segundo semestre puede darse un panorama más parecido al del 2001”, evaluó.
Luego agregó: “¿Cuál es, si no, el sentido de la reunión que hoy (por ayer) tuvieron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la CGT, Hugo Moyano? Todos saben que los temas excluyentes fueron los posibles despidos, las suspensiones y la forma de buscar un subsidio para los que queden sin trabajo”.

CARTA ABIERTA A LOS JUECES DEL TRABAJO

 

Estimados Magistrados:
He meditado mucho sobre la conveniencia de esta carta; sin embargo, dada la gravedad de la situación que vivimos en el fuero y sumada a ello, la imposibilidad de mantener una charla franca con Uds. es que, me atreví a confeccionarla.
Espero que la misma no los incomode y si ello fuese así, tengan la sabiduría para aceptar la crítica o para perdonar a este abogado, dado que ésta es bienintencionada.
Como abogado laboralista percibo con cierto grado de certeza que la Suprema Corte (y su administrador) desconocen la problemática del fuero del Trabajo y que producto de ello, son las inútiles medidas adoptadas respecto del mismo (Vgr.: eliminación del veredicto, división de las cámaras en salas, notificación electrónica, creación de la mesa de entrada vespertina) ya que ninguna ha agilizado el trámite del proceso ni eficientizado la Justicia. Es más, parecen -todas- implementadas con el único objetivo de no asignar los fondos necesarios para afrontar soluciones de fondo, tal como hicieron con los fueros Penal, Civil, Familia y de Paz.
Asimismo y como consecuencia de tal circunstancia, advierto que los Magistrados actuantes tienen que sufrir infinitos padecimientos, tales como: sobrecarga laboral de los tribunales a su cargo, discriminación respecto de otros tribunales del mismo fuero (e incluso de la misma instancia), deficiente infraestructura edilicia y funcional, hacinamiento, ambientes insalubres e inseguros, asignación de personal inidóneo, sometimiento a “experimentos” procesales e institucionales inútiles, etc.
También me doy cuenta que, toda esta situación caótica los sobrepasa a muchos de Uds.
Así los veo –salvo honrosas excepciones- encerrarse en sus “públicos despachos” y obstruir el acceso al tribunal con porteros o cerraduras eléctricas. Igualmente percibo que delegan -en cierta forma- sus “funciones jurisdiccionales” en personal administrativo ignorante de las leyes y especialmente, de los principios que alientan al Derecho del Trabajo.
Quizás, adopten tal conducta porque buscan sumar horas al día para cumplir con el dictado de las sentencias de la infinidad de casos que se les presentan o para cumplir, con el número de resoluciones que les “exige” la Suprema Corte en su afán “productivo”; pero ello, tiene su contrapunto.
La distancia tomada puede privarles de apreciar el descontrol administrativo y jurisdiccional en el que se encuentran inmersos nuestros tribunales. Es más, tal vez, los despoje de la posibilidad de conocer la realidad y con ello, pierdan la debida sensibilidad social que debe tener un JUEZ DEL TRABAJO.
Así, también quizás, les resulta indiferente que se pierdan expedientes o que, un trabajador no pueda efectivizar la condena o que, el personal administrativo en quien delegan sus funciones jurisdiccionales abusen de las mismas o que, la sede del tribunal (mesa de entradas, secretaria, despachos y sala de audiencias), sean lugares insalubres e inseguros.
Indudablemente que debo suponer todo ello pues, reconozco en Uds. trayectoria y dedicación. Sin embargo, la vida les pide o no, mejor, LES EXIGE un esfuerzo más…
La Justicia del Trabajo y sus Jueces, deben gozar del status que el Derecho que aplican les otorga y para ello, deben militar la dignificación del fuero y de sus magistrados, reclamando no sólo el debido respeto y consideración sino también, las soluciones al caos existente.
En idéntico sentido, deben propugnar la creación de más cámaras que satisfaga la creciente conflictividad social; o bien, la modificación del Código Procesal Laboral y de la Ley Orgánica de tribunales a fin de que, establezcan la creación de tribunales de primera instancia laboral y de cámaras en grado de apelación para dicho fuero; asegurando así, el derecho que le reconoce a todo ciudadano el Pacto de San José de Costa Rica.
Eso sí, nada de esto servirá, sin jueces que no se encuentren “concientes y comprometidos” con el principio protectorio que inspira al Derecho del Trabajo o con magistrados distanciados de la realidad pues, hasta ese entonces, la norma dormirá el sueño de los justos…

Una más contra la ley de Riesgos del Trabajo: Enfermedades indemnizables

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en autos caratulados: "B. , C. A. contra 'Du Pont Argentina S.A.'. Daños y perjuicios", hizo lugar a un recurso extraordinario federal condenando el pago de una indemnización por enfermedades causadas como consecuencia de una actividad laboral y que no estaban contempladas en la ley de riesgos de trabajo, cuyo artículo fue declarado inconstitucional.
El Máximo Tribunal bonaerense declaró la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 24.557. "La inconstitucionalidad de una norma como la examinada deriva entonces, fundamentalmente, de provocar una restricción irrazonable de las garantías y derechos consagrados por la Constitución Nacional, provocando un resultado peyorativo que se materializa en el caso mediante la consagración del más absoluto desamparo y el desprecio de una realidad imperativamente colocada como especial objeto de tutela, al privar al trabajador víctima de dolencias incapacitantes que se comprueban como derivadas del trabajo, del resarcimiento que le es debido", consideró el tribunal.
El caso en análisis versa sobre un operario de la industria textil, que con motivo de su trabajo sufrió diversas enfermedades, como cervicobraquialgia, lumbociatalgia y pérdida parcial de la movilidad de la cadera, que le provocaron una incapacidad total del 90,8 por ciento, de la cual el 70 por ciento fue por las tareas que desarrollada.
Ponemos a su disposición la sentencia:
enfermedades_INDEMNIZABLES.DOC

SUSTRACCION DE EXPEDIENTES: ¿Y A LOS JUECES... ¿NADIE LES DICE NADA?

 

La justicia del Trabajo continúa en crisis. Incluso, a pesar del amparo interpuesto por el Colegio de Abogados.
Los tribunales laborales desde siempre han contado con una infraestructura edilicia impropia de su función quizás porque siempre los Camaristas del Trabajo fueron vistos como jueces de segunda clase o porque, la Justicia Laboral fue vista como un lastre por el mismo Poder Judicial.
Más allá de esto, el Poder Judicial incumple abiertamente la normativa establecida en la ley 19587 ya que, tanto en lo concerniente a higiene como a seguridad, deja mucho que desear.
La infraestructura del Poder Judicial de Av. San Martín al 322 y más precisamente, el fuero laboral (ubicados en el 6to y 7mo piso del mencionado edificio) se caracteriza por ambientes pequeños, sin luz natural y, sin ventilación. El personal asignado a dichos tribunales se encuentra normalmente hacinado saltando entre paquetes de expedientes o de documentación que deberían estar en “caja de seguridad” y que sin embargo, se encuentra al alcance de cualquiera.
Asimismo, el peso de la documentación depositada en cada una de las Cámaras del Trabajo, más el del público y personal que normalmente asisten a este fuero ponen en seria duda que la estructura edilicia soporte esta llamativa sobrecarga.
A lo dicho debe sumarse que el aludido edificio no cuenta escaleras de incendio y mucho menos, con sistemas y áreas que resguarden la documentación allí depositada que cada día es más, dado al hecho incuestionable del incremento de causas.
Indudablemente que dichas carencias no sólo hacen ineficiente sino también insalubre el trabajo que se desarrolla en dicho ámbito. No son raros los casos de licencia por enfermedad debida a estrés laboral tanto de empleados como de magistrados.
Por otra parte, el número de tribunales del trabajo no ha variado en más de veinte años a pesar de las diversas crisis económicas que tomaron al obrero como rehén y fundamentalmente, a pesar del crecimiento demográfico de la población.
Así, a modo de ejemplo, diremos que en la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, etc.), tan sólo seis tribunales han debido asumir, en instancia única, el conocimiento y resolución de todos los conflictos laborales de orden individual y colectivo del sector público y privado.
Esta situación determina que los tribunales existentes no sólo son insuficientes para hacer frente a la creciente conflictividad social sino que además, no están provistos del personal necesario para ser eficientes.
Ello ha producido una serie de consecuencias indeseables que van desde la demora judicial hasta sustracción de expedientes. Precisamente esta última consecuencia, es moneda corriente en la cotidiana vida del fuero laboral pues, habitualmente no llevan a consecuencias ni civiles ni penales para los responsables; es más, es raro el caso en que se originen causas penales “en averiguación delito” por tales hechos. La razón es sencilla: no hay sanciones para los jueces sino tan sólo sanciones administrativas para el secretario del tribunal o para los empleados de las mesas de entradas del tribunal.
Del análisis de los escasos datos suministrados por el Poder Judicial en su página de internet advertimos que la Suprema Corte no señala dentro de sus estadísticas los expedientes “sustraídos o perdidos”; sin embargo y pretendiendo efectuar una aproximación numérica nos encontramos que en los últimos años, en la primera circunscripción judicial y tan sólo en la justicia laboral, se registran varios cientos de casos de expedientes sustraídos y por los cuales debió procederse a la reconstrucción de la causa. Eso sí, seguramente no se han iniciado la misma cantidad de procesos penales ni efectuado tantas medidas asegurativas tendientes a la investigación de los hechos.
Por otra parte, qué pasó con el propósito del Sr. Presidente del Máximo Tribunal de digitalizar las causas... ¿fue tan sólo una mentira?

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