Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

El viejo fraude del contrato a tiempo parcial llega a su fin

(Diario Judicial) Un nuevo régimen laboral de trabajo a tiempo parcial o temporario comenzó a regir desde enero al entrar en vigencia una reforma a la ley de contrato de trabajo que contempla mayores seguridades para los empleados sobre su condición laboral.
Los cambios más importantes regulan ahora que si la jornada laboral supera la de tiempo parcial, el pago deberá ser por un día completo y que sus aportes para la obra social serán como las de un trabajador de tiempo completo.
Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa, señala el primero de los cambios y el segundo que los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.
La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial, generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento, agrega otro.
Hasta el momento la ley solo establecía que la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.
Las modificaciones, aprobadas en diciembre por el Congreso, son a cuatro de los cinco incisos del artículo 92 ter sobre Contrato de Trabajo a tiempo parcial de la ley 20.744. El artículo de Contrato de Trabajo a tiempo parcial fue incorporado a la ley en marzo de 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, en lo que se conoció como la flexibilización laboral.
El trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad.
Nota de Dres. Venier: Indudablemente es un avance pero no deja de prestarse la figura jurídica como herramienta de abuso y explotación.
Texto de la Ley 26474: Contrato_a_tiempo_parcial.doc

La desnutrición en la Argentina

 

La revista venezolana América XXI (www.americaxxiweb.com) publicó una extensa nota que pone en cifras y palabras lo más brutal del capitalismo argentino, que desnuda la verdadera realidad de la infancia en nuestro país, el país de los alimentos (AW)
Ponemos a vuestra disposición dicha nota.
Desnutricion.doc

Un buen comienzo

Los problemas edilicios y falta de seguridad -que hemos denunciado oportunamente- que presentan las Cámaras Laborales de la ciudad de Mendoza, llevaron al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza ha interponer una acción de amparo por mora administrativa contra la Provincia de Mendoza.
El objetivo es evitar que se produzcan daños en las personas que utilizan el edificio, visitado por cientos de empleados, trabajadores y, profesionales.
En la presentación, se hace mención a notas particulares de abogados, preocupados por la situación, además de las peticiones del Directorio realizadas a las Cámaras Laborales en fecha 07/08/08, en las que se detallan las irregularidades: largas esperas y colas de profesionales que se producen en las mesas de entradas y pasillos del edificio que son incompatibles con el decoro y dignidad de los profesionales, trabajadores y circunstanciales asistentes al edificio. Asimismo, se expresa que estas demoras producen la sobrecarga de peso que imposibilitaría una rápida evacuación en caso de emergencia, máxime por las condiciones especiales del territorio mendocino.
También se alude a las distintas gestiones efectuadas ante el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Nanclares, tales como: la de fecha 25/09/2008, para que se arbitraran los medios para solucionar dichas falencias, mencionándose "la falta de espacio para la circulación de personas que a diario concurren a dicho inmueble y el cumplimiento de las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo"; la de fecha 28/11/2008 con una solicitud que mejoraran estas indignas condiciones de trabajo para profesionales, particulares y empleados, por lo que estos últimos decidieron suspender la atención al público por la insostenible situación de precariedad laboral del edificio indicado y finalmente, cuando personalmente los representantes del Colegio informaron a las autoridades superiores del Poder Judicial de la grave crisis edilicia.
Esto es un muy buen comienzo Sra. Presidente del Colegio de Abogados. Felicitaciones. Esta gestión la distingue de TODOS sus antecesores que hicieron de la institución que preside un Club Social y Deportivo.
Los desafíos son muchos y más grandes...

Colapso de la Justicia del Trabajo

 


No es novedad. La justicia del Trabajo continúa en crisis.
Los tribunales laborales desde siempre han contado con una infraestructura edilicia impropia de su función. El Poder Judicial incumple abiertamente la normativa establecida en la ley 19587 ya que, tanto en lo que se refiere a higiene (ambientes pequeños, oscuros, sin ventilación; en otras palabras, insalubres) como a seguridad (ubicados en pisos altos, con sobrecarga en la estructura, sin escaleras de incendio, sin cobertura civil "seria" frente a eventos dañosos), dejan mucho que desear.
Indudablemente que dichas carencias no sólo hacen ineficiente sino también insalubre el trabajo que se desarrolla en dicho ámbito. No son raros los casos de licencia por enfermedad debida a estrés laboral y mucho menos, el estado depresivo de los Sres. Magistrados que los lleva a dejar acéfalos a los tribunales.
Por otra parte, el número de tribunales del trabajo no ha variado en veinte años a pesar de las diversas crisis económicas que tomaron al obrero como rehen y fundamentalmente, a pesar del crecimiento demográfico de la población.
En la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, etc.), tan sólo seis tribunales han debido asumir, en instancia única, el conocimiento y resolución de todos los conflictos laborales de orden individual y colectivo del sector público y privado.
Así pues, nos encontramos con que la Justicia del trabajo ha colapsado ya que los tribunales existentes no sólo son insuficientes para hacer frente a la creciente conflictividad social sino que también padecen enfermedades endémicas del Poder Judicial.
Esta problemática -en gran parte- ha producido una demora injustificable de la administración de la Justicia y por ende, ha importado una abierta violación a las obligaciones asumidas por el Gobierno Nacional en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948), que en su Artículo 36 prescribe: “en cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos".
Asimismo, al colapso existente deben sumarse otras variables que tornan inservible al fuero.
La misma Suprema Corte es co-responsable del actual estado de colapso, aunque no lo quiera admitir.
Ya desde los años 90 (plena época menemista) el Superior Tribunal encarnó lo que la doctrina ha dado en denominar "el neoliberalismo laboral" tanto en los institucional (división en salas de las cámaras (útil a los fines estadísticos del Banco Mundial -prestamista del Poder Judicial-), creación de la mesa centralizada laboral (extrañamente benefactora de ciertos estudios jurídicos al momento de la asignación de sus causas), implementación de la certificación de la norma ISO 9001 (la cual paradógicamente la Suprema Corte no ha obtenido); como en lo funcional (creación de la teoría del desistimiento tácito de la acción, notificación electrónica, aplicación de una tasa de interés distinta a la aplicada en el resto del País, homologación de cualquier convenio "basura", etc.); todo lo cual, lejos de producir una eficientización del fuero generó la precarización del Derecho del Trabajador a contar con una Justicia tuitiva y eficaz.
A lo dicho se suma la desvergüenza de los Sres. Senadores que, cobijados en el anonimato de su voto preferencian como jueces a postulantes que, casualmente, se hallaban comprometidos con el sector empresario dominante de turno que ven en aquellos una herramienta eficaz de dominación.
Por ello, considero que la expectativa de mejora va de la mano de un cambio de la política tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial. Hasta tanto ello no acontezca todo esfuerzo será en vano.

Reflexiones sobre el fallo de la Corte Suprema

 

Recientemente el abogado de la CGT y diputado nacional por el frente para la victoria, HECTOR RECALDE, expresó en referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia:
“Sólo declaró inconstitucional un artículo que indica que un delegado debe estar afiliado a un sindicato con personería gremial". Asimismo, agregó que: “dicha sentencia tendrá consecuencias imprevisibles" al señalar que “dejará sin protección a los delegados que se presenten fuera de la estructura de la personería gremial". Además señaló que cualquier trabajador "puede afiliarse, desafiliarse o nunca afiliarse a un sindicato, como lo indica el artículo 4 de la ley" y expresó que la CGT “prioriza la unidad de acción".
Sin dejar de reconocer cierta precisión de tales declaraciones, me pregunto: ¿La CGT no previó que este reconocimiento podía llegar algún día; más aún, cuando hay normas internacionales de rango constitucional que así lo imponían?.
Incluso, si tanto prioriza la CGT “la unidad de acción” cómo pudo permanecer ajena al reclamo de la gran masa de trabajadores de democratizar los sindicatos adheridos a la Central Obrera evitando que los “viejos jerárcas” (léase Lorenzo Miguel, Ubaldini, Triaca, Baldassini, Daer, Cassia, Zafora, etc) continuaran parapetados en sus cargos engrosando desproporcinadamente sus patrimonios y descuidando –cuando no, entregando- a sus compañeros.
Indudablemente que este fallo es trascendente pues, obligará a un replanteo del modelo sindical. Vale decir, los trabajadores que deseen representar a sus compañeros no deberán necesariamente estar afiliados a la estructura monopólica, autocrática y entregadora de ciertos sindicatos con reconocimiento legal (normalmente adheridos a la CGT) para gozar de las garantías constitucionales devenidas de la libertad Sindical.
Eso sí, también este fallo implicará que los dirigentes de la CTA deban estar a la altura de las circunstancias. No por haber logrado este ansiado pronunciamiento cesan las batallas. No pueden permitirse caer en el “aburguesamiento” histórico de la clase obrera argentina cuando llega a un puesto dirigente pues ello, traerá aparejado un proceso aggiornado de explotación aún más feroz que el acontecido en la década del 90.

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