Laboralistas

Marcelo Horacio Venier

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SENTENCIA TARIFAS

Amigos, luego de una extensa inactividad... (a medias pues twitter también me absorbe) pongo a disposición de uds. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas al aumento de tarifas...

 

Vistos los autos: "Centro de Estudios para la Promoción de
la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energia y
Mineria s/ amparo colectivo".
Considerando:
1~) Que el Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo
colectivo (articulo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986)
contra el Ministerio de Energia y Mineria de la Nación (MINEM)
~on el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a
la participación de los usuarios, previsto en el articulo 42 de
la Constitución Nacional, y de que, en forma cautelar, se suspendiese
la aplicación del nuevo "cuadro tarifario" previsto por
la resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación
a la ciudadania (fs. 29/44).
Con arreglo a esta pretensión la clase afectada estaria
conformada por "todo aquel usuario del servicio de gas,
quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados
con carácter previo al aumento tarifario".
Con posterioridad, el señor Carlos Mario Aloisi adhirió
a la demanda y solicitó su incorporación corno legitimado
activo (fs. 55/56).
2o) Que el magistrado de primera instancia tuvo al
CEPIS y al señor Aloisi por parte y definió el colectivo afecta-
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do en los términos planteados en la demanda. Asimismo, dispuso
dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro
de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso
en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Supre-.
ma de Justicia de la Nación (fs. 58/62).
30) Que Consumidores Argentinos Asociación para la
Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores
Argentinos) se presentó como litisconsorte de la parte actora,
cuestionando no solo la resolución MINEM 28/2016, sino también
la resolución MINEM 31/2016 (fs. 113/126 vta.), entidad que
fue tenida por parte (fs. 127/128). Asimismo, acudieron varias
cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores
e intendentes, cuyas comparecencias se tuvieron presentes.
Por su parte, el Estado Nacional presentó el informe
previsto en el artículo 8° de la ley 16.986 (fs. 149/184 vta.).
40) Que el juez de primera instancia rechazó la acción
interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las resoluciones
MINEM 28/2016 y 31/2016 y ordenó al Estado Nacional
que, frente al nueVo esquema tarifario de los servicios públicos
de transporte y distribución de gas natural, convocase -con amplia
difusión en los medios nacionales y en .el boletín oficiala
una audiencia pública para todos los usuarios, consumidores y
asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación
(fs. 291/322 vta.)
5°) Que contra la sentencia de primera instancia interpusieron
recursos de apelación CEPIS, el Estado Nacional y
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Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Minería si amparo colectivo.
Consumidores Argentinos (fs. 328/332; 334/345 vta. y 346/350,
respectivamente) .
60) Que la Sala 11 de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente
todas las acciones colectivas que correspondiesen conforme a lo
dispuesto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión
planteada, el tribunal a quo modificó la sentencia recurrida,
declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas
y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente
con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez
(fs. 416/445).
Para así resolver, la cámara entendió que la presente
causa fue la primera en el tiempo en promoverse con relación a
la casi totalidad de los expedientes de similares características
y que fue la primera registrada. Decidió que las resoluciones
cuestionadas eran nulas, por no haberse llevado a cabo la
audiencia pública previa a su dictado.
Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional
(Ministerio de Energía y Minería de la Nación) interpuso recurso
extraordinario (fs. 467/488 vta.), que tras cumplirse con la
sustanciación correspondiente fue concedido por la cámara con
efecto devolutivo (fs. 604/609 vta.).
7°) Que en su recurso extraordinario el Estado Nacional
se agravia porque la sentencia de cámara no atendió al con~
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flicto de competencia originado a raí z de la solicitud de inhibitoria
formulada por la titular del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 5.
En cuanto a la exigencia de audiencia pública previa,
sostiene que el tribunal a qua no hizo mérito de que en el caso
se estaba en presencia de una revisión transitoria de tarifas, y
no distinguió entre las resoluciones que aprueban el "precio"
del gas de aquellas que aprueban los aumentos en las "tarifas"
de los servicios públicos de su transporte y distribución. Argumenta
que la cámara no consideró el dictado de la ley 25.790, en
cuanto dispuso "que las decisiones que adoptase el Poder Ejecutivo
Nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no
se hallarían condicionadas por las normas contenidas en los marcos
regula torios .."..
Sostiene que, al resolver como lo hizo, la alzada
omitió considerar el interés público comprometido, profundizando
así las gravísimas consecuencias económicas y. sociales que acarrea
la crisis del sector energético. Asimismo, considera que el
decisorio tampoco explica cómo se protegen los derechos de los
usuarios en razón de la diversidad de las situaciones alcanzadas
y, en particular, que lo decidido afectó a los más vulnerables
al anular también los beneficios de la tarifa social.
8o) Que el recurso extraordinario es admisible pues
el examen y la decisión del caso remiten directamente a la interpretación
de diversas cláusulas de la Constitución Nacional,
como son, por un lado, las que estructuran las bases mismas del
sistema de división de poderes con respecto a las atribuciones
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FLP 8399/2016/CSl
Centro de Estudios, para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Mineria si amparo colectivo.
~~ Q99~ de ~ de la Q/VacWn
me- cid Pl3~ de la pj)~ de la
Q%uie¡wndencia GlVaoúMl/al
de cada uno de los Departamentos del Gobierno Federal en materia
de tarifas de los servicios públicos; y, por el otro, las disposiciones
que reconocen el de~echo de participación de los usuarios
en dicha materia y las instancias judiciales contempladas
para la tutela de sus intereses (artículo 14, inc. 3°, de la ley
48). Además, desde un plano infraconstitucional también se observa
esta misma cuestión federal típica, pues se han puesto en
cuestión actos de naturaleza federal cumplidos por una autoridad
nacional (resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016), y la decisión
ha sido en contra de su validez.
La apertura de esta instancia extraordinaria y federal
hace pie, por último, en la trascendencia institucional que
exhibe el conflicto a que han dado lugar las resoluciones mencionadas,
generando una litigación de caiacterísticas excepcionales
que compromete principios básicos del debido proceso constitucional
en la tutela de los derechos de los usuarios y del
Estado Nacional. Estas circunstancias exigen del Tribunal una
rápida decisión que dej e en claro -ante la sociedad, ante las
diversas autoridades de la Nación y ante el resto de los tribunales-
las reglas constitucionales que constituyen las vigas maestras
para la resolución de esta clase de procesos, poniendo
nuevamente en ejercicio la jurisdicción que, desde Fallos:
248: 189, ha calificado como la más alta y eminente, connatural
con la responsabilidad institucional que le corresponde como titular
del Departamento Judicial del Gobierno Federal (artículo
108 de la Constitución Nacional) .
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9O) Que el agravio del Estado Nacional con relación
al conflicto de competencia que se habría trabado con el fuero
nacional en lo contencioso administrativo federal, corresponde
que sea rechazado. En efecto, el recurrente no rebatió adecuadamente
el fundamento del tribunal a quo relativo a que las cuestiones
de competencia resultan admisibles solo cuando quedan
trabadas con anterioridad al dictado de la sentencia en la causa
que las motivan, lo cual no ocurrió en el caso en tanto la solicitud
de estos autos por parte de la titular del juzgado de
aquel fuero fue recibida con posterioridad al dictado de la sentencia
definitiva por parte del juez federal de La Plata.
la) Que en primer lugar, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 16 de la ley 48, corresponde delimitar
los alcances de la presente sentencia. En tal sentido, el
Tribunal adelanta su conclusión respecto de que la decisión que
aquí se adopta se limita -por las razones que se desarrollarán a
continuación- exclusivamente a los usuarios residenciales del
servicio.
Es menester recordar que, en recientes precedentes,
esta Corte reconoció que, de acuerdo a las disposiciones del
artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de
usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar
acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza
patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia
de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una
pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los
"efectos comunes" para toda la clase involucrada; y que de no
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Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente
el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo
cuya representación se pretende asumir (confr. "Padec", Fallos:
336: 1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 337: 196 y
"Consumidores Financieros Asociación Civil pi su defensa", Fallos:
337:753)
11) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos
precios y tarifas para el servicio de gas. De manera que se cumple
con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible
de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
La pretensión, por su parte, está concentrada en los
"efectos comunes" para todo el colectivo, es decir, la necesidad
de audiencia previa, lo que permite tener por configurado el segundo
requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto
debe repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a
todo el colectivo definido en la demanda.
12) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido
seriamente el "acceso a la justicia" -cuyo cumplimiento,
según se expresó en "Halabi" (Fallos: 332: 111), resulta ineludible
para la viabilidad de una acción colectiva que tenga
por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos- no
se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo
cuya representación se pretende asumir.
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En efecto, como se señaló, en este caso la asociación
actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación
de la totalidad de los usuarios de gas del país.
De la reseña efectuada surge que solo respecto de los
"usuarios residenciales" (conforme decreto 2255/92 -Anexo "B",
Subanexo 11-, decreto 181/2004 Y resolución ENARGAS 409/2008) es
posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se
encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en
tanto solo en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir
una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento
de la garantía constitucional señalada (considerando
13, 4° párrafo del precedente "Halabi" citado). A este respecto,
el Tribunal ha resaltado en diversos precedentes la importancia
del proceso colectivo como una forma de garantizar el acceso a
I
la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto
toda vez que el costo que significaría demandar individualmente
supera claramente el beneficio que cada uno de dichos
usuarios podría obtener de la sentencia dictada en la causa respectiva.
Una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad
de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría
lisa y llanamente a negar efectividad a la tutela constitucional
frente a un acto lesivo.
13) Que, sin embargo, respecto del resto de los usuarios
(no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera
evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual
de la acción no aparezca plenamente posible en atención a
la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte
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Centro de Estudios .para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
en la causa FMZ 82203891/2012/1/RH1 "Sociedad Rural Río V c/
AFIP s/ ordinariou
, dictada el 4 de agosto de 2016) .
Esta circunstancia'impide tener por corroborada, con
una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de
acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el
precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de
esta sentencia no pueden alcanzarlos.
14) Que una vez delimitado el alcance que corresponde
dar al presente pronunciamiento, este Tribunal resol verá ahora
la cuestión atinente a si resulta obligatoria la celebración de
audiencia pública como procedimiento previo al dictado de las
resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016 que fijaron un nuevo esquema
de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte (PIST) y dispusieron el nuevo cuadro tarifario de
los servicios de transporte y distribución de gas.
En este sentido, corresponde recordar que el artículo
42 de la Constitución Nacional establece:
"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud~
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno. N
"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo, a la defensa de la compe-
-9-
tencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la consti tución de
asociaciones de consumidores y de usuarios.H
"La legislación establecer~ procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regula torios
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control.H
Esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora
de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional,
dentro del capitulo titulado "Nuevos Derechos y Garantias
u

La discusión y aprobación de la disposición de que se trata tuvo
lugar -ante el dictamen de la Comisión de Redacción y la existencia
de despachos de mayoria y en minoria dentro de la Comisión
de Nuevos Derechos y Garantias- en el seno de la Convención
en las reuniones 31 Y 32 -3a Sesión Ordinaria- que se desarrollaron
los dias 16 y 17 de agosto de 1994 (conf.
www.hcdn.gov.ar. págs. 4168 y siguientes) .
15) Que la consulta de los debates llevados a cabo en
la Convención con motivo del reconocimiento expreso de este nuevo
derecho, proporcionan dos conclusiones que, en defini tiva,
serán de relevancia para la decisión que esta Corte adoptará en
este pronunciamiento.
En primer lugar, y a partir de los antecedentes referidos,
corresponde interpretar que el texto constitucional pues-
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Centro de Estudios .para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
to en vigencia reconoce en esta materia la participación ciudadana
en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio,
traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse
de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos
del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor
asegure aquella participación en cada caso (conf. especialmente
págs. 4352, 4355, Y 4357/4360 de la sesión del 17 de agosto citada)
.
16) Que el otro aporte significativo que puede extraerse
de la deliberación realizada en el seno de la Convención
Constituyente es que este nuevo derecho resulta operativo. En
efecto, su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación
reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque
por cierto se deje en manos de la autoridad legislativa, como
sucede en el campo de todos los derechos (artículo 28), la determinación
circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones
bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado
expresamente en favor de los usuarios.
Como concordemente subrayó el Tribunal es bien sabido
que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que,
en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten
efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se
encuentra en debate un derecho humano. Todo ello. explica "..q.ue
al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo
no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél
toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los
-11-
derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación,
pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.),
lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas
en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es
asunto de legislar, sí, pero para garanti zar 'el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos''',
(Fallos: 327: 3677, entre otros) .
17) Que las conclusiones precedentes se ven corroboradas
por el cambio cualitativo en la situación de los consumidores
y usuarios a que dio lugar la reforma de 1994, en tanto
radica en el reconocimiento por parte del derecho constitucional
de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo,
dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude
al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.
Estas condiciones fueron advertidas por el Constituyente,
al consagrar en los artículos 42 y 43 de la Ley Suprema
herramientas definidas, destinadas a proteger a los consumidores
y usuarios de las consecuencias del desequilibrio antes explicado,
incorporando mandatos imperativos de orden sustancial en cabeza
de aquellos y del Estado (calidad de bienes y servicios,
preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz;
libertad de elección; y condiciones de trato equi tati va y
digno); también de orden participativos, como el derecho reconocido
en cabeza de los usuarios, con particular referencia al
control en materia de servicios públicos; y, como otra imprescindible
cara, la consagración de un derecho a una jurisdicción
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Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio
de Energía y Minería s/ amparo colectivo.
propia en favor de consumidores y usuarios, con el reconocimiento
de actores procesales atípicos en defensa de sus derechos como
son el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales
de usuarios y consumidores, la disponibilidad de la vía
del amparo y el otorgamiento a esas instancias de efectos expansivos
para que sus decisiones alcancen a todos los integrantes
del mismo colectivo.
Con particular referencia a la' cláusula constitucional
cuyo alcance se encuentra discutido en el sub lite, el reconocimiento
de que deben habilitarse procedimientos y mecanismos
de participación y de impugnación en cabeza de los usuarios tiene
el inocultable fin de que sus intereses sean debidamente tutelados.
18) Que en materia tarifaria la participación de los
usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación
de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo
desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar
la participación ciudadana en instancias públicas de discusión
y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad
de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio.
Este derecho de participación reconocido a los usuarios
en el caso del servicio de gas se estructuró, en 1992, en
su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas.
Estas audiencias constituyen una de las varias maneras
de participación ciudadana en la toma de decisiones públi-
-13-
caso Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en
tanto el artículo 42 -como se expresó- no las prevé ni explícita
ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión
del mecanismo que mejor asegure aquella participación en
cada caso. De la redacción del artículo 42 se desprende la clara
intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y
usuarios -expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente
de un modo genérico- participen en la elaboración de ciertas
disposiciones de alcance general a cargo de la Administración
cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar
los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos (conf .
doctrina de la disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni
en Fallos: 329:4542).
La participación de los usuarios con carácter previo
a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad,
integrati vo del derecho constitucional a una información
"adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y
un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable
en el caso de garantizar el derecho a la información
pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno
(artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga
una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las
estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se
adoptan.
Ello es consistente con la noción de democracia deliberativa,
porque los términos de la cooperación que propone son
concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes
responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de
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Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la'Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Mineria si amparo colectivo.
justificación mutua. En este sentido, el debate público mejora
la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos
de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado,
que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente
permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir,
vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio
más realista de justicia. (Rawls, John, Justice as Fairness. A
restatement, Harvard, Harvard University Press, 2001)
19) Que esos elevados fines institucionales presuponen
condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente
se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos
por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y no
acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal
de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente
aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden
legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad.
Desde una prelación temporal, en primer lugar se encuentra
un derecho de contenido sustancial que es el derecho de
todos los usuarios a recibir de parte del Estado información
adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información
con estas características es un elemento fundamental
de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un
presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír
a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre
la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte
de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías
-15-
naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá
de fijar la tarifa de los servicios públicos.
La segunda condición está dada por la celebración de
este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados,
con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio
responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en
todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el
connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión
por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias
del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos
de la autoridad pública.
y por último, este derecho compromete, precisamente,
ese momento decisorio, pues todas las etapas anteriores constituirían
puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente
en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones
y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y
el modo en que ellas inciden en las medidas que se adoptan.
20) Que, a partir de lo expuesto, es menester examinar
el agravio desarrollado por la demandada con sustento en
que, en tanto en la resolución MINEM 28/2016 se determinó un
nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de
gas (PIST), no era exigible la realización de audiencia pública
por tratarse la producción y comercialización de este recurso de
una actividad desregulada.
Sin desconocer que, de acuerdo con lo dispuesto en
las leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, la producción
y comercialización de gas es efectivamente una actividad econó-
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Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
~~ G?~ck ~ ck la Q/VacWn
. .cdJw cid ffi~ de la rpj)~ de la
~ Q51~"",ª Q/Va-eUm",1
micamente des regulada y no fue calificada como servicio público,
debe destacarse que, a partir de lo establecido en el decreto
181/2004 y las normas dictadas en consecuencia, esa desregulación
ha sido dejada de lado por el propio Estado. Ello es así,
pues sobre la base del decreto citado, cuyo objetivo fue elaborar
un esquema de normalización del precio del gas en el PIST
hasta que se "reencauzara" la actividad y se llegara, nuevamente,
a precios que debían resultar de la libre interacción de la
oferta y la demanda, se facultó a la ex Secretaría de Energía
del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios para acordar con los productores de gas natural un
ajuste del precio del producto, en el marco del cual además se
suscribieron varios acuerdos.
En las condiciones descriptas, parece razonable entender
que, hasta el momento en que efectivamente el precio del
gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción
de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente
con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como
ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.
21) Que, por último, tampoco se sostiene la negación
de este derecho constitucional con asiento en la construcción
que intenta el recurrente sobre la base de que se trata de una
tarifa transitoria y de que ciertos textos normativos -en especial
la ley 25.790- habrían desplazado, en tal circunstancia, la
exigencia de audiencia pública.
-17-
En efecto, cuando el Estado Nacional pretende justificar
su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no
es posible soslayar que si bien la expresión remite semánticamente
a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento
para el usuario implica un aumento sustancial de su
factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado
del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente
que se trate o no de un régimen definitivo o integral.
Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada
por el poder administrador -que data del año 2005-, no es
legítimo señalar que sea "adecuadau a los fines informativos de
los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a
la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir
que les haya permitido tomar las debidas precauciones en el
diseño razonable de sus economías respectivas.
22) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo hasta
aquí expuesto, resulta claro que las decisiones adoptadas por el
Ministerio de Energía y Minería no han respetado el derecho a la
participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública
previa.
Lo dicho no se contradice con lo resuelto por el Tribunal
en la causa "Soldano, DomingoU (Fallos: 337:877) Ello,
toda vez que, como bien lo señalara el a qua, el presente caso
no resulta análogo al supuesto fáctico de dicho antecedente,
donde se definían los cargos para solventar las obras de ampliación
de la infraestructura energética. En efecto, como se expresara
en esa oportunidad, la ley 24.076 requiere la obligatorie-
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Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
cq¡rwte Q1P~ de ~ de la Q/VacWn
W. os;t;w cid P/J~ ele la PJ)~ de la g1nd~-enaa Q/VacúMzaI
dad de la convocatoria a la audiencia pública cuando media una
modificación en la remuneración de los concesionarios de los
servicios, concepto que no alcanza a los ya referidos cargos específicos
destinados a obras de infraestructura no contemplados
en los contratos respectivos.
23) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado,
'las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente
año en relación a la tarifa social y a la protección de
los sectores más vulnerables tornan necesario que el Tribunal
ponga de manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente,
podría ser soslayada como consecuencia de la oscura y complej a
estructura tarifaria. Esto es, que la demanda de los usuarios
residenciales ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado
vencedores en el campo jurídico. En consecuencia, y por aplicación
del más elemental sentido de justicia, la tarifa final que
se les aplique como consecuencia del presente pronunciamiento en
ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que
dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación
del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa
social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
24) Que más allá de la decisión de este Tribunal en
la presente causa, y en atención a las consecuencias que han generado
las resoluciones cuestionadas, cabe efectuar las siguientes
consideraciones referidas a las pautas básicas que rigen las
atribuciones de los poderes públicos en esta materia, así como
las reglas fundamentales a que deben atenerse en su actuación
-19-
los órganos jurisdiccionales, particularmente en el ámbito de
los procesos colectivos.
25) Que, en los actos aquí cuestionados, el Poder
Ejecutivo Nacional fijó un nuevo esquema de precios del gas natural
en el punto de ingreso al sistema de transporte, con vigencia
a partir del 1° de abril del corriente afio, "para promover
inversiones en exploración y explotación de gas natural a
fin de garantizar su abastecimiento Y de emitir sefiales económicas
claras y razonables" (resolución MINEM 28/2016) .
Por su parte, y en cuanto aquí interesa, instruyó al
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para que efectuara una
adecuación de las tarifas de los servicios de transporte y distribución
de gas que les permitiera a sus licenciatarias cumplir
con la ejecución del ~lan de inversiones, afrontar sus gastos de
operación y mantenimiento, administración y comercialización, y
dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que
dicha adecuación tarifaria debía llevarse a cabo "sobre la base
de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias"
(resolución MINEM 31/2016)
26) Que esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia,
ha puesto de resalto que "siendo un principio fundamental
de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes
y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que
las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
-20-
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Centro de Estudios .para la Promoción de la
Igualdad y la80lidaridad y otros e/ Ministerio
de Energia y Mineria s/ amparo colectivo.
~~ G?~de ~dek Q/V~
WQ9Í¡w cid Pl3~ de la PlJ~ de la gf~g;fG~¿
pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes
polí ticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno"
(Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros).
De este principio basal de la división de poderes se
desprende la diferenciación de las potestades propias de los
tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas
como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo
que le incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional
y, finalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial.
Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de las
pautas propias de la política tributaria federal; al segundo, la
implementación de la política energética, que abarca la fijación
de las tarifas del servicio público; y, a la rama judicial, el
control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad
con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de
la Nación.
A su vez, la distribución de competencias entre los
poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos
y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes
se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles
("Itzcovich, Mabel cl ANSeSu
, Fallos: 328:566, voto de los jueces
Maqueda y Zaffaroni) .
27) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la
potestad tarifaria reside en el poder administrador y que ella
no se ve afectada por la concesión a particulares de un servicio
-21-
público (Fallos: 184: 306; 322: 3008 y CSJ 280/2008 (44-E) /CS1
"Establecimiento Liniers S.A. c/ EN Ley 26.095 Ministerio de
Planificación Resol. 2008/06", sentencia del 11 de junio del
2013, dictamen de la Procuración General al que remite la mayoría)
.
La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada
en varios pronunciamientos de esta Corte. Dijo al respecto
en Fallos: 262:555 que "en todo régimen de prestación indirecta
de tales servicios -es decir, por intermedio de concesionario-,
las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder
público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta
a la existencia de bases fijadas por ley, o como en el caso de
autos, bajo forma contractual. Naturalmente que el Estado -lato
sensu- dispone al respecto de una atribución y no de una mera
facultad; o dicho en otros términos, a la par que le asiste el
poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo" conf.
también Fallos: 322: 3008.
En este marco, la mencionada atribución tiene en miras
consideraciones de interés público, tales como asegurar la
prestación del servicio en condiciones regulares y la protección
del usuario. Destacó este Tribunal, asimismo, que la autoridad
del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento
de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión
de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo
largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación,
ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente
a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas
y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Fallos:
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Centro de Estudios ,para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
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~ Qf;uIe¡~ Q#acúmd
,.
262: 555; 321: 1784, "Establecimiento Liniers S.A. fI, ya citada,
voto de los jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni). Dicho contralor
permanente, tratándose de servicios cuya explotación ha
sido concesionada, constituye la única defensa del público llamado
a usar de él (Fallos: 184:306).
Finalmente, cabe recordar que el ingente papel que en
la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales
incumbe a los jueces, no llega" hasta la facultad de
instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), o de suplir
en la decisión e implementación de la política energética al Poder
Ejecuti vo Nacional, siendo entonces la misión más delicada
de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su
jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los
otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732)
En consecuencia, debe distinguirse entre el ejercicio
del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad
de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad
tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador,
al que no cabe sustituir en la determinación de políticas
o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o
aprobación de tarifas por la prestación del servicio (Fallos:
321:1252; 322:3008 y 323:1825).
28) Que la experiencia internacional ha demostrado,
hasta el presente, que con frecuencia los servicios públicos no
se financian exclusivamente con los precios y tarifas que se
perciben de los usuarios y consumidores, sino que reciben sub-
-23-
venciones, beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo
que las tarifas de determinados servicios públicos se han utilizado
en muchas ocasiones para financiar otras actividades. También
es habitual que las diferentes tarifas aplicadas a las diversas
categorías de usuarios encubran "subsidios cruzados" de
una actividad rentable hacia otra deficitaria. En defini tiva,
estas prácticas suelen conducir a una opacidad de la tarifa que
no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación
de los derechos de los consumidores y usuarios de dichos
servicios.
En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó
librado al libre acuerdo entre los participantes del mercado
(leyes 17.319 y 24.076, Y decreto 1738/92) hasta que, en el año
2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del
ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para acordar con los productores el nivel de los precios
del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte
(decreto 181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones
(226/2014, 305/2014). Por otra parte, se creó un Fondo
Fiduciario destinado a financiar las importaciones de gas natural
necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado
interno, el que se integraría por cargos tarifarios a pagar por
usuarios y consumidores, por recursos que se obtuvieran de programas
especiales de crédito, y por otros sistemas de aportes
específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
En relación con la red de transporte y distribución
de gas natural, se crearon cargos específicos -como aporte a los
fondos fiduciarios organizados para el desarrollo de infraes-
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Centro de Estudios. para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería si amparo colectivo.
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QQÍ¡w del P/J~ elela PlJeeIwFa~ elela
~ rfnrfp~ GVVo,c«muL'
tructuras-, destinados a repagar las obras necesarias para su
ampliación, al tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos
de su percepción y los obligados a su pago, con exclusión de los
consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (dec;reto
1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y
3689/2007 del ENARGAS)
Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y
distribución del gas natural, en los últimos catorce años su
evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias,
el abastecimiento de gas él. los usuarios de todo el
país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y
a la oferta.
Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de
Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó
de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención
estatal, mientras que su importación, la ampliación
de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban
dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente,
con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales
de crédito, aportes específicos de determinados sujetos
del sector y subsidios del Estado Nacional.
29) Que la Constitución Nacional, en miras a enfrentar
las exigencias propias de la implementación de una política
económica en el plano nacional, prevé diversas instituciones
disponibles para los departamentos del Estado, cuya atribución a
-25-
cada rama ha sido distribuida parla Norma Fundamental partiendo
de la base de la naturaleza de cada herramienta en particular,
conforme a lo ya reseñado.
Situado el análisis desde esta perspectiva, la Norma
Sup~ema pone a disposición del Poder Ejecutivo, a fin de la implementación
de la política económica y energética, instrumentos
susceptibles de ser adoptados en el marco de su competencia, tales
como la política tarifaria. Paralelamente, prevé otras
herramientas, como reformas impositivas y exenciones, regímenes
promocionales y subsidios -entre otros-, que son atribuciones
del Poder Legislativo (artículos 4, 17, 19, 52, 75 incisos 1, 2
Y 18). La articulación conjunta de las diversas herramientas se
plasma en el marco del principio de "colaboración sin interferencia"
que debe guiar la relación entre los distintos poderes
del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
30) Que, sentado lo expuesto, este Tribunal estima
necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad
de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios
públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos
en el futuro para casos similares.
Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades
o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la
titularidad pública mediante la calificación de servicio público,
son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables
para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de
asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esen-
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Centro de Estudios .para la Promoción de la
Igualdad y la' Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Mineria si amparo colectivo.
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ePI/k; cid PlJW&nIAww/J!ú;- elela PlJeeIcwa~ elela
~ éff~ffJ'Ida wVacúmd
ciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen
el contenido sustancial de los derechos y libertades consti tucionalmente
protegidos.
31) Que la política energética implementada en el
período considerado (a partir del año 2002), según sostiene en
su informe la demandada, tuvo como consecuencia la pérdida del
autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones
por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial,
consumo de los "stocksU de recursos y capacidad disponibles, escasez
del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y
distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.
Mediante las resoluciones aquí examinadas, como se
adelantó, se determinaron precios y tarifas de transición
asegún surge de sus considerandos- a fin de. regularizar el desequilibrio
fiscal que generaba el mantenimiento del sistema en
dichas condiciones, con el objetivo de subsanar su deterioro y
colaborar en el reordenamiento de la economía.
32) Que las decisiones y objetivos de política económica
implementadas implican un importante cambio de financiamiento
del sistema energético nacional, sumados a la situación
de deterioro que sufre su abastecimiento -conforme a lo informado
por la demandada- y a la variación de los precios de la economía,
con una inercia de más de una década en el sentido descripto,
imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la
hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a
-27-
fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad,
es decir una relación directa, real y sustancial entre
los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales
decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas
a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad
jurídica de los ciudadanos.
De tal modo, todo reaj uste tarifario, con más razón
frente a un retraso como el que nos ocupa, debe incorporar como
condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional
que consagra el derecho de los usuarios a la protección
de sus "intereses económicosu (art. 42 de la Constitución Nacional)-
el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio
de razonabilidad antes referido. En efecto, la aplicación de
dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado
y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de
la programación económica individual o familiar, elemento que ha
merecido la oportuna ponderación de este Tribunal (conf. arg.
Fallos: 325:2059).
33) Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto,
el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad
de los servicios públicos, ponderando la realidad
económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria
con especial atención a los sectores más vulnerables, y
evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la
exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales
como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera
calificarse de "confiscatoriau
, en tanto detraiga de manera
irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo
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Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Minería si amparo colectivo.
familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un
cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles
de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento
y, por via de consecuencia de este circulo vicioso, a la
calidad y continuidad del servicio.
En este sentido, el régimen implementado en la ley
24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para
asegurar el suministro a largo plazo (articulo 2 0, inciso b.);
propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre
acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e
instalaciones de transporte y distribución de gas natural (articulo
2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen a
esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado
en la ley (articulo 2°, inciso d). Acorde a ello se previó que,
en la determinación de la tarifa se aseguraria el minimo costo
para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento
(articulo 38, inciso d) .
A estos fines adquiere especial significación el criterio
que surge de la Observación General 4 del Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, titulada
"El derecho a una vivienda adecuada", del 13 de diciembre
de 1991, en la que se emitió opinión sobre el articulo 11.1 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(articulo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el
punto 8.b se afirma que una vivienda adecuada debe contener
ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, l~
-29-
comodidad y la nutrición, y que todos "los beneficiarios del derecho
a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a
recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
cocina, la calefacción y el alumbrado (oo.)". En el punto 8.c. se
expresa que los "gastos personales o del hogar que entraña la
vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera
el logro y la satisfacción' de otras necesidades básicas.
Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que
el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general,
conmensurados con los niveles de ingreso (..)".
En efecto, como ha sostenido este Tribunal, "resulta
claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino
señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez
si tributan a la realización de los derechos de aquél y del
bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a
sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el
mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan
la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, baj o pena de
caer en la ilegalidad" (Fallos: 327:3677).
34) Que es de público conocimiento que el aumento de
tarifas cuestionado en el sub lite ha generado una gran cantidad
de procesos colectivos radicados en distintas jurisdicciones federales
a lo largo del país en los que se ventilan pretensiones
idénticas o similares, advirtiéndose que, en su mayoría, los magistrados
actuantes no han cumplido con la acordada 32/2014 en
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de Energia y Mineria si amparo colectivo.
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~Wcid roicM~ de la PlJec/wr.aoi6n de la
oY~ Q/VaetMwI
tanto no surge del Registro Público de Procesos Colectivos que
dichos procesos hayan sido inscriptos.
35) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades
que la proliferación de acciones colectivas con idénticos
o similares objetos que provienen de diferentes tribunales
del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo
cierto -con la consiguiente gravedad institucional- de que se
dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que
recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de
las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación
de acciones procesales tendientes a ampliar las posibilidades
de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable
a los intereses del legitimado activo o de intervenir en
la decisión dictada en el marco de otro expediente (conf. doctrina
de la causa "Halabi" citada; "Consumidores Financieros
Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina
S.A. s/ ordinario", Fallos: 337:753; "Municipalidad de Berazategui
c/ Cablevisión", Fallos: 337:1024 y acordada 32/2014, considerando
10).
36) Que desde estas premisas y con el declarado
propósito de favorecer el acceso a la justicia de todas las per~
sonas, el Tribunal creó un Registro de Acciones Colectivas destinado
a la publicidad de los procesos colectivos en el que deben
inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten
ante los tribunales nacionales y federales del país (acordada
32/2014, del 10 de octubre de 2014). Asimismo, la Corte
-31-
aprobó el "Reglamento de actuación en procesos colectivos" al
que deberán ajustar su actuación dichos tribunales, que tendrá
vigencia a partir del primer día hábil de octubre del corriente
año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule
la materia (acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
37) Que este procedimiento destinado a la publicidad
de los procesos colectivos tiene por objeto preservar un valor
eminente como la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional
ha sido señalada por el Tribunal con énfasis y reiteración
(Fallos: 317:218 y sus citas), en la medida en que propende a
asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce en esta
clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de
cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
de todas las personas que no han tomado participación en
el proceso.
38) Que con particular referencia al tema sub examine,
y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos
también iniciados con motivo de un pasado aumento de la tarifa
de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienés
tramitaban esas causas que debían proceder a su inscripción en
el Registro Público de Procesos Colectivos y adoptar las medidas
necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos
denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales
y humanos o en el dictado de sentencias contradictorias.
También en esa oportunidad la Corte ordenó a los jueces intervinientes
que debían unificar el trámite de las causas en aquel
tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de
conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un
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de Energia y Minería si amparo colectivo.
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Q9t;wdel Pl3ÚXYJ~ de la pj)~drm de la
~ cffnd,ejuHuimuia wVa~l
colectivo obtuviesen el beneficio de ciertas pretensiones y
otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (CSJ
4878/2014/CS1 "García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley
16.986", del 10 de marzo de 2015)
39) Que cabe remarcar que la multiplicidad de causas
suscitada con motivo de las resoluciones MINEM 28/2016 Y 31/2016
a la que se hizo referencia con anterioridad se habría evitado,
precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los
lineamientos desarrollados por este Tribunal en sus distintos
pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada
por la acordada 32/2014. Así, el criterio de preferencia temporal
que consagró el Tribunal en la causa "Municipalidad de Berazategui"
(Fallos: 337:1024) y en la citada acordada imponía a
aquellos magistrados ante quienes se dedujeron demandas colectivas
con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida
la información por parte del Registro, remitiesen sus causas al
magistrado que hubiese prevenido. De este modo, se hubiese evitado
el escándalo jurídico que surge de la proliferación de procesos
que se superponen en sus pretensiones con la posibilidad
del dictado de sentencias contradictorias.
40) Que si bien es cierto que el proceso colectivo
resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos
de los usuarios, su admisibilidad se encuentra condicionada al
cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando
10 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio
de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la ad~
-33-
misión formal de toda acción colectiva requiere la verificación
de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió
que, de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten
una resolución que declare formalmente admisible la acción,
identifique en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en
el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca
el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas
aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado
del litigio (causa "Halabi" citada y acordada 32/2014, punto
3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos) .
41) Que este Tribunal no puede dejar de advertir que
en buena parte de los procesos colectivos en los que se debatieron
cuestiones referidas a la razonabilidad del aumento tarifario
en cuestión, según surge de los pronunciamientos allí dictados,
no se ha dado cumplimiento a los recaudos especificados en
el considerando que antecede, en especial en lo atinente a la
definición precisa del colectivo involucrado y la adecuada notificación
a los integrantes del grupo.
Con relación a la definición del colectivo, cabe señalar
que este incumplimiento por parte de los jueces actuantes
en dichos procesos ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales
sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera
igual situaciones heterogéneas.
Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada
determinación del conj unto de perj udicados por una conducta o
acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de
la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para
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Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energia y Mineria si amparo colectivo.
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'.' QX!Úw dei P/JÚXYJ~ de la pj)~ de la )(J of~ QJf{;,a¡"taI' .
que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia
de los requisitos para la procedencia de la acción.
Solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado
(y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar,
por ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos
comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a
la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción
colectiva (conf. doctrina de la causa "Asociación Protección
Consumidores del Mercado Común del Sur cl Loma Negra Cía. Industrial
Argentina S.A. y otros", Fallos: 338:40).
42) Que en cuanto a la adecuada notificación a los
integrantes del colectivo, su falta de cumplimento en los procesos
antes mencionados, se traduce en la imposibilidad de que
eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se
consideren beneficiados por la reforma, como por ejemplo podría
ser algún beneficiario de la tarifa social, o porque se encuentren
conformes con el aumento registrado respecto de ellos.
4~) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe
extremarse cuando las decisiones colectivas puedan incidir -por
sus efectos expansivos- en la prestación de un servicio público.
Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria
pueden afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios,
aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para
otro que se encuentra en igualdad de condiciones. Asimismo, decisiones
de esta naturaleza pueden alterar el esquema contrac-
-35-
tual y regulatorio del servicio, afectando el interés general
comprometido en su prestación.
44) Que corno surge de los considerandos anteriores,
la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las
cuestiones de índole constitucional concernientes a los principios
elementales de. los procesos colectivos, corno lo constituye
el sub lite. La autoridad institucional de dichos precedentes,
fundada en la condición de este Tribunal de intérprete supremo
de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia
(Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227; "Martínez
Vergara, Jorge Edgardo", Fallos: 331:162; y "Arte Radiotelevisivo",
Fallos: 337:47), da lugar a que en oportunidad de fallar
casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente
consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales
inferiores.
45) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse
que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, institución
creada por la Constitución Nacional corno órgano específicamente
legitimado en la tutela de los derecho~ de incidencia colectiva
en los térm

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